El comisionado residente Pedro Pierluisi defendió el contrato que la Autoridad de los Puertos le concedió a la empresa de su cuñado, Andrés Guillemard, para inspeccionar con máquinas de lectura electrónica los furgones que llegan a los muelles de Puerto Rico y restó importancia al referido hecho por el presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, a las autoridades federales para que lo investiguen por supuestas irregularidades.

'Eso está en manos de la Autoridad de Puertos, yo no intervengo en ese tipo de decisiones (de contratación). Me parece muy bueno el proyecto', dijo Pierluisi en conferencia de prensa.

'Yo creo que es muy difícil que alguien se oponga a que revisemos la carga que llega a Puerto Rico. Sabemos que estamos inundados de armas ilegales y sabemos de dónde vienen, vienen de los Estados Unidos y es cuestión de usar el sentido común, también se sabe que muchas de ellas entran por los contenedores', dijo.

La Asociación de Industriales y otras organizaciones que representan a los patronos del país se expresaron hoy en contra del proyecto, del que aseguraron representa un costo de $13 millones de dólares para el erario sin ofrecer ninguna garantía de que, en efecto, podrá evitarse la entrada de armas ilegales y de sustancias controladas a la isla de manera ilegal a través de contenedores.

'En principio el proyecto es un proyecto positivo… el detalle de la contratación no lo tengo', dijo Pierluisi.

En cuanto al referido que hizo Ferrer, Pierluisi sostuvo: 'Yo estoy seguro que el FBI va a evaluar el asunto y tomar la decisión que corresponda. Esto no es cuestión de nombres, apellidos y parentescos, aquí todos estamos sujetos al mismo escrutinio'.

'Aquí todas las agencias y todas las personas, no hay excepciones, todos tienen que ajustarse a la ley y el orden. Los procesos tienen que ser transparentes, adecuados, tenemos que velar por el buen uso de los fondos públicos', destacó.

Ferrer dijo ayer que enviará a las autoridades federales la información que posee, el expediente del oficial examinador Roberto Vega Pacheco, que lleva las audiencias para trabajar y aprobar el reglamento para realizar ese tipo de trabajo, en el que hay una carta de Esther Martínez que establece que el entonces director ejecutivo de Puertos, Álvaro Pilar, le explicó a los representantes de (la compañía) Rapidscan (de Guillemard) que no se preocuparan por las otras empresas que iban a participar del RFP (Request for proposal) porque el proyecto lo iban a ganar.