Cuerpo de Ingenieros refuta a Fortuño
A diferencia de lo expresado públicamente por el gobernador Luis Fortuño Burset, el gobierno federal no ha pedido u ordenado a la actual administración que expropie terrenos en la Isla, como condición para aprobar el permiso final a Vía Verde.
'Eso no es un requerimiento', sentenció a La Perla del Sur Barry Vorse, oficial de comunicaciones del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos en el Distrito Jacksonville.
El funcionario federal contradijo así declaraciones hechas por el Gobernador el pasado 27 de octubre, en respuesta a preguntas de la periodista de Noticentro, Celimar Adames Casalduc.
En la misma, Fortuño Burset aseveró que 'para obtener permisos tú tienes que tener control de la tierra, sino el gobierno federal no te va a dar el permiso'.
El proceso de expropiación -pagado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)- es dirigido por la compañía New Star Acquisition, propiedad del ex comisionado del Partido Nuevo Progresista en San Juan, Dennis Medina Rivera.
La empresa gestiona desde agosto de 2010 la apropiación forzosa de cientos de cuerdas de terreno en sectores remotos del sur, centro y norte del país, mediante dos contratos que ya totalizan $6.8 millones.
Campesinos de Utuado, Adjuntas y Peñuelas afectados por esta acción han denunciado que el procedimiento ha sido hostil, ausente de comunicación y en ocasiones engañoso.
El proceso de expropiación de terrenos -pagado por la Autoridad de Energía Eléctrica- es dirigido por New Star Acquisition, compañía que en dos contratos ha facturado $6.8 millones. La misma es propiedad del ex comisionado del Partido Nuevo Progresista en San Juan, Dennis Medina Rivera.
La otrora Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Rossana López León, advirtió incluso que empleados de New Star presuntamente se han valido de mentiras para conseguir que residentes firmen documentos que no han leído y mediante el cual consienten a un pago y cierre del proceso.
Estas expropiaciones, sin embargo, se tramitan y concretan aun cuando el megaproyecto no cuenta con los permisos requeridos para su construcción.
'Justificar contratos de expropiación que sobrepasan los $6 millones a un ex comisionado electoral del partido de gobierno y luego transferir la responsabilidad a las agencias federales es una burla al país', opinó Arturo Massol Deyá, portavoz de Casa Pueblo.
'Y esta revelación del Cuerpo de Ingenieros convierte el proceso de desalojo en un acto caprichoso de tiranía de Estado y que podría caracterizarse como un mensaje de castigo hacia un pueblo que ha sabido defenderse', continuó.