Senador denuncia posible pérdida de $500 millones para Educación
El senador del Partido Popular Democrático (PPD) Cirilo Tirado Rivera advirtió hoy que si el Departamento de Educación no se acogió ayer a la flexibilización de la Ley 'No Child Left Behind (Que ningún niño quede rezagado)', pondrá en riesgo $500 millones de fondos federales.
'Si al día de ayer el Departamento de Educación no se acogió a la flexibilización de la Ley No Child Left Behind, podríamos perder $500 millones provenientes de fondos federales. Estos fondos son necesarios para ofrecerle una educación de excelencia a nuestros niños. No podemos permitir que nuestros estudiantes paguen las consecuencias de la negligencia del secretario de educación Jesús Rivera Sánchez. Es inpermisible que al día de hoy, cuando venció el plazo para acogerse a la flexibilización de esta ley federal, Puerto Rico no sepa si el Departamento de Educación se acogió a este pedido del presidente Barack Obama', dijo Tirado Rivera.
El Senador explicó que la ley 'No Child Left Behind' requiere que las escuelas públicas cumplan con unos estándares de excelencia en las áreas de lectura, escritura, matemáticas, español y ciencias para el año escolar 2013-2014.
El Departamento de Educación Federal ha evaluado el desempeño de las escuelas en Puerto Rico y por varios años ha determinado que el Sistema de Educación Estatal necesita asistencia, explicó el senador en un comunicado. Dicha clasificación pone en riesgo a Puerto Rico de perder los fondos federales, ya que no cumple con el estándar requerido.
El 23 de septiembre, el presidente Obama, por vía administrativa flexibilizó los requisitos de la ley 'No Child Left Behind para que los estados puedan cumplir con los requisitos de la ley. Para solicitar la dispensa de flexibilizar los requisitos, los estados tienen hasta ayer 12 de octubre. Al momento del anuncio de Obama, 44 estados tenían intención de buscar la dispensa, sin embargo, el Departamento de Educación de Puerto Rico no ha hecho pública su intención de acogerse a la misma, lo que pone en riesgo los $500 millones que el gobierno federal no otorga anualmente.