El juez federal Francisco Besosa reinstaló el veredicto de culpabilidad al senador Héctor Martínez en una orden en la que no da otra explicación o fundamento que no sea que lo hace, 'tras reconsideración'.

En su orden, mantuvo un calendario de radicación de mociones que culmina el 24 de marzo para entonces decidir si va a conceder la absolución perentoria. Anoche, tras el veredicto, Besosa retiró el veredicto de culpabilidad por el cargo de conspiración contra Martínez. Anoche mismo tuvo otro 'pa' lante y pa' tras' cuando primero dijo que encarcelaría al senador y al empresario Juan Bravo, y luego los dejó en libertad.

De esta forma, Martínez quedó absuelto por el jurado del cargo de obstrucción a la justicia y de viajar para cometer soborno, pero convicto por soborno y conspiración. Bravo, por su parte, quedó convicto de soborno, viajar para cometer soborno, y conspiración.

El neto del veredicto para Bravo y Martínez es que enfrentan por lo menos 10 años de cárcel, que es la pena más alta que conlleva el soborno, el delito de más alta pena. El jurado fue benévolo con Martínez al absolverlo de la acusación de obstrucción a la justicia, que conlleva una pena de 20 años.

Ambos convictos tienen oportunidad de solicitar por escrito la absolución perentoria, una facultad que tiene el juez cuando determina que la fiscalía no probó los elementos de algún delito. Esta facultad puede dar al traste con el veredicto pero, distinto al veredicto, la fiscalía puede pedir al tribunal de apelaciones que revise la absolución perentoria del juez, así como su descargue de la convicción de conspiración de Martínez.

Luis Fraticelli, jefe del FBI (al frente), y el fiscal Peter Koski (derecha atrás).

El veredicto de anoche se produjo después de que la Fiscalía presentara una docena de testigos, y de que la defensa de Martínez y Bravo desistiera de llevar los suyos o presentar más pruebas confiados en que el fiscal Peter Koski no había probado la culpabilidad de sus clientes y alegando supuestos defectos de ley en las acusaciones, entre otros argumentos. Asimismo, se da en el contexto de que el esperado testigo clave de Fiscalía, el convicto ex senador Jorge de Castro Font, fuera descartado a última hora sin declarar, pese a que su figura como extorsionador habitual de empresarios, Bravo incluído, fue una constante en los testimonios durante el proceso.

Durante las dos semanas de juicio Koski y su equipo trataron de demostrar que Bravo pagó a Martínez un viaje a Las Vegas en 2005 para ver una pelea de boxeo de Tito Trinidad y que corrió con los gastos -desde los privilegiados asientos cerca del ring a $1,000, hasta las lujosas suites del Mandalay Bay Resort donde se hospedaron- a cambio de que se impulsaran en el Senado dos proyectos de ley que beneficiarían a la compañía de seguridad que entonces presidía el empresario, Ranger American.

El proyecto de ley 410, que pretendía el establecimiento de un código de conducta para que los centros comerciales pudieran llevar un registro de infractores para impedir su entrada, fue aprobado en el Senado y la Cámara de Representantes, pero se colgó en La Fortaleza con lo que se conoce como un 'veto de bolsillo' del Gobernador, lo que significa que el Primer Ejecutivo dejó pasar el tiempo sin rubricar la medida.

El proyecto de ley 471 pretendía hacer más restrictiva la Ley de Detectives Privados y no pasó el escrutinio de la Cámara ya que algunos críticos consideraban que hubiera favorecido que la Ranger American y la empresa se hubiera quedado con el monopolio del mercado de la seguridad privada en el país.

Durante el proceso judicial la defensa de Martínez, encabezada por Abbe Lowell, argumentó que Fiscalía no había probado su jurisdicción con respecto a que se malversaron fondos federales y que en los hechos imputados no estuvo envuelto dinero público alguno. Asimismo planteó que no desfiló prueba de que las invitaciones de Bravo a Martínez tuvieran relación directa con el alegado intercambio de favores.

Por su parte, el abogado de Bravo, David Chesnoff, defendió que no se probó que los proyectos impulsados por Martínez fueran a proveerle beneficios al empresario y aseguró que algunos testigos presentados por la Fiscalía carecían de credibilidad y eran parte interesada, como Néstor Medina, de Loomis Fargo, quien testificó que una de las medidas hubiera dejado a Ranger American con el citado monopolio.

Por su parte, el fiscal Koski, sostenía que la evidencia que demuestra la culpabilidad de los imputados es 'abrumadora' y que si hay mucha prueba circunstancial, también hay 'evidencias directas': que Bravo llevó a Martínez a Las Vegas y le pagó el hotel y los boletos de $1,000 para la pelea, que el Senador impulsó los proyectos que le interesaban a Bravo y que lo invitó a participar en las vistas legislativas.

La defensa sostuvo en todo momento que esto 'no es suficiente' para probar los cargos particulares imputados.

La última prueba presentada por la Fiscalía fue la transcripción de una declaración jurada de Martínez ante un Gran Jurado, en 1999, en el caso por soborno contra el ex legislador convicto por corrupción Freddy Valentín, que no fue leída en sala, sino que estipulada.

Durante el juicio quedó claro que Martínez, De Castro Font y Bravo viajaron a Las Vegas y disfrutaron juntos de la pelea de Tito Trinidad y de una estancia en un hotel de lujo. También se probó que Bravo presentó los proyectos que beneficiaban a Ranger American y fueron aprobados por el Senado en fechas cercanas al evento boxístico. Lo que debía decidir el jurado es si el viaje a Las Vegas formó parte del imputado intercambio ilegal de apoyo legislativo por favores personales.