Si se mira de manera superficial el inicio del curso escolar, parecería que por primera vez el Departamento de Educación (DE) está garantizando los derechos de su población de educación especial. Sin embargo, varias madres denunciaron ante NotiCel las largas batallas, incluso judiciales, que han tenido que llevar para que sus hijos reciban algunos de los servicios establecidos por ley.

'Solo se cumplen los derechos de los niños si tienen padres que tienen la valentía de querellarse e ir a los medios y denunciarlos', sostuvo Ginette Morales, madre de una menor de 6 años que asistía a la escuela Victor Parés Collazo.

'Si pido que me pongan a Ricky Martin a bailarle a los niños de educación especial, lo hacen', sostuvo Morales sobre la querella que radicó para que su hija recibiera los servicios correspondientes.

'Ahora está en un programa piloto que crearon para ella. Me la sacaron de la escuela, pero va a estudiar en la YMCA para que pueda socializar con otros niños y va a tener una maestra de educación individualizada', detalló sobre los gastos que pagará el DE, luego de que en repetidas ocasiones se querellara por la ausencia de maestros y terapias en la escuela especializada que se supone atienda los casos más severos de educación especial del país.

Con un poco de menos suerte, Lina Torres logró que parcialmente se atendieran las necesidades de su hijo de 17 años, que tiene impedimentos múltiples, entre ellos retraso mental y físico, y que estudia en la Escuela Facundo Hueso en Santurce.

'Hasta el momento este año empezó mejor que en años anteriores que tuvimos que radicar una serie de recursos en el tribunal para lograr la educación de nuestro hijo. Por fin, es la primera vez desde el 1999 que tiene un maestro que atiende las necesidades del niño y no ha tenido que perder las primeras semanas de clases', aseguró Torres.

El joven también tiene un asistente cualificado privado que lo paga el DE.

'Aún nos faltan algunos servicios relacionados. No nos han pagado unas terapias de disfagia y un equipo fm que se le recomendó para lograr captar la atención y que su proceso educativo no se afecte', puntualizó.

Sin embargo, Julia Pérez, madre de un joven de 15 años con retardación mental, no ha logrado que su hijo sea ubicado en una escuela tras ser expulsado por un incidente ocurrido en la Facundo Hueso con otro estudiante de educación especial el pasado 7 de septiembre.

Pérez señaló que como no aceptaron a su hijo en una escuela privada y como no puede costear la matrícula del Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada (IMEI), ni siquiera con el reembolso del DE, el joven ha caído en una leve depresión.

Dayline Burgos, madre de una menor de 7 años con autismo, se quejó de que pese a la demanda que ganó en el tribunal el pasado febrero, a su hija aún no se le ha asignado una escuela.

'Ella estaba en la Inés Mendoza en el 2009 y tuvo una regresión completa. No le fue bien porque no estaban atendiendo las necesidades de la niña y se puso una demanda contra el Departamento en julio de 2010', explicó sobre el caso que dejó a la niña sin escuela por siete meses en lo que el caso se dilucidaba en el tribunal.

Al momento, Burgos espera por que se atienda otra demanda que sometió contra el DE porque al no pagar los servicios de educación de la niña tal como se había dictaminado en la primera demanda, se le privó del aprendizaje.

'Estamos esperando fecha para una vista para ver si van a realizar la compra de servicios o si la ubican en una escuela que realmente atienda sus necesidades', sentenció.

(Para proteger la identidad de estos menores, no se ha identificado el nombre de los estudiantes ni se han ofrecido detalles sobre sus condiciones específicas, como exige la Ley HIPAA.)