Ante el fracaso de La Fortaleza en sus gestiones para que se aprobara legislación para limitar la venta de bebidas alcohólicas, el gobernador Luis Fortuño discutirá con alcaldes federados y asociados la implantación de un toque de queda que se incluirá en los Códigos de Orden Público (CPO) en los municipios.

La idea surgió luego de una reunión entre el mandatario con los comandantes de áreas de la Policía, el superintendente interino, José Rivera, y jefes de gabinete del área social realizada esta mañana en el Cuartel General de Hato Rey.

'Yo presenté legislación que no fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico en cuanto al control de la venta de bebidas alcohólicas. Así que en ese sentido, voy a trabajar con los alcaldes y alcaldesas… la legislación todavía está allí, si la Legislatura quisiera actuar, están a tiempo, pero yo voy a actuar con los alcaldes y alcaldesas', indicó Fortuño en rueda de prensa.

Aclaró que no se discutió un límite de horario para que los menores pueden estar fuera sin la presencia de un adulto.

'Me parece que es algo que quisiera discutir, no discutimos aquí un horario específico, ni una edad, si era 16 años, si era 14 años. Lo que discutimos es la deseabilidad de que los municipios entren en este tipo de control y que van a tener el apoyo de la Policía para la implementación del mismo', indicó.

No pudo precisar la cantidad de municipios que tienen COP, citó como ejemplo que en el este de Puerto Rico hay un municipio que tiene una hora de cierre de los negocios y que el de al lado no tiene y este último 'ha visto un aumento en la ola criminal, mientras el que sí tiene hora de cierre ha visto una reducción'.

Destacó el gobernador que en las Instituciones Juveniles el 87% de los jóvenes que han sido procesados por faltas han sido desertores escolares y que el 65% de ellos carecían de la presencia de una figura paternal.

Por ello, otra medida anunciada por el mandatario es la contratación de sobre 1,000 trabajadores sociales para que inicien en el semestre escolar de agosto.

'En el área de Educación, vamos a tener un trabajador social por cada escuela pública y uno en cada región, son 28 regiones, para que coordine los esfuerzos de esos trabajadores sociales… vamos a dar una batalla con esos trabajadores sociales en contra de la deserción escolar', dijo Fortuño.

'Una de las funciones principales de ese trabajador social será el verificar cuándo comienza un patrón de ausentismo que termina en deserción escolar para intervenir de forma inmediata a través de esos trabajadores sociales y vamos a intervenir con el Departamento de la Familia para que intervenga con esa familia', indicó Fortuño al tiempo que recordó que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional tienen que llevar a sus hijos a las escuelas como parte de los requisitos que impone el gobierno federal para recibir las ayudas.