Acompañada de un nutrido grupo de líderes de comunidades pobres, la ex gobernadora Sila María Calderón sacó la cara por las comunidades especiales y exigió al gobierno que defienda sus leyes y ejerza su deber ministerial de hacerle justicia social a los que tienen menos recursos económicos.

Calderón le salió al paso al Departamento de Justicia que inexplicable y sorpresivamente se alió con el Municipio de Guaynabo en un caso en el que solicitó al Tribunal de Apelaciones que revoque una decisión favorable a la agencia y a las comunidades especiales en ese ayuntamiento.

Sostuvo que el gobierno de Luis Fortuño y sus agencias han traicionado a las comunidades especiales en este caso que le resulta 'insólito', 'absurdo' e 'inmoral' porque luego que el Tribunal de Primera Instancia falló a favor de las comunidades especiales, Justicia cambió su postura para pedirle al Apelativo que revise el fallo a su favor.

'Si las comunidades especiales no prevalecieran en este caso, se abre la puerta para borrar su existencia del ordenamiento jurídico y para que se expropien sus terrenos a diestra y siniestra, sin consultar a los residentes que han conformado vecindarios con profundos lazos sociales de décadas de existencia', dijo Calderón en rueda de prensa.

'Esto también podría llevar a entronizar el discrimen a través de la eliminación sistemática de las comunidades pobres de Puerto Rico', afirmó.

Calderón levantó su voz de alerta ante la politización partidista de las instituciones gubernamentales.

'Cuando un Departamento de Justicia cambia su posición en forma dramática y desacostumbrada, uniéndose a quién está demandando a sus representados, podemos entonces esperar que cualquier cosa suceda en nuestro país. Estamos todos vulnerables a que la política partidista pisotee los derechos que hemos adquirido como ciudadanos', aseguró.

Calderón hizo un llamamiento a Fortuño y al alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, al recordarle que un 56% de la población vive en la pobreza.

'Yo creo que hay que mirar, pero hay que ver, hay que oír, pero hay que escuchar y hay una realidad en nuestro país que hay que mirarla con el alma. Esto no son estadísticas abstractas que no significan nada sobre un papel, son seres humanos de carne y hueso como nosotros que sufren como sufrimos nosotros y que se alegran como nos alegramos todos', indicó.

'El dolor no tiene color. Todos sufrimos iguales no importa si somos populares, penepés, independentistas o de lo que sea, todos sufrimos igual y los gobiernos son para todos los puertorriqueños', sentenció.

(Josian Bruno/Para NotiCel)

Mientras Mía Torres, de la comunidad Vietnam, acusó a O'Neill de ser 'un hacenda'o que se cree no sólo dueño de la tierra, sino de la vida' de los miembros de su vencindario.

'Esto hay que detenerlo ya porque es abuso', afirmó la líder comunitaria.

Sostuvo que hasta el 2010 ha habido expropiaciones forzosas en su comunidad en violación de la ley porque dichas expropiaciones se han dado sin consultar a los vecinos.

'Nuestro barrio ha estado sometido constantemente al maltrato de los empleados municipales, incluyendo al de Vivienda municipal. Ellos han estado hostigando a mi comunidad al entrar a las casas sin autorización de los dueños para medir y entonces enviarle una carta para decir tu casa está tasada ya, el dinero está depositado en el tribunal, esta presión sicológicamente está perjudicando a mis viejitos', sostuvo Torres.

Indicó que las personas mayores son las más vulnerables y que pueden llegar a morir cuando sufren esas expropiaciones forzosas.