Hace más de ocho meses que se conoce que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tiene que devolver a la cárcel a unos 50 reos convictos por asesinatos que por error de la agencia permanecían con grillete electrónico en la calle desde hace más de 15 años. Hoy, el secretario de Corrección, Carlos Molina; el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, y la secretaria de la familia, Yanitzia Irizarry, darán a conocer finalmente que serán reingresados a prisión.

La situación había sido denunciada en agosto de 2010 por Inter News Services, pero Molina no reaccionó porque su grupo legal estaba evaluando la determinación del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos que ordenaba que los convictosfueran reencarcelados.

El pleito judicial, que comenzó en 2005 en los foros federales, dio al DCR la razón y el poder de implementar retroactivamente la Ley 49 de 1995, que limita los beneficios de libertad condicionada o supervisada a los convictos de ciertos delitos, lo que en un principio fue rechazado por el juez federal Juan Pérez Giménez.

En agosto de 2010, el ex secretario de Corrección Miguel Pereira recordó lo sucedido. 'Cuando llegué (al DCR) encontramos que había personas en libertad inapropiadamente. Era por unas leyes especiales que trataban cada segmento de manera particular y era imposible determinar quién podía estar libre y quién no, y decidimos comenzar a reingresar a los más malos primero, los de asesinatos. Allí surgió la demanda de la Corporación de Acción Civil'.

Fueron 114 individuos los que objetaron que el DCR decidiera eliminarles el uso de grilletes electrónicos porque 'las leyes criminales no pueden ser impuestas de forma retroactiva' y la Ley 49 entró en vigor desde hace 15 años, explicó hace meses a INS el abogado Guillermo Ramos Luiña.

'Todos cometieron los hechos previo a la aprobación y firma de la Ley, no puede aplicarse retroactivamente porque se prohíbe, hay problemas de ex post facto. Sólo se puede aplicar a partir de la Ley, pero el Tribunal de Apelaciones de Boston dijo que no hay problemas de ex post facto y, respetuosamente, entendemos que se equivocó', afirmó Ramos Luiña.

Pero, para Pereira, 'era un error de Corrección, no era de aplicación de la Ley. Ya habían soltado algunos presos que fueron juzgados y tenía que corregir el error. Por eso el Tribunal Supremo de Puerto Rico nos dio la razón y ahora Boston (el Tribunal de Apelaciones federal)'.

Aunque el caso contaba con más de 100 afectados, alrededor de 50 convictos podrían regresar a las cárceles, ya que otros fallecieron y algunos han pasado a participar de programas de libertad bajo palabra.

Carmen Rivera Feliciano, María Flores Feliciano, Mendelson Ortiz Nicolau, Edgardo Hernández Ortiz, Inés Navedo Vázquez y Gilberto Rivera Rodríguez son algunos de los demandantes que se verían afectados.

De igual manera José Rivera Aneiro, Héctor Rivera Ortiz, Wilgberto Mario Feliciano, Carlos Rosario Adorno, Domingo González Marie, Alexis Ortiz Berrios, Ángel Marcano Ortiz, Pedro Beltrán Carrasquillo, Luis Meléndez Ramos y otros convictos pasarían el resto de sus sentencias tras las rejas.

'Eso nos trae la pregunta de si se debe convalidar el tiempo que estuvieron en la libre comunidad porque hubo muchos otros que no salieron por ese error', cuestionó Pereira, quien sugirió que sea la Legislatura la que tenga la última palabra en el asunto con una legislación que aclare el alcance de la madeja de leyes especiales que afectan a los confinados que pueden participar en programas de desvío.

Pero, según la convocatoria a la conferencia de prensa, los convictos serán reingresados al sistema correccional.

Los abogados de defensa de los reos habían adelantado que llegarían hasta el Tribunal Supremo, pero todo apunta a que no prosperó.

En caso de que fueran reingresados, la ACR tendrá que convalidar el tiempo que estuvieron en la libre comunidad con grillete electrónico por un interdicto permanente que emitió el Tribunal de Apelaciones federal.

'Que sepamos, ninguno de los convictos ha reincidido y los problemas que han surgido ha sido por violaciones a las condiciones impuestas. Creo que a 2 o 3 de ellos los revocaron del programa por violaciones a las condiciones, pero no porque hayan vuelto a delinquir. Y luego, en las vistas para probar los casos, se demostró que no había violación alguna y los pusieron en el programa de nuevo', dijo Ramos Luiña.

Por la gran cantidad de demandantes, los casos de Ariel Reyes Rivera, Juan Ortiz Vargas, Efraín González Fuentes, José Urbina Pérez, Ricardo Marrero Vázquez, Benjamín Alers Rodríguez, Héctor Quiñones Andino, Melvin Suárez Fernández, Edgardo Rivera Borrero, Rafael Rivera Pérez, Arsenio Sánchez Rodríguez, Andrés Candelario Agosto, entre otros, fueron consolidados y continuarán su curso en el máximo foro judicial estadounidense.