Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) fueron sacados del área de la Rotonda del Capitolio, donde los presidentes legislativos rendían homenaje a los ex gobernadores, de los cuales hoy se develarían bustos en el tercer piso de la sede legislativa.

Los ocho estudiantes pasaron desapercibidos para los organizadores del evento, toda vez que estaban bien vestidos para la ocasión y usaban traje y corbata. Ninguno era 'pelù', como los describen sus detractores.

El grupo comenzó a gritar consignas contra la cuota en momentos en que la presidenta cameral Jenniffer González se dirigía a los presentes. Una vez expulsados, los estudiantes reclamaron que todas las administraciones de gobierno han intervenido con la autonomía universitaria.

'Mucho se habla de la autonomía universitaria y que la universidad es pública, pero se nos impone una cuota de $800 que cohíbe mucho y a miles de estudiantes de estudiar… estamos hablando de que aquí hay una intromisión de la Legislatura, una falta de respeto a la autonomía universitaria y a nosotros los estudiantes', dijo Jesús Vélez, estudiante de Ciencias Políticas de la UPR, Recinto de Río Piedras.

Recordó que bajo el actual gobierno de Luis Fortuño se aumentaron los miembros de la Junta de Síndicos y se aprobó el polémico voto electrónico que permite a los estudiantes emitir su voto sobre decisiones estudiantiles sin necesidad de que asistan a las asambleas generales del estudiantado.

'Aquí cada una de las administraciones ha sido responsable por el desastre que hoy impera en la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, todos se han lavado las manos y le han achacado la culpa a los diferentes partidos y gobiernos y nadie asume la responsabilidad', destacó Vélez, quien criticó que Fortuño se dedique a responsabilizar por la crisis al pasado presidente Antonio García Padilla 'cuando es él quien tiene que asumir la responsabilidad'.

González llegó a reaccionar justo antes de que los ujieres intervinieran con los estudiantes, que 'esto lo permite la democracia en que vivimos'.

En su mensaje de aceptación del reconocimiento, el ex gobernador Carlos Romero Barceló reclamó que se establezca por ley que nadie puede al amparo del derecho constitucional de libre expresión interrumpir una reunión pacífica y de libre asociación de un grupo de personas con intereses comunes.

'El mayor crimen o delito que se puede cometer en una democracia es tratar de imponer mediante gritos, insultos, o por la fuerza la manera de pensar de un grupo sobre la mayoría. La libertad de expresión no da derecho a entorpecer el derecho de libre asociación de los demás', dijo Romero Barceló, quien describió a los estudiantes que se manifiestan en contra de la huelga como 'un grupito de revoltosos, que no quiere estudiar' que trata de imponer su criterio a los estudiantes que sí quieren asistir a clases.

Este gobierno ya aprobó una ley para tipificar como delito menos grave que se interrumpan servicios en la UPR y de instituciones de salud.

En el acto estuvieron presentes los ex gobernadores Barceló, Rafael Hernández Colón, y Pedro Rosselló. De los ex mandatarios vivos, se excusaron Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá.