A las 7:00 p.m. finalizó el Segundo Tribunal del Pueblo, donde por espacio de cinco horas un panel de jueces coordinado por la licenciada Wilma Reverón, y en el que también participó el director ejecutivo del US Human Right Network, Ajamu Baraka, escucharon testimonios de varios portavoces que denunciaron las violaciones cometidas en la Isla.

Entre los testigos también figuraron Pedro Julio Serrano, portavoz de Puerto Rico para Tod@s; Xiomara Caro, líder estudiantil de la Universidad de Puerto Rico; William Ramírez, director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU); Osvaldo Toledo, presidente del Colegio de Abogados, entre otros.

José Rivera, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) informó que tras escuchar los testimonios el jurado –compuesto por el pueblo- declaró culpable al Gobierno en todos los casos, luego de haber escuchados los testimonios sin que la lluvia los espantara.

Ahora resta a la deliberación de los jueces que podría demorar semanas o meses. No obstante, abundó que a partir de hoy habrá un tiempo de 15 días para que otras personas que así lo deseen puedan someter más evidencia. Una vez se tenga el veredicto la información será enviada a las partes implicadas, a organizaciones internacionales -entre ellas las Naciones Unidas-, y otras entidades.

El Segundo Tribunal del Pueblo sesionó en la Plaza Convalecencia de Río Piedras con una multitud de personas.

Personas como Clara Garcia, madre de la estudiante del Departamento de Educación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, Marianela Méndez, quien fue arrestada dos veces durante la lucha huelgaria. Acudieron ya cansados de la violacion de sus derechos humanos. 'Yo creo que la gente está frustrada y en depresión, muchos no tienen trabajo, están sufriendo', manifestó. Recordo a su vez el abuso policiaco contra los manifestantes en la huelga estudiantil, dejándolos por hora en prisión, privándoles de alimento y agua, utilizando métodos extremistas.

Al preguntársele porque está aquí, narrró que 'mi madre me dijo 'una sola golondrina no hace un verano' y yo digo, pero molesta en el tejado'.

Otro fue el portavoz del Comité Utuadeño en contra del Gasoducto, Gustavo Casalduc, quien denunció como violaciones al derecho ambiental, una serie de proyectos que la Administración Fortuño ha puesto en marcha.

Uno de los efectos que denunció Casalduc en el caso del gasoducto son el que sufrirían más de 500 familias en el barrio Quebrada Arena y la comunidad Río Debajo de Utuado a quienes se les afectaría directamente el uso del agua potable y por quienes el líder ambientalista envió una carta al congresista Luis Gutiérrez para su ayuda y gestión en este caso.

También trajo ante la consideración del tribunal del pueblo la extensión de la PR-22, conocida como el Expreso De Diego, cuya construcción de Hatillo a Aguadilla pone en serio peligro la industria lechera de la zona además del impacto ambiental.

Otro proyecto de la actual administración que planteó Casalduc, esta vez en el área de turismo, fue la construcción de 'Villas Mi Terruño' en la Isla de Culebra. Este proyecto que consta entre otros de 110 unidades de vivienda y dos hoteles, impactaría una zona montañosa de 100 cuerdas de terreno.

En el área sur mencionó el proyecto Wind Mar en Guayanilla que, según dijo, pone en peligro el Bosque Seco de Guánica y la construcción del Parque Eólico en Santa Isabel que, además de impactar con cemento una finca de 21 cuerdas donde se pondrían los abanicos, tendría una repercusión en un predio de 3,700 cuerdas sembradas de frutos y hortalizas, amén de que se afectaría el empleo de los agricultores de esa siembra.

Mientras, el catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, también ex presidente del Colegio de Abogados, señaló que 'Puerto Rico vive un estado de agitación social'. Enumeró una serie de eventos que a su juicio atentan contra los derechos de la población. Y fue más lejos aún al sentenciar que 'no existe confianza en ninguna de las tres ramas del gobierno'.

Por su parte, la catedratica de la UPR, Linda Colón, ex directora de la desaparecida Oficina de las Comunidades Especiales, determinó que las personas desventajadas han caído en un círculo vicioso donde los ingresos ni la oferta de empleo mejoran, pero la carga en sus bolsillos aumenta, al igual que son más discriminados y perseguidos. Condenó el sistema educativo del país y las políticas públicas del gobierno actual que detalló que llevan a cabo 'ajustes estructurales de corte neoliberalista'.