Si usted ha intentado comprar algún artículo por internet en una empresa estadounidense y cuando comienza la transacción no se lo permiten, porque no tienen envío para Puerto Rico, sepa que el Gobierno local trabaja un proyecto para eliminar esta práctica.

El P. de la C. 3658 busca establecer la Ley Anti-Discrimen Comercial en aras de erradicar esta dinámica en la isla, donde dichas empresas le cobran a los consumidores puertorriqueños más caros los productos y servicios que venden, ya sea en los negocios establecidos en Puerto Rico, por catálogos o por internet, o ni siquiera les ofrecen las mismas alternativas disponibles en Estados Unidos.

La idea es facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a educar a las empresas norteamericanas sobre la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico.

También, si la empresa continúa con las alegadas prácticas discriminatorias, se le permitirá a DACO multar a la compañía hasta un máximo de $25 mil por cada evento.

Algunas de las acciones efectuadas por las empresas que podrían considerarse discriminatorias son las discrepancias injustificadas con el acceso y venta de productos y servicios, garantías y entregas.

De igual forma, que el producto o servicio que es mercadeado en la Isla tenga un costo mayor que en Estados Unidos. También que las empresas se nieguen a enviar sus productos a Puerto Rico, y a su vez, que los beneficios y garantías no sean similares a los que ofrecen las empresas en la nación norteamericana.

Para poder llevar a cabo las investigaciones y procesamientos, DACO crearía una Oficina de Anti-Discrimen Comercial. En cualquier procedimiento judicial, administrativo o gubernamental, DACO acudiría como representante de los consumidores.

La medida contempla qué, como política pública, las agencias no contraten a las compañías que lleven a cabo actos discriminatorios contra los consumidores locales, salvo ciertas excepciones.

De otro lado, en una ponencia presentada a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, la Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico favoreció la medida, pero solicitó que se haga un estudio más profundo de su alcance.

De acuerdo a la directora ejecutiva de la Asociación, María Isabel Vicente, el proyecto levanta ciertas dudas sobre si jurídicamente Puerto Rico tiene potestad para oponerse a estas prácticas de las compañías y tomar acción en su contra.