El debate por las condiciones carcelarias sigue latente en Puerto Rico, mientras el Gobierno asegura que está a punto de resolver el histórico pleito de clase Morales Feliciano. NotiCel consultó a dos expertos que tienen visiones encontradas en sus enfoques sobre el mismo tema.

El licenciado Damián Planas, quién en su práctica privada ha representado legalmente a la población de confinados por los pasados 20 años, indicó que todavía persiste, entre otros asuntos, el problema de hacinamiento en las instituciones penales del País.

Mientras, el licenciado Guillermo Ramos, quién es uno de los abogados que tiene a su cargo el caso Morales Feliciano, aseguró que 'el hacinamiento hoy por hoy no es un problema' en las cárceles.

Planas tiene una opinión diferente, e insistió que el problema de hacinamiento continúa pese a que aún se está litigando el caso Morales Feliciano, que puso en perspectiva la situación que viven a diario los reos.

Explicó que aunque junto al nombre de cada institución penal se refleja la cantidad de confinados que pueden ingresar, la cifra queda por debajo de lo que realmente se lleva a la práctica. Puso como ejemplo que en el Anexo Guayama 296, que es de máxima custodia, donde habitan más de 400 confinados. Más aún, que es normal ver dos confinados por celda, uno de los reclamos que por años se han hecho con relación al hacinamiento. Agrego que en el Centro Ingresos Metropolitano Bayamón 705, los reos 'duermen en el piso'.

Sin embargo, Ramos dijo que el problema del hacinamiento en las instituciones penales se ha ido resolviendo porque el Estado ha creado más espacio y la población de confinados ha disminuido.

Aunque no pudo determinar desde cuando está ocurriendo esta merma en la población penal, sí planteó que ha sido paulatina y constante. Ramos indicó que la cifra actual de confinados ronda los 11,500 entre sumariados y convictos, lo que, sostuvo, demuestra una cantidad menor a la de estudios realizados que proyectaban que para este año la población penal estaría en los 15,000.

A su entender, este descenso de la población penal no responde a un incremento en el establecimiento de programas de desvío ni a un alza de participantes, porque señaló que desde 'el año 1995 hasta ahora han ido cerrando los distintos programas de desvío porque excluyen de esos programas a ciertos tipos de delitos y cada vez se siguen excluyendo más y más tipos de delitos'.

Según Ramos, dicho descenso es porque 'está entrando menos gente al Sistema', pese a que la criminalidad se ha disparado en el país.

NotiCel le preguntó si esa baja de entrada al Sistema se debe a que no se están procesando los casos o que se caen en los tribunales, pero Ramos respondió 'yo sé lo que pasa dentro de las cárceles, no voy a especular que pasa antes de que la gente llegue a la cárcel. Yo si le puedo decir a usted que están saliendo, según la gente va cumpliendo sus distintas sentencias, salen, y entonces no está entrando gente a las cárceles con el mismo ritmo que están saliendo'.

Pero Planas refutó el planteamiento de que la población penal haya disminuido en los pasados años, sino que los confinados 'entran y salen casi a la par'. Determinó que la población de confinados ronda entre los 13,500 y los 14,000.

En otro aspecto de la situación carcelaria, Ramos reconoció que los confinados han llevado muchos reclamos por los servicios de alimento y salud, y que, en otro asunto, los oficiales de custodia no son suficientes para contener episodios de violencia entre los confinados, que han aumentado últimamente en las cárceles del país.

'La persona esta ahí (en las cárceles) en contra de su voluntad y no escoge quienes son sus vecinos', por lo que a juicio de Ramos el Estado tiene la responsabilidad de proveer las necesidades básicas de seguridad.

Por su parte, Planas destacó que si bien no puede indicar que los reclamos de los reos hayan aumentado, sí está seguro de que no han disminuido.

Resumió que los reclamos son por: falta de medicamentos, sistema de salud 'no sirve', comida 'malísima y expirada', los castigos colectivos, el abuso con la otorgación de privilegios y visitas, el hacinamiento, y la carencia de artículos de primera necesidad como pasta de diente.

Una vista a las agrupaciones de confinados

Dentro de las instituciones penales reina una gama de agrupaciones que siempre han despertado ciertos mitos dentro de la sociedad por sus filosofías carcelarias. Planas detalló que cada recluso debe desarrollar la confianza con su pares y entre ellos se distribuyen el poder de las instituciones penales.

Uno de los grupos más nombrados es la Asociación Pro Derechos y Rehabilitación del Confinado (ÑETA). Como es sabido, Planas describió que esta agrupación condena los ataques a los niños, mujeres y envejecientes.

En sus reglas no hay cabida para los que hayan cometido un crimen 'deshonorable' y que conlleve 'delito de sangre'. Por ejemplo, si una persona comete un 'carjacking' y en el acto mata y viola a su víctima, pues para los ÑETA es un crimen 'deshonorable', porque la persona no tuvo la oportunidad de defenderse.

Para ellos, este confinado no es confiable, pues podría cometer este tipo de acción dentro de la institución.

Antes de que se organizaran los ÑETA, 'Los 27' tenían el dominio en las cárceles.

Por su parte, 'Los 25, son muy a afines con los Ñeta', dijo Planas. Están en las instituciones penales del suroeste de la Isla y el abogado los describió como 'una fuerza armada', porque están bien estructurados.

Caso Morales Feliciano quedará en suspenso

Planas y Ramos sí coinciden en no tener mucha expectativa de que este polémico caso, que ha durado 32 años, finalice en este cuatrienio.

Igualmente, concordaron que la razón para que este pleito, que le ha costado millones de dólares al Estado aparente no tener fin, es la falta de cumplimiento por parte de las autoridades.

Mientras tanto, el secretario del Departamento de Corrección, Carlos Molina, y el de Justicia, Guillermo Somoza, anunciaron hace varios días en conferencia de prensa de que el pleito podría llegar a su fin el próximo año.

Ante esto Planas reafirmó que 'se lo pueden ofrecer de cumpleaños o de regalo de despedida al honorable juez Juan M. Pérez Giménez, porque él se retira. El Gobierno puede hacer lo que les de la gana con ese caso, pero la realidad es que ninguna de las cuatro razones por la que ese caso hace más de tres décadas comenzó, se ha eliminado del sistema. Es algo que es concurrente'. El juez Pérez Giménez presidió el caso Morales Feliciano desde su inicio hasta hace poco menos de unos meses que se anunció que ahora el juez federal de New Hampshire, Paul Barbadoro, estaría a cargo.

Para ver la 1era y la 2da parte de esta serie accede a los siguientes enlaces:

Entre la rehabilitación y la conveniencia

Vender drogas para sobrevivir