Puerto Rico continúa en un estado de emergencia energética, a pesar de que la Casa Blanca considera que la Isla produce tanta energía que podría venderla a las Islas Vírgenes estadounidenses, después de que el gobernador Luis Fortuño extendiera el plazo de vigencia de la orden ejecutiva que así lo estableció en julio de 2010.

NotiCel tuvo hoy acceso a la notificación, con fecha el 15 de marzo, en la que el asesor del Gobernador en asuntos legislativos Philippe Mesa Pabón informa a la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, que Fortuño 'aprobó y firmó' el 14 de marzo el Proyecto del Senado 1953.

La medida, presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto a una veintena de senadores, enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 76 del 5 de mayo de 2000, 'a los fines de disponer que el Gobernador podrá, mediante Orden Ejecutiva, autorizar la continuación de un estado de emergencia durante el término de su incumbencia; y para otros fines relacionados'.

La Ley considera que 'la disponibilidad de energía eléctrica y de combustibles es esencial para el desarrollo y sostenimiento de las economías modernas'; que se debe 'reducir la dependencia en los combustibles derivados de petróleo para la generación de electricidad en Puerto Rico; y que 'sin duda, Puerto Rico enfrenta una crisis en su estructura energética'.

'Es impostergable la renovación urgente de la infraestructura para generar energía amigable con el ambiente y así poder encaminar a Puerto Rico a disminuir su dependencia de combustibles derivados del petróleo', indica la medida que mantiene competencias de excepción para el Gobernador y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que gracias a la orden ejecutiva pueden realizar contratos y tomar decisiones por la vía rápida y sin cumplir necesariamente con los requisitos exigidos normalmente para ello.

'Se requiere tomar acciones urgentes para solucionar nuestra situación. No nos podemos quedar de brazos cruzados y continuar con el rumbo de la inacción que ha imperado en el pasado', insiste la medida.

El 19 de julio de 2010, Fortuño firmó una Orden Ejecutiva declarando un estado de emergencia energética para ordenar 'la utilización de un proceso expedito para el desarrollo de proyectos y programas que fomenten una nueva infraestructura de generación energética'.

Numerosas organizaciones ambientalistas y comunitarias así como la oposición han señalado que la orden ejecutiva es una excusa para construir un gasoducto saltando procesos de consulta o permisología y otorgando contratos sin los debidos procesos de subastas, por ejemplo.

La propia medida confirma que 'para reducir los costos de energía eléctrica de los puertorriqueños y de infraestructura a corto plazo, el Gobernador ha anunciado que se está construyendo la Vía Verde (gasoducto). Este es uno de los proyectos de infraestructura más importantes de este milenio, el cual resultará en una considerable reducción de los costos energéticos mediante el uso del gas natural, un combustible limpio, económico y seguro'.

Precisamente, Fortuño defendió hoy nuevamente el gasoducto como una medida para ir reduciendo la dependencia del petróleo, al tiempo que afirmó que se desarrollará en el área sur una finca de generación de energía solar a través de sistemas de paneles fotovoltaicos.

Fortuño, por su parte, afirmó que lo que su gobierno llama 'Vía verde' es una solución temporera para ir reduciendo la dependencia del petróleo y aseguró que el gasoducto no es contrario a las recomendaciones que realizó la Casa Blanca, en su informe sobre Puerto Rico publicado ayer, para abaratar los costos de electricidad en la isla.

'Vía verde no es un proyecto de energía renovable, es una fuente alterna de energía. Lo que hemos dicho desde el primer momento es que vemos a 'Vía verde' como una alternativa a dejar de pagar tanto como pagamos ahora por el petróleo que es mucho más sucio, más peligroso y mucho más caro', defendió hoy Fortuño.

Por su parte, el director de la organización Casa Pueblo de Adjuntas, Arturo Massol Deyá, señaló que el informe de Casa Blanca publicado ayer 'no habla de emergencia energética ni de transición con gas natural y menos de un tubo necesario y salvador'.

En noviembre del año pasado, el Tribunal de San Juan desestimó la petición del Partido Popular Democrático (PPD) de que se invalidara la orden ejecutiva del gobernador Luis Fortuño declarando un estado de emergencia energética en el País para acelerar la construcción del gasoducto.

El PPD apelaría porque 'la seguridad y la protección de las comunidades que se verán afectadas por la construcción de este gasoducto está por encima de cualquier interés económico que tenga este gobierno. Ante esta desacertada decisión en el Tribunal, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, al contrario, continuaremos la lucha para combatir este gasoducto', dijo el entonces presidente del partido, Héctor Ferrer.

El mismo mes, el senador Antonio J. Fas Alzamora trató de dejar sin efecto la orden ejecutiva de emergencia sometiendo una medida a tal efecto considerando que no existe una emergencia energética que obligue a la construcción de un gasoducto'.

La Resolución Conjunta del Senado 678 también ordenaba, sin éxito, que los procedimientos de permisos para el gasoducto se adjudiquen siguiendo trámites ordinarios y no del modo expedito que utiliza el Ejecutivo.

Casa Pueblo de Adjuntas denunció poco después de ser emitida la orden ejecutiva que tres meses antes de que se declarara la emergencia energética, bajo la cual se justifica la creación de una tubería para transportar gas natural, ya el gobierno de Puerto Rico había comenzado la contratación de servicios técnicos con empresas para armar la propuesta Vía Verde o gasoducto del norte.

Massol Deyá ya denunció entonces contratos que sumaban hasta 22 millones de dólares registrados en la oficina del contralor antes de que se decretase tal estado de emergencia en junio de 2010 que alegadamente evidenciaban un 'montaje' para impulsar el controvertible y cuestionado proyecto.

'Desde el año 2009 ya está contratada la compañía Ballori y Farré, se contrata también al ingeniero Pedro Ray Chacón, de Ray Engineers y desde abril de 2010 ya se está diseñando la tubería del gasoducto', apuntó Massol Deyá.

'Es como buscar el antídoto, la solución a una emergencia y más tarde declarar la emergencia', insistió entonces el ganador del prestigioso Premio Ambiental Golmand.