Restituir la pena de muerte en Puerto Rico representaría un retroceso lamentable en la evolución de los derechos civiles en el país y sentaría un precedente que podría seguirse con otras restricciones a las libertades ciudadanas como el derecho a la fianza, las grabaciones de conversaciones telefónicas, las detención preventiva y el habeas corpus. La mayoría del pueblo puertorriqueño históricamente ha rechazado la muerte ejecutada por el Estado.

Así lo aseguró ayer, recordando su participación en un antiguo debate legislativo sobre la pena capital, el profesor Luis Rivera Pagán durante su ponencia titulada 'A la sombra del cadalso… reflexiones sobre la pena de muerte', que impartió en la Universidad Sagrado Corazón.

El profesor emérito del Seminario Teológico de Princeton defendió que 'la corriente central de la historia constitucional democrática es la de ampliar, no reducir, los derechos humanos'.

La pena de muerte, según el profesor y autor de 'Evangelización y violencia: La conquista de América' (1992), no evita 'los horrendos crímenes que azotan la conciencia de la comunidad y producen repugnancia'.

Pero explicó que tras la llamada 'masacre de Hatillo', los propugnadores de la pena de muerte 'volvieron a la carga con marchas y manifestaciones públicas'.

La pena de muerte también ha fracasado 'rotundamente' en evitar los crímenes pasionales, las muertes por efectos de drogas narcotizantes o los delitos suscitados por excesiva codicia.

'Tampoco cura mágicamente a los psicópatas ni impide las matanzas causadas por dementes', dijo Rivera Pagán, para quien el valor de la pena de muerte como factor de disuasión contra la delincuencia 'es nulo' o incluso a veces 'multiplica los asesinatos'.

La ineficiencia de este tipo de castigo abarca incluso sus costos, ya que sale más caro ejecutar a un condenado que mantenerlo en prisión el resto de su vida.

El profesor defendió que más efectivas son las medidas preventivas como la campaña contra las drogas, los programas de rehabilitación, el aumento dela vigilancia pública o el control riguroso de armas.

Explicó que tradicionalmente, los más propensos a sufrir el castigo capital siempre han sido los grupos étnicos minoritarios, las clases sociales desprovistas y los promotores de concepciones ideológicas minoritarias.

Por otra parte, 'el error de ejecutar un inocente, algo que por desgracia no ha sido insólito, no sólo es triste; es irrevocable'.

Un estudio reciente encontró que veintitrés personas fueron ejecutadas por error entre 1900 y 1985 en los Estados Unidos. En Inglaterra, el escándaloprovocado por la revelación de la inocencia de Timothy Evans, después de ser ejecutado en 1950, propició la ilegalización de la pena de muerte.

Además, la pena de muerte imposibilita la rehabilitación del delincuente, objetivo teórico primario del sistema penal moderno.

Rivera Pagán mencionó el caso de Nathan Leopold, homicida no ejecutado, quien se reformó en prisión y terminó su vida sirviendo a la sociedad puertorriqueña en la comunidad de los Hermanos, en Castañer entre Lares y Adjuntas.

Para Rivera Pagán, la pena de muerte es 'la expresión más brutal de la primitiva ley del talión. El estado debe proteger el derecho a la vida, no restringirlo'.

Todos estos argumentos, recordó Rivera Pagán, fueron presentados ya por Amnistía Internacional de Puerto Rico durante la evaluación de la resolución concurrente de la Cámara 49 en 1991 y ante la propuesta de la celebración de un referéndum para consultar sobre la posible reinstalación de la pena de muerte en la isla.

Su principal propulsor fue el representante por el Partido Popular Democrático Fernando Tonos Florenzán, quien dicho sea de paso, apuntó con cierta sorna el profesor, poco tiempo después fue encontrado culpable por múltiples delitos de corrupción y se vio forzado a dejar su escaño legislativo, sin que nadie le echase de menos.

Un referéndum a tal fin serpia un derroche de dinero, 'además de la energía social despilfarrada en la discusión de esa estéril medida penal, que deben

invertirse en un programa preventivo contra el crimen que sea a la vez eficaz y respetuoso del derecho fundamental a la vida, principio rector de nuestra Carta de Derechos'.

Propuestas para reinstaurar la pena capital en la isla se han presentado también en 1978 y 1987, pero siempre han encontrado la oposición eficaz de ciudadanos, líderes eclesiásticos, organizaciones cívicas, movimientos políticos, y las Secretarías de Justicia y de Servicios Sociales.

En Puerto Rico, la pena de muerte se erradicó, por acción legislativa, en el año 1929 y la última persona en ejecutarse fue Pascual Ramos el 15 de septiembre de 1927.

Su prohibición se incorporó años más tarde a la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado.

'La ejecución de un ser humano por el estado es, por tanto, en nuestra tradición jurídica puertorriqueña moderna, no sólo ilegal; es, ante todo y sobre todo, inconstitucional', insistió Rivera Pagán, quien recordó las palabras que el entonces rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Pagán, dijo ante la Asamblea Constituyente del Estado Libre Asociado el 14 de diciembre de 1951:

'La prohibición de la pena de muerte... responde a la convicción firme de que dicha pena, lejos de constituir la ejemplaridad y el escarmiento que algunos pretenden, estimula la satisfacción de sentimientos sádicos sin disminuir en lo más mínimo, según la experiencia universal demuestra, el número o frecuencia de delitos capitales. Ni desde un punto de vista teórico, ni tampoco por consideraciones prácticas, es recomendable. Al eliminarla por precepto constitucional se expresa la posición moral del pueblo puertorriqueño acerca del valor inviolable de la vida humana'.

Rivera Pagán subrayó el detalle de que 'no debe pasar desapercibido el mérito especial que tal decisión tiene por provenir de un territorio no incorporado, o, si se me permite el uso de un término más preciso, de una colonia sometida ala jurisdicción suprema de los Estados Unidos de América, nación donde se consideraba la pena de muerte, como todavía en muchos de sus estados aún se estima, una de las facultades constitutivas del gobierno en su faz de control jurídico de las vidas de ciudadanos y residentes'.

Durante su ponencia, Rivera Pagán hizo un recorrido por la bibliografía y literatura sobre la pena de muerte pasando por 'Utopía' (1516) de Tomás Moro y hasta llegar a 'La sombra del Celta' (2010), el último libro de Mario Vargas Llosa.

El profesor es autor de las obras: 'Entre el oro y la fe: El dilema de América'(1995), 'Mito exilio y demonios: literatura y teología en América Latina' (1996), 'Diálogos y polifonías: perspectivas y reseñas' (1999), 'Essays from the Diaspora' (2002), 'Fe y cultura en Puerto Rico' (2002) y 'Teología y cultura en América Latina' (2009); entre otras.