Pese a que más temprano se había llegado a un acuerdo preliminar, tras el receso en corte las partes fracasaron en su intento por llegar a un acuerdo final y el juez José A. Fusté ordenó al Servicio de Alguaciles federales tomar el dinero del BGF.

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Fusté ordenó el embargo de los $4.025 millones adeudados, en vez de los $7 millones reclamados en el caso originalmente , y que, si en las cuentas no hay dinero suficiente, se haga una anotación en el Registro de la Propiedad de Ponce para que las propiedades municipales sean subastadas púbicamente.

'Le di todo el día para resolver este asunto. Hemos terminado', dijo Fusté.

Previamente, en el receso de almuerzo de la vista judicial de emergencia que convocó ayer el juez tras emitir una orden embargando las cuentas del ayuntamiento, el alcalde Jaime Barlucea hab ía anunciado el ahora tronchado acuerdo preliminar.

'Esto va en avanzada y queremos también que se levante el embargo que hay contra el municipio', declaró a los periodistas.

Más temprano Fusté había determinado que de hoy no pasaba que se resolviera la controversia legal para que el municipio de Adjuntas cumpla con el pago a unos ex empleados del municipio que fueron despedidos por discrimen político por el anterior alcalde, Roberto Vera Monroig.

'Estoy harto de un gobierno irresponsable. De aquí no nos vamos hasta que se llegue a una solución. Adjuntas no se merece estar en esta situación donde está por la irresponsabilidad del alcalde', dijo Fusté en la audiencia de emergencia que se celebró en el Tribunal federal de San Juan luego que ayer se incautaran las cuentas del ayuntamiento.

José Otero, vicepresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF0, declaró que el municipio recibió $6 millones disponibles de los que no ha hecho ningún desembolso y que podría recibir una línea de crédito adicional por $2.2 millones.

Fusté cuestionó la razón para que el municipio no haya utilizado esos $6 millones de para cumplir con el pago a los demandantes.

En tono molesto, el juez cuestionó: 'para qué se va a usar ese dinero, para llevar a estudiantes a España o a China?, para que la plaza se vea bien cool? Yo soy de Adjuntas y allí (en la plaza pública) lo que hay son vendedores de drogas'.

El juez lanzó además una seria advertencia al alcalde Barlucea, presente en sala: 'quiero que cumpla y que haga los pagos y si no los hace va a tener serios problemas, de eso me voy a encargar yo', indicó Fusté, quien fungirá como monitor de las finanzas del ayuntamiento.

El juez propuso a los demandantes que se condone el pago de intereses para poner punto y final al pago de la deuda.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Héctor O'Neill, reconoció hoy que está preocupado con la determinación de un juez federal de embargar los bienes del municipio de Adjuntas.

Según O'Neill, se trata de un 'precedente peligroso' que podría ser 'ilegal', aseguró a la emisora Radio Isla 1320.

El alcalde de Guaynabo adelantó que la Federación ha ordenado un análisis legal del embargo, aunque aceptó que el alcalde de Adjuntas 'no tiene opciones' para continuar con la operación del municipio.

La única opción sería, propuso, una asignación de fondos del CRIM, pero reconoció que esa entidad no está en posición de hacer desembolsos.

Mientras alguaciles embargaban las cuentas bancarias de Adjuntas, Fusté citaba las 9:00 a.m. la vista de emergencia para que el BGF contestara preguntas sobre las finanzas del municipio para lograr el pago de la sentencia millonaria por discrimen político.

Tras regañar al alcalde por sus expresiones públicas, Fusté había otorgado hasta el 12 de agosto para dilucidar cuál es el monto total que debe Adjuntas para satisfacer la sentencia por los actos que ejecutó su predecesor, el ex alcalde popular Roberto Vera Monroig. El municipio sostienía que eran $4 millones, e inicialmente se habían dicho que serían $7 millones, cifra que prevaleció y lo que significaría el cierre para el ayuntamiento cuyo presupuesto es de $8 millones.

Con respecto a los sueldos de los empleados del municipio, Barlucea dijo que 'el próximo pago es el día 15 y esperamos haber resuelto la situación para entonces'.

Para leer la orden, pulse aquí.

Pese a que mas temprano se habia llegado a un acuerdo preliminar, tras el receso en corte las partes fracasaron en su intento por llegar a un acuerdo final y e juez José A. Fusté ordenó al Servicio de Alguaciles federales tomar el dinero del BGF.