En un último intento por evitar la ejecución de una sentencia por discrimen político que lo dejaría en la quiebra, el municipio de Adjuntas solicitó hoy al Tribunal Federal que reconsidere su orden de ejecución porque la misma sería 'una sentencia de muerte' y provocaría 'el caos' en ese pueblo.

El ayuntamiento, que tiene un presupuesto de $8.4 millones, enfrenta una sentencia de $7 millones por actos de discrimen político del ex alcalde popular Roberto Vera Monroig. Para obtener el pago el juez federal José A. Fusté firmó una orden el 27 de julio pasado para el embargo de cualquier propiedad del municipio, incluyendo cuentas bancarias y cuentas en entidades gubernamentales, que sea necesaria.

En una última súplica, la abogada del municipio, Evelyn Quiñones Carrasquillo, acudió al tribunal para que el juez reconsidere y dicte un remedio alterno de ejecución. El escrito resalta los estragos que el embargo causaría y enfatiza en que la orden choque con precedentes del Tribunal Supremo de Puerto Rico que limitan la capacidad de embargar bienes públicos precisamente para que el servicio al ciudadano no sea afectado.

'Si se completa este embargo, el municipio de Adjuntas quedaría inoperante y se afectarían adversamente las vidas de aproximadamente 22,000 hombres, mujeres, y niños que residen allí. Se provocaría un estado de caos. No habrían fondos para el salario de los empleados, así que tendrían que renunciar o ser despedidos... algunos de estos empleados incluyen la Policía Municipal, y personal de desperdicios sólidos que llenan funciones esenciales en el pueblo. El alumbrado público quedaría descontinuado por falta de pago, todas las instalaciomes públicas tendrían que cerrar por falta de luz y agua, y la basura no sería recogida. Esto por sí mismo crearía una crisis social y sanidad. No habría fondos para pagar la porción municipal del Seguro de Salud Estatal (Tarjeta de Salud)', argumentó la abogada.