Conforme con su estilo expedito, el gobernador Luis Fortuño firmó el pasado 29 de abril una Orden Ejecutiva (OE) para crear en 15 días un comité asesor sobre el futuro de la educación superior en Puerto Rico.

De manera que el comité, nombrado en su totalidad por el Gobernador, deberá estar organizado para el 14 de mayo. Según la OE, este comité analizará los aspectos financieros y educativos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que han sido objeto de intenso debate en los últimos dos años, y hará recomendaciones para lograr mayor aprovechamiento académico de los estudiantes, para establecer una estructura apropiada de administración, nuevos esquemas de financiamiento, lograr profesionales más competitivos, fortalecer los programas de investigación con entidades gubernamentales y no gubernamentales, y promover la colaboración de la UPR con instituciones de educación privada, entre otras.

El comité deberá cumplir con esta encomienda para el 15 de agosto, fecha para la cual debe rendir un informe preliminar y, para el 1 de noviembre, un informe final. Esta medida es radicalmente contraria a las recomendaciones de la Middle States, agencia acreditadora de la UPR, que requirió de la administración universitaria más participación de la comunidad universitaria, más acceso a información y una mejor comunicación entre sus miembro para cumplir con sus estándares. De igual manera, se puede notar que la OE no impone como requisito que alguno de los miembros del comité sea parte la comunidad universitaria ni obliga al mismo a consultar con docentes, estudiantes o administradores para redactar el informe final que decidirá sobre el futuro de la UPR.

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