Aún 33 años después de haber encubierto los asesinatos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla, Ángel Figueroa Vivas no muestra arrepentimiento por sus actos. Por eso, entre otras cosas, el Tribunal Supremo le negó, por quinta vez, una petición para ser reinstalado a la práctica de la abogacía.

La resolución del Supremo, del 29 de junio de 2011, tiene de marco una controversia en la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía que resultó en un cambio en la presidencia de dicho cuerpo encargado de evaluar las solicitudes de readmisión de los abogados desaforados. El Centro de Periodismo Investigativo obtuvo el informe de la comisión en el caso de Figueroa Vivas, que estaba pendiente de consideración en el Supremo desde 2009.

Esta es la quinta vez que Figueroa Vivas solicita sin éxito que se reconsidere su separación absoluta de la práctica de la abogacía tras haber coaccionado testigos, destruir declaraciones juradas importantes y encubrir los asesinatos.

Para 1978, fecha en que ocurrieron los hechos, Figueroa Vivas era director del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia de Puerto Rico, y dirigió la investigación que entonces se llevó contra los policías que asesinaron a los jóvenes Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado.

Según la versión oficial, los dos jóvenes subieron hasta el cerro en Villalba para volar dos torres de transmisión de una emisora de televisión. Entonces no sabían que los acompañaba un agente encubierto, Alejandro González Malavé, quien los dirigió a un entrampamiento en donde encontraron la muerte a tiros.

Las investigaciones originales exoneraron a los policías de quienes se dijo que actuaron en defensa propia. Tuvieron que pasar varios años para que se descubriera la verdad: que los dos jóvenes fueron asesinados a sangre fría, desarmados y mientras uno de ellos clamaba por su vida. Esa verdad surgió de testimonios de algunos de los policías durante unas vistas públicas celebradas por el Senado de Puerto Rico, dominado por el Partido Popular Democrático, al principio de la década de los años ochenta.

Figueroa Vivas fue separado permanentemente de la práctica de la abogacía en 1991. Entonces dijo el Tribunal Supremo que el funcionario 'incurrió en negligencia crasa que violaba' varios cánones del Código de Ética Profesional.

Según el Tribunal Supremo, Figueroa Vivas 'coaccionó' al policía Quiñones Quiñones, 'para que alterara su declaración sobre las dos ráfagas de disparos, hecho que era incompatible con la versión de defensa propia de la policía. Sin explicación, destruyó además parte de la declaración jurada inicial que ese testigo le ofreció esa fecha'.

'En este caso, el señor Figueroa Vivas admite que fue muy cándido al creer ciegamente la versión de los policías. Sin embargo, el peticionario no reconoce la gravedad e ilicitud de la conducta que determinamos probada, al coaccionar testigos de la investigación del Cerro Maravilla y al destruir una declaración jurada. En otras palabras, solo reconoció la gravedad de parte de la conducta que lo llevó al desaforo, no de su totalidad', dijo el Tribunal Supremo el 29 de junio de 2011 en su más reciente expresión sobre la conducta profesional del abogado que busca recobrar su licencia.

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