Mientras se cuestiona la verdadera rehabilitación de los participantes en los diversos programas que existen en Puerto Rico relacionados a los casos criminales de droga, y que tienen la intención de evitar el ingreso o permanencia de la persona en una institución penal, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, intenta establecer un protocolo similar a nivel federal.

Y es que hace unas cuantas semanas Pierluisi hizo el anuncio junto al doctor José Vargas Vidot, director de Iniciativa Comunitaria. Al NotiCel abordar a Vargas Vidot, este explicó que la medida surge tras el éxito observado con las Salas de droga (Drug Court), implantadas en el 1996 cuando Pierluisi era secretario del Departamento de Justicia.

A su juicio el proyecto igualmente 'es un modelo que nace precisamente de la experiencia del First Offender Act, que es una medida federal que protege a los menores de edad, para que en iguales condiciones una vez que entran a tratamiento y a un proceso de recuperación puedan salir sin una convicción y se puedan reintegrar sin la necesidad de cargar con un encarcelamiento o un récord dañado'.

De acuerdo a Vargas Vidot dicha ley no tenía la amplitud para poder trabajar con el problema de la droga en la Isla y en otros estados que enfrentan la misma situación.

Precisó que con el First Offender Act 'solo se podía captar el 2% o el 3% de la población', porque la mayor parte de las personas que eran arrestadas tenían 18 años o más, por lo que no cualificaban.

En ese sentido, el Federal First Offender Improvement Act of 2011 de Pierluisi busca modificar la edad que las personas pueden tener, para disfrutar del privilegio. Igualmente, altera los términos de probatoria e incentiva finalmente el que la persona no llegue a una convicción.

Para Vargas Vidot 'ese modelo donde lo que se persigue es la rehabilitación de la persona y que se muestre como incentivo de cambio de conducta la incorporación de buenas costumbres, el desarrollo de una cultura terapéutica, el abordamiento al individuo como ser humano y no como criminal, pues ha sido bien exitoso'.

Más aún opinó que es una medida de salud pública porque no esta totalmente dirigida al usuario de sustancias controladas.

Señaló que 'la realidad es que todos los estudios señalan que aquellas personas que no son ni los dueños de punto ni los líderes de una organización de narcotraficantes o los gatilleros del punto o los que andan desarrollando delitos violentos, esas personas entran a ser una mula o entran en una circunstancia de su vida en que la economía o cualquier estimulo social los llevó a incurrir en ese delito. La mayoría de las personas una vez que están ahí caen en un callejón sin salida y eventualmente van a ser los adictos del futuro'.

La expectativa con la medida es que se llegue a una discusión en el gobierno federal en el que se logren establecer adeptos aunque no sea aprobada. A su vez que dichos adeptos tengan influencia en la legislatura local.

Crisis económica incita negocio de las drogas

De otra parte, Vargas Vidot evaluó que mucho sobre el problema de la droga está estrechamente ligado a la falta de oportunidades ante la crisis económica.

Indicó que 'en Puerto Rico la DEA (Drug Enforcement Administration) ha determinado que existen alrededor de 1,555 puntos de droga, yo pienso que hay muchos más, y cada punto de droga en si mismo es una organización que pueden ser pequeñas o grandes, pero todos ellos tienen unos círculos concéntricos que tributan a esa persona que es el bichote. En la medida en que los países caen en una depresión económica y no se registra ningún crecimiento económico como aquí que llevamos más de 10 años sin registrar crecimiento económico constatable, en esa misma medida las personas empiezan a considerar una economía subterránea como una posibilidad real'.

Esta situación se agrava según Vargas Vidot cuando el 52% de los niños que ingresan a las escuelas elementales no culminan sus estudios. De hecho, el 90% de las personas que trabajan en el negocio de las drogas son menores de edad en transición hacia adulto joven, por esto la alta población de jóvenes en las cárceles. El galeno reiteró que el ingreso de una persona a la economía subterránea no tiene límites, por lo que no importa su nivel social, hay muchos jóvenes que su primer acercamiento a un trabajo esta relacionado al mundo de las drogas.

Ante esta situación, planteó que 'la posibilidad de que alguien en una sociedad competitiva como esta desarrolle algo que sea capaz de afinarse a sus expectativas de éxito, sobre todo en Puerto Rico, que se describe el éxito como en tener, son bien bajitas'. Debido a esto el negocio de las drogas se convierte en el vehículo en que ellos entienden como 'real' para mejorar su situación económica, no importa el riesgo que afronten.

A su entender no se podrá disminuir esta problemática, en la medida en que la economía social no ofrezca oportunidades, y aceptó que el negocio de las drogas es uno de los problemas grandes relacionados con la criminalidad. También expuso que el 40% de los casos criminales no tienen nada que ver con las drogas, como por ejemplo los crímenes de género.

Sentenció que 'el crimen de acecho va a seguir así, mientras continúe el modelo punitivo para atender esto'.

Por su parte, el licenciado Damián Planas indicó que la medida de Pierluisi es una 'alternativa viable y necesaria', al concordar con Vargas Vidot de que la falta de empleo y la ausencia de un certificado de buena conducta positivo, hace que muchos confinados cuando cumplen su sentencia siguen involucrados en el negocio de las drogas.

Determinó que 'me parece que es una alternativa que podría funcionar definitivamente. La realidad es que no todo el mundo que arrestan se merece ir a la cárcel. Eso por lo menos va a tener el efecto de ser un filtro, porque a nosotros nos cuesta más dinero tener un confinado encarcelado que en un programa'.

Lee las otras partes de esta serie sobre problemáticas actuales de las drogas en el país:

Entre la rehabilitación y la conveniencia

Vender drogas para sobrevivir

Polémica por lo que pasa detrás de las rejas