Con la decisión judicial en el caso civil por la custodia de las hermanas del finado niño Lorenzo González Cacho comenzó a hacerse justicia al menor, opinó el representante legal y primo del padre, Carlos Javier Sánchez.

Y es que en la extensa decisión, la jueza de familia de Bayamón, Sonia del Toro, señaló que Ana Cacho, madre del niño, e Ivette González, abuela de Lorenzo, manipularon a las menores para que no hablaran de la muerte de su hermanito, ocurrido el 9 de marzo del año pasado en la residencia de Cacho en Dorado del Mar.

'Tenemos sentimientos encontrados porque por un lado uno está muy alegre con la decisión que se ha tomado más que nada porque se le está empezando a hacer justicia a las hermanas de Lorenzo, pero por otro lado muy triste de ver cómo la familia materna ha manipulado a estas dos menores para impedir que narren lo que saben de cómo asesinaron a su hermano. Eso es nefasto', indicó Sánchez a NotiCel.

'Hay un contraste bien grande entre Ana y Ahmed. Ana manipuló a las niñas defendiendo sus intereses personales y eso es inconcebible. Mi primo ha hecho todo lo contrario, se ha mantenido velando por el bienestar de sus hijas y no ha contestado la demagogia que Ana y su familia han pretendido difundir en los medios en su contra', destacó.

Para Sánchez las niñas deben seguir manteniéndose alejadas de la familia Cacho por tiempo indefinido y permanentemente.

'Definitivamente ella estaba allí (escena del crimen) y el cuentito este con el que nos ha tenido mareados a lo largo de este año través del ‘media tour' no es sino una bola de humo para tratar de ocultar la realidad. Con esta decisión del tribunal ha quedado desenmascarada tanto ella como su mamá, como lo mentirosas y manipuladoras que son', sentenció.

Sánchez advirtió que están preparados para enfrentar la posible apelación en el caso de custodia y que las declaraciones de Cacho tratando de implicar a González en el posible crimen no surtirán efecto.

'Ellas han tratado de implicar a mi primo desde el primer día y mi primo siempre ha mantenido su norte: el bienestar y la protección de sus hijas. Por eso siempre hemos manifestado que mi primo habla donde tiene que hablar en Justicia, en Fiscalía y la Policía y se sometió a todas las pruebas que le pidieron en esas agencias', destacó.

Cacho y González volverán a verse las caras en la vista de permanencia señalada para el 11 de abril en la que se le dará cierre final y definitivo al caso.

Para el otrora abogado de Cacho, Antonio Sagardía, no habrá un jurado que pueda emitir un veredicto imparcial en un futuro proceso judicial criminal contra la mujer.

'De lo poquito que he podido ver, ya a Ana la sentenciaron. Pero la sentencia recoge mucha prueba de referencia, esas niñas no declararon en el foro judicial, sus declaraciones son producto de las entrevistas que le hicieron a las menores trabajadoras sociales a saber en qué ambiente', dijo Sagardía, quien pidió a NotiCel un tiempo adicional para analizar con detenimiento la sentencia de 42 páginas y elaborar sus comentarios.

La jueza del Tribunal de Menores Bayamón ratificó ayer una decisión del Apelativo que quitó la custodia de las dos hermanas de Lorenzo, de 6 y 14 años, a la madre y mantuvo la prohibición a toda persona de la familia materna de mantener relaciones con las niñas, ahora bajo custodia del padre.

Pero la sentencia va más allá entrando en particularidades que se esperaría que trascendieran en el venidero juicio criminal, y no en el civil por la custodia de las menores.

En la sentencia, se realizan fuertes acusaciones contra Cacho, como que conoce lo que pasó con su hijo y que incluso pudo haber participado de alguna manera en el asesinato o que está encubriendo a los que lo cometieron.

A la presión popular que reclama que se resuelva el caso y al vía crucis mediático que han protagonizado la madre del niño y la abuela del menor, Ivette González, se suma ahora esta nueva sentencia que no deja de ser un castigo para la familia materna, independientemente de la participación o encubrimiento de los hechos por parte de la madre.

En la nueva decisión judicial, se recuerda, además, que Ana y su mamá, Ivette, habrían manipulado presionando a las dos hermanas de Lorenzo para que no dijeran nada sobre la noche de los hechos.

En la sentencia, se determina que Cacho sabe lo que le pasó a su hijo, que se ha negado a compartirlo y que ha presionado a sus hijas para que tampoco hablen. También se manifiesta que la madre ha dado tres versiones distintas de lo que le habría pasado a su hijo. Dos de esas versiones eran conocidas: que el niño se cayó de la cama como le había pasado anteriormente y que no sabe lo que pasó; y una nueva en la que asegura que alguien fue a matarla a ella a su casa y asesinó al niño.

Por ello, Cacho les habría causado un gran perjuicio sicológico a sus hijas al impedirles expiar el secreto de la muerte del hermano.

Según la sentencia, una de las niñas, la mayor, declaró a una sicóloga que no quería 'saber' de su mamá porque 'le hizo daño a Lorenzo' y que la abuela 'la protege'. En el documento se insiste en que 'las menores sospechan' de la madre.

Por su parte, la menor de las niñas, indicó, según señala la sentencia, que 'mamá es mala, sabe lo que le pasó a Lorenzo y no quiere decirlo, hay un ‘secret', está nerviosa'.

Diferentes opiniones de profesionales de la salud mental sostuvieron, según la sentencia, que las niñas han sufrido un gran deterioro emocional debido al conflicto de fidelidades en el que les puso su madre hasta el punto de que temen que les pueda pasar lo mismo que a Lorenzo, y a una de ellas hasta se le cae el pelo.

Cacho negó en varias entrevistas de prensa que haya intervenido con sus hijas y ha indicado que desde el inicio les pidió que dijeran la verdad en el caso.

El niño Lorenzo fue asesinado mientras estaba en su casa bajo la custodia de su madre en circunstancias que permanecen en un misterio. A un año del suceso, el crimen aún no se ha esclarecido y el pasado 2 de marzo el Fiscal General de Justicia, Obdulio Meléndez, sostuvo públicamente que tiene evidencia en contra de Cacho. Sin embargo, no se han radicado cargos en contra de la mujer.

El secretario de Justicia, Guillermo Somoza, ha insistido en que esa agencia no radicará cargos hasta que tengan la certeza de que podrán probar el caso criminal más allá de toda duda razonable.