El Tribunal Supremo ratificó una decisión del Apelativo que no le permitirá al ex comisionado de Seguridad de San Juan, Hilton Cordero, ver la declaración jurada de la joven por la que el ministerio público le radicó cargos de pornografía infantil y actos lascivos.

Cordero enfrenta una vista de causa para arresto en alzada por tres cargos de pornografía infantil que no properaron en una vista anterior. Contra Cordero ya se determinó causa para arresto por otros tres cargos de pornografía infantil y uno de actos lascivos contra una vecina, que al momento de los hechos era menor de edad.

La perjudicada alega que se sacaba fotos pornográficas y se las vendía al acusado. De acuerdo con el ministerio público, Cordero suministró a la menor el equipo necesario para que pudiera tomarse las fotos pornográficas. Ella luego se las enviaba al ex funcionario por correo electrónico.

Los hechos ocurrieron en tres incidentes separados en 2007, 2008 y 2009. Los cargos en este caso surgieron a raíz de una denuncia de la hija del ex funcionario de que su padre cometió actos de índole sexual en su contra. Sobre ese segundo caso, la fiscal Lilliam Cabrera ha dicho que 'se va a someter en su debido momento'.

El Tribunal de Apelaciones revocó una decisión del juez superior de Carolina, Francisco Borelli, quien permitió a la defensa de Cordero, encabezada por la abogada Mayra López Mulero, que examinara de forma limitada la declaración jurada de la víctima del caso por pornografía infantil.

Un panel de tres jueces de apelaciones aprobó una petición de certiorari del fiscal Carlos López, quien argumentó que en esta etapa de los procesos de vista de causa para arresto en alzada en tres de los cinco cargos de pornografía infantil que no prosperaron, la defensa no tiene derecho a ver la declaración jurada de la perjudicada, una vecina que al momento de los hechos era menor de edad.

El caso fue devuelto a la sala del juez Borelli, en el Centro Judicial de Carolina, para que continúen los procedimientos. Borelli basó su determinación en el debido proceso de ley y afirmó que quería evitar dar 'la apariencia impropia de contubernio entre el poder ejecutivo y el poder judicial'. En la vista del 9 de mayo, la fiscal Cabrera había dicho que el caso se sometería sólo con la declaración jurada de la perjudicada. López Mulero argumentó, entonces, que se encontraban con un testimonio 'perpetuado en un documento' al que no ha tenido acceso y ante 'una testigo que hasta el día de hoy no tiene rostro para la defensa'.

El fiscal López se reafirmó en que la 'jurisprudencia es clara' de que la defensa no tiene derecho a ver la declaración jurada. En decisión de 2 a 1, el panel apelativo resolvió a tenor con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que estableció que 'el imputado de delito grave no tiene derecho a obtener copia de las declaraciones juradas que sirvieron de base para la determinación de causa para arresto, antes que los declarantes testifiquen por primera vez en algunas de las etapas posteriores significativas del proceso criminal, tales como la vista preliminar o el juicio'.

Según el Apelativo, 'está claramente resuelto que en esta etapa del proceso criminal, el imputado no tiene ese derecho. Coincidimos con el análisis del ministerio público, amparado en su totalidad en el derecho vigente, al concluir que en esta etapa procesal no están obligados a presentar toda su evidencia y que la norma es clara en que la defensa tendrá que aguardar a que los testigos se sienten a declarar en la vista preliminar o en el juicio para obtener sus declaraciones juradas'.

El panel determinó, además, que en este caso no existen 'las circunstancias excepcionales' establecidas por el Supremo que ameriten que se le dé acceso a la declaración jurada de la víctima a la defensa de Cordero. 'El imputado no ha demostrado circunstancia especial alguna bajo el palio del debido proceso de ley. Más aún, la defensa del recurrido reconoció que no tiene derecho a examinar la declaración jurada en esa etapa de vista de causa probable en alzada, por lo que acudió a un planteamiento de buena fe y equidad', sostuvo el Apelativo.

El panel de jueces agregó que el juez Borelli erró al permitir que la defensa vea en su escritorio en corte la declaración jurada de la presunta víctima, aunque sea de forma limitada. 'Alejarse de la norma establecida y permitir el examen del documento a la defensa, bajo el pretexto de evitar una 'apariencia impropia de contubernio entre la Rama Judicial y el Ejecutivo', es un error, toda vez que la función del magistrado en una vista de causa probable en alzada es a manera de filtro, para evitar cualquier abuso de derecho por parte del Estado', sentenciaron los jueces apelativos. Desde el pasado 3 de febrero, cuando la hija de Cordero hizo las acusaciones, el ex funcionario de la administración del alcalde Jorge Santini no ha vuelto a relacionarse con ella.

'Vista la moción urgente y el recurso de certiorari presentados por la parte peticionaria, se declaran ambos no ha lugar', indica la escueta resolución de un sólo párrafo que tiene fecha del 17 de junio, pero fue dada a conocer hoy.

Los federales también siguen el caso

Los federales todavía tienen en la mirilla una investigación por pornografía infantil contra el ex comisionado de seguridad del municipio de San Juan, Hilton Cordero.

Así lo dejó establecido Roberto Escobar, director de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en la Isla (ICE, en inglés), quién explicó que 'todavía este caso está en manos del tribunal estatal, nosotros estamos dándole el espacio'.

No obstante, en un aparte con NotiCel, Escobar detalló que en el caso de Cordero que se trabajó desde el principio a nivel estatal, esperarán al resultado de la vista preliminar para evaluar si realizarán una investigación y la posible formulación de cargos a nivel federal.

Sin embargo, Escobar fue enfático que 'nosotros no descartamos una intervención'.

Mientras, el secretario del Departamento de Justicia, Guillermo Somoza, fue parco en sus declaraciones sobre el caso, lo único que aseguró es que confía en el trabajo que están desempeñando los fiscales a nivel estatal para poder probar el caso.

Las expresiones se dieron durante el anuncio de la creación de un grupo de trabajo llamado 'Puerto Rico Crimes Against Children Task Force', en el que buscan trabajar con la explotación y el abuso sexual infantil.