Antes de que surgiera el impase que culminó en la cancelación de su billonario contrato con Mi Salud, el Gobierno entendía que MCS llevaba prácticamente todo el término transcurrido en seria violación del acuerdo, según una notificación oficial obtenida por NotiCel.

La carta de tono legal, enviada el pasado 10 de junio por el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Frank Díaz, mediante correo certificado al presidente de MCS-HMO, José Durán, representa un aviso de imposición de multas ascendentes a $1.5 millones porque la empresa había estado en violación contractual sostenida de los requerimientos mínimos de cantidad de laboratorios clínicos, de servicios radiológicos, de hospitales, y especialistas (facultad médica y de otros proveedores) en sus cinco regiones: norte, metro-norte, San Juan, noreste y oeste. La multa implica un total de 15 violaciones, o sea infracción a estas tres cláusulas en cada una de las regiones, al son de $100,000 cada una.

'En consecuencia, MCS-HMO ha estado en violación del contrato por los pasados siete meses. Estas violaciones repetidas representan un incumplimiento contractual', sentenció Díaz en la carta. El contrato había sido firmado en octubre de 2010 por lo que la compañía habría estado en cumplimiento sólo un mes.

La misiva obtenida prueba que el Gobierno ha estado consciente durante largos meses que los 850,000 pacientes de Mi Salud adscritos a estas regiones han estado mal servidos en áreas básicas del cuidado de la salud, o por lo menos que han estado recibiendo servicios por debajo de los estándares mínimos que el propio Gobierno impuso para el plan médico.

En el momento del envío, ASES y el secretario de Salud, Lorenzo González, negociaban para mantener a la empresa como principal aseguradora del plan, y continuaron hasta la semana pasada cuando surgió el tranque. Fuentes han dicho que el impase fue principalmente económico, con MCS reclamando tarifas mayores por sus servicios, pero González ha dicho que respondió además a los problemas de incumplimientos con la cantidad de proveedores y a los atrasos en los pagos a los mismos, asunto que ha sido la otra gran imputación contra MCS.

De hecho, hoy es el día límite que los médicos primarios dieron al Gobierno y a MCS para recibir un abono sustancias a los $60 millones en pagos que, según dicen, las aseguradoras les adeudan antes de que buena parte de ellos tengan que cesar los servicios.

El contrato de MCS fue cancelado repentinamente la semana pasada luego de que ambas partes reconocieran un tranque insalvable en la renegociación de las tarifas que debía culminar el pasado 30 de junio. Ambas partes alegan que fueron las que generaron la cancelación. Al presente aplica un proceso de transición de hasta 90 días y ASES está en conversaciones con varias aseguradoras interesadas convertirse en las sucesoras de MCS en las citadas regiones.

De otro lado, el Puerto Rico Daily Sun reportó hoy que auditores federales visitarán a MCS en agosto, pero la empresa le aseguró al diario que se trata de una visita rutinaria.

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