Asumiendo que no hubiera aumento en peaje y que el tráfico se mantuviera igual que ahora, el Gobierno tendría ingresos de $3,600 millones durante los próximos 40 años si se quedara con la PR-5 y PR-22, las mismas que le acaba de entregar a un consorcio privado por $1,400 millones. El botín para el consorcio, por tanto, es de por lo menos $2,000 millones.

Los números están en los mismos documentos que la Administración Fortuño preparó para el proceso de Alianza Público Privada (APP) bajo la cual otorgó la operación de las dos autopistas al consorcio Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico,que integran Abertis Infraestructuras y Goldman Sachs.

Ahí se indica que la PR-5 tuvo ingresos de $4.3 millones en 2009-2010, y que la PR-22 tuvo ingresos de $85.7 millones en el mismo período, para un total de $90 millones, quepor 40 años suman $3,600 millones. El consorcio está pagando adelante $1,436 millones, por lo que la ganacia mínima que les representa el negocio, aún sin aumentar peajes y sin que aumente el tráfico, es de $2,100 millones.

Para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), sin embargo, el negocio se justifica porque los ingresos que va a recibir el Gobierno irán a pagar la deuda acumulada por los bonos que se vendieron para construir las carreteras.

Al final del día, Puerto Rico no tendría ni $1 invertido en obra nueva en este negocio, porque al consorcio no se le obliga a hacerlo y porque lo que se obtenga del negocio va a pagar deuda, no a construcción nueva.

En entrevista con NotiCel, el director ejecutivo de la ACT, Rubén Hernández Gregorat, confirmó que la mayoría de los ingresos del negocio vana pagar las deudas que tiene la agencia.

'Bueno, te puedo decir que la transacción es muy favorable',opinó el funcionario a la vez que aseguró, a pesar de los números expuestos arriba, que la expectativa de ingreso que representa el pago por adelantado es 20% mayor de lo que el Gobierno esperaba recaudar en esos 40 años.

'Unos $1,080 millones aproximadamente se van para que Carreteras pueda repagar muchas de esas deudas que tiene con el Banco de Fomento y los intereses acumulados que suman aproximadamente cerca de esos $1,400 millones', dijo el funcionario.

Además, otros $56 millones serán destinados para una inversión a corto plazo que pretende mejorar el 'alumbrado, tapar boquetes, seguridad, lo que son mejoras de vigilancia de la policía en las autopistas PR-22 y PR-5', agregó.

Precisamente, una partida anual de cerca de medio millón de dólares estará recibiendo la Policía proveniente de estos fondos productos del consorcio administrativo, para mantener la flota de vehículos que brindan patrullajes en las autopistas y mejorar el servicio a la ciudadanía.

Por otra parte, 'más a largo plazo, $300 millones invertirá el consorcio privado para mantener un alto calibre, un estándar de calidad mundial en las autopistas. Nosotros nos regimos por la Federal Highway Administration y también por la American Association of State Highway and Transportation Officials, que son entidades del gobierno federal que rigen y establecen cuáles son esos estándares de rodaje, de calidad de carretera', afirmó Hernández Gregorat.

Distribuidos en 40 años, esta promesa de inversión representa unos $8 millones anuales.

El secretario del DTOP no descartó que otras autopistas del país puedan correr la misma suerte y en un futuro sean operadas por compañías privadas. Igualmente, señaló que con esta APP se espera generar al menos 400 empleos directos e indirectos a corto plazo, y otros tanto a largo plazo.

Para ver más información de esta APP, lee los siguientes enlaces:

- Autopistas: Gobierno suelta lo bueno y se queda con lo malo

- Gobe privatiza la PR-22 y la PR-5