El secretario de Justicia, Guillermo Somoza, reconoció que al día de hoy su agencia no está lista para presentar cargos contra el responsable o los responsables por el asesinato del niño Lorenzo González Cacho.

La madre del menor asesinado, Ana Cacho, retó a Justicia a que radiquen cargos en su contra.

'Hoy no estamos listos para radicar cargos', destacó Somoza en un aparte con periodistas.

'Todo en el momento preciso. Estamos trabajando y laborando y no vamos a hacer comentarios, ni a tratar tan siquiera de apariencia de que alguien trate de desvirtuar el trabajo que estamos haciendo y el compromiso que tenemos (con esclarecer el crimen)', destacó el funcionario sobre el caso Lorenzo, asesinado hace más de año y medio en su residencia en Dorado del Mar mientras estaba al cuidado de Cacho.

Somoza destacó que comparte información de este caso y otros con las autoridades federales.

Mientras, el titular de Justicia justificó que haya habido una merma en la presentación de casos criminales en los tribunales estatales como señaló en la víspera el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton.

Entre los factores para la referida merma están que se han referido a las autoridades federales un número mayor de casos para que sean procesados judicialmente por ellos, a que ha habido un mayor número de casos que llegan a salas de mediación sin que tengan que atravesar todas las etapas de los casos judiciales, así como a la falta de cooperación ciudadana en denunciar a los delincuentes.

De otra parte, defendió el proceder del procurador de menores de Arecibo, Pedro de León, de presentar faltas contra el menor de 15 años de edad que mató a su hermano de 13 con un rifle de perdigones en Ciales.

Contra el adolescente se presentaron dos faltas por Ley de Armas y una falta por homicidio negligente.

'Es un delito menos grave de cuarto grado y una falta tipo uno y lo que buscamos es la ayuda y una rehabilitación y pueda llevar por el buen camino a ese menor', destacó Somoza, al señalar que a lo que se expone es a una pena de hasta 12 meses de libertad condicional.

Al amparo de la confidencialidad de los casos que involucran menores, el funcionario no quiso entrar en la evidencia recopilada por Justicia para decidir llevar el caso ante el Tribunal de Menores de Arecibo.

El menor continúa bajo la custodia de su madre.