El Gobierno ha movido hoy sus fichas para apagar los fuegos que le han surgido por falta de pago con los principales proveedores de Mi Salud, pero el secretario Lorenzo González asegura que los servicios no se afectarán a la vez que anticipa un retraso en la renegociación de las tarifas que paga a las aseguradoras por los 1.5 millón de beneficiarios de dicho plan médico.

Así lo reconoció a NotiCel el secretario de Salud, González, quien declinó adjudicar responsabilidades en la pugna. El funcionario se disponía a entrar a una reunión con los grupos médicos para atender las quejas de falta de pago y otras preocupaciones.

Ya el viernes estuvo reunido con la Asociación de Hospitales –que alega la aseguradora MCS le debe unos $50 millones a los hospitales- y más temprano hoy representantes del comité que nombró para atender la situación similar alegada por la propia MCS que sostiene que el Gobierno, a través de la Administración de Seguros de Salud (ASES), le debe a su vez $170 millones.

El comité está integrado por el director ejecutivo de ASES, Frank Díaz, y el secretario de Hacienda, Jesús Méndez, a quien González refirió las preguntas específicas sobre la cantidad de dinero que se adelantará a MCS para que ésta a su vez pague a los proveedores y resolver el problema inmediato, y los pormenores de la renegociación

Ni MCS, ni Méndez devolvieron las llamadas de NotiCel ayer en la tarde. MCS es la principal aseguradora de Mi Salud con 800,000 vidas; la otra empresa que maneja el plan de salud, Humana, no ha hecho expresiones públicas sobre la situación con el pago.

Los fuertes reclamos públicos de los médicos, de MCS, y de los hospitales de los últimos días se producen en medio del cierre del año fiscal y de la renegociación de tarifas de Mi Salud, así como de la imposición de multas por parte de la agencia a la aseguradora por incumplir con cláusulas contractuales, entre ellas, el no haber contratado la cantidad requerida de proveedores a nueve meses de operaciones.

Dentro de la pugna algunos proveedores, incluyendo la Asociación de Hospitales, están amenazando con cortar los servicios a los pacientes indigentes que son los beneficiarios de Mi Salud, pero González descartó que pueda ocurrir un impacto en los servicios.

'Es predecible todo lo que está pasando… No se van a comprometer los servicios de salud, independientemente de lo que digan (los proveedores)', aseguró.

González sostuvo, a preguntas, que la renegociación se extenderá por 'diferencias' en torno a la percepción de lo que son los costos reales de Mi Salud y la falta de data suficiente acumulada para probar los patrones de uso mayores a lo proyectado que alegan MCS y los proveedores.

NotiCel ya había adelantado esta información y la batalla campal que se generaría ya que todas las partes estarían reclamando tarifas mayores en la renegociación y el Secretario se había mantenido firme en que el presupuesto disponible para Mi Salud es de $1,800 millones. En entrevista con este medio el mes pasado ya el funcionario estaba reconociendo que posiblemente habrá un aumento en tarifas.

La insuficiencia de los fondos asignados para los servicios contratados y el nuevo modelo, presuntamente sin referidos, que trajo el cambio de la Reforma de Salud a Mi Salud, fue anticipada desde la licitación el año pasado por varias de las aseguradoras que participaron, principalmente por Triple S, que había planteado que la data actuarial no era consistente con las tarifas impuestas por el Gobierno y que no era posible proveer los servicios por la cantidad de dinero asignada.

En los casi 15 años que lleva en vigor el plan privatizado para los indigentes en Puerto Rico, primero bajo el nombre de la Reforma de Salud y ahora bajo Mi Salud, la pugna por los intereses económicos, las tarifas, y los pagos ha sido una constante así como las consecuencias concretas para el paciente con el racionamiento de servicios.