Tras 12 años desde que comenzó el pleito federal contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por los servicios que se ofrecen a la población con retardación mental, se logró un acuerdo que permitió el cierre administrativo del caso.

Según explicó el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, de las 64 acciones correctivas que se debían cumplir, aún quedan seis para garantizar el mejor servicio a esta población.

'Definitivamente es un logro significativo porque mejora la calidad de vida de la población. La meta era cerrar el caso en junio 30 de 2012, se hizo mucho trabajo', aseguró.

Entre estas se destacan: el aumento de disponibilidad de hogares comunitarios, fomentar el empleo y mejorar las actividades diurnas para los participantes y mejorar los reportes de incidentes y el análisis de los mismos. Además, darle seguimiento a los servicios de salud.

Mientras que el secretario del Departamento de Justicia, Guillermo Somoza, detalló que el mayor logro fue poder resolver los aspectos operacionales del Programa de Retardo Mental, con la creación de Hogares Comunitarios y Centros de Desarrollo Habilitativo (CDH) a través de toda la Isla en menos de un año.

'En aquel entonces habían aproximadamente 303 personas de retardo mental con un presupuesto aproximado de solamente tres millones de dólares. Al día de hoy el presupuesto es significativo, alrededor de $40 millones y de los 303 que habían, restan 227', sostuvo.

El Tribunal asumió jurisdicción para monitorear por tres años el cumplimiento del acuerdo de la demanda que data de 1999 cuando el Departamento de Justicia Federal radicó el pleito a raíz de unas quejas que habrían recibido directamente de Puerto Rico.