El concepto de escuelas charter ha provocado una cumbre histórica en la Isla con el secretario de Educación federal, Arne Duncan, tiene revolcado el avíspero sindical con los representantes del magisterio, y amenaza conque el sistema público de enseñanza sea paralizado, pero la realidad, según la pintaron expertos que el Centro de Periodismo Investigativo consultó, es que lo que le hace falta al sistema educativo público en la Isla no son nuevos estatutos, sino una nueva mentalidad que permita usar al máximo las leyes educativas que ya tenemos.

Ante la división creada entre los que abrazan el concepto de las charter, y los que lo rechazan, la profesora Ana Helvia Quintero ofreció una evaluación conciliadora, y reveladora del potencial de pérdida de tiempo que puede tener el debate si no se enfoca correctamente.

'Se puede aplicar el modelo de mayor flexibilidad que se atribuye al modelo charter dentro del mismo modelo existente de escuelas públicas, como por ejemplo darle a la misma escuela la discreción de cómo utilizar los fondos y requerir de cada escuela el que formule un plan o visión a largo plazo, otorgándole la libertad para crear su propio programa', indicó la ex subsecretaria del Departamento de Educación.

'Lo que se necesita es un cambio de mentalidad,' continúa. 'La escuela tiene que ser un centro sensible al estudiante, donde trabajadores sociales, padres y maestros trabajan en conjunto para el bienestar del niño y con una mayor comunicación entre el personal perteneciente a diferentes agencias de gobierno', concluyó la también autora del estudio 'Características que Comparte un Grupo de Escuelas Exitosas en Puerto Rico', realizado para la Fundación Flamboyán.

Una breve mirada a las raíces del actual movimiento estudiantil en Chile puede contribuir valiosas lecciones al debate local sobre la educación alrededor del tema de las escuelas charter y el riesgo y cuestionamiento de la privatización del sistema público de enseñanza.

La movilización estudiantil en Chile viene creciendo desde abril de 2011 propulsada por decenas de miles de estudiantes que buscan una transformación en el sistema de educación público, el cual permite una participación importante al sector privado en la provisión de los servicios educativos. Dicho sistema tiene sus orígenes en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada por el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet, la cual fue remplazada en el 2009 por la Ley General de Educación, tras una serie de protestas en el 2006.

Estas leyes han permitido que se reduzca la participación del Estado en la enseñanza pública al rol de un mero mediador, delegando la enseñanza a las municipalidades y al sector privado a través de un controversial sistema de subvenciones. Este último modelo otorga a los estudiantes vales para ser redimidos en escuelas que son manejadas por entidades privadas, las cuales pueden ser lucrativas o no. Si el vale no cubre la totalidad de la cuota, el estudiante y su familia son responsables de suplir la porción restante.

En Puerto Rico, este sistema de vales se trató de implantar durante la administración del ex gobernador Pedro Rosselló, pero fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo.

La situación de la educación pública en Puerto Rico muestra importantes diferencias con la estadounidense, razón por la cual es muy difícil predecir los efectos que tendría la implementación de dicha ley en la Isla.

Por ejemplo, mientras que sólo un 12% de estudiantes de escuela primaria y secundaria en EEUU están matriculados en escuelas privadas, en Puerto Rico esa cifra asciende a un 30%, según datos de los departamentos de Educación de EEUU y Puerto Rico. La Isla en un territorio cuyo nivel de pobreza - 45% - es abismalmente mayor que el del estado más pobre de Estados Unidos, Missisipi, el cual tiene un 20% de pobreza. A pesar de esto, y en medio de una crisis económica, la matrícula de las escuelas privadas continúa incrementando mientras que se ha dado una reducción significativa en la cifra de estudiantes matriculados en escuelas públicas. La tendencia opuesta se observa en los Estados Unidos, donde la crisis económica ha mermado la cantidad de estudiantes matriculados en escuelas privadas. Estas diferencias hacen imperativo el que se evalúe a Puerto Rico como un caso sui generis cuando se piensa en la implementación de reformas al sistema educativo de la Isla.

En Puerto Rico las escuelas charter han sido propuestas como una solución a los aprietos del sistema de educación pública por proyecto del Senado 26 de 2009. Dicha propuesta ha suscitado una oleada de críticas que la condenan como una privatización del sistema educativo y que señalan su carácter anticonstitucional.

Por otro lado, los proponentes del modelo arguyen que la flexibilidad y autonomía otorgadas a las escuelas por el modelo charter permiten que las escuelas sean más efectivas y que atiendan mejor las necesidades específicas de sus estudiantes. Además, la implementación de este aquí significaría un aumento de presupuesto para el Departamento de Educación, según lo establecido en la ley 'Que Ningún Niño Quede Rezagado' (NCLB).

Sin embargo, de acuerdo a los tres especialistas en educación entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo, la Ley Orgánica de Educación vigente ya permite un gran nivel de flexibilidad y autonomía. Por ejemplo, el estudio de varias escuelas públicas modelo auspiciado por Flamboyán encontró que existen escuelas en el sistema operando con esa flexibilidad y un alto nivel de desempeño en algunas de ellas.

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