El juicio que se lleva a cabo en el Tribunal federal de San Juan, en el que se trata de determinar si el senador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo conspiraron para que a cambio de favores del hombre de negocios el legislador impulsara dos proyectos de ley, transcurre sin que se hayan producido grandes sorpresas o impactantes revelaciones durante las primeras dos semanas de sesiones.

Por un lado, el ex senador convicto por corrupción Jorge de Castro Font se roba el 'show' en ausencia, y por otro, queda claro que algunos empresarios de éxito viven a todo tren, o, mejor dicho, en avión en primera clase y hoteles de lujo que a veces comparten con políticos.

El joven fiscal Peter Koski -quien participó en el juicio contra el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y que obtuvo su Juris Doctor el año en el que se produjeron los hechos que se juzgan, en 2005 en Stanford-, y su equipo, tratan de demostrar que Bravo pagó a Martínez un viaje a Las Vegas en 2005 para ver una pelea de boxeo de Tito Trinidad y que corrió con los gastos -desde los privilegiados asientos cerca del ring a 1,000 dólares por posadera, hasta las lujosas suites del Mandalay Bay Resort donde se hospedaron- a cambio de que se impulsaran en el Senado dos proyectos de ley que beneficiarían a la compañía de seguridad que entonces presidía el empresario, Ranger American.

El proyecto de ley 410, que pretendía el establecimiento de un código de conducta para que los centros comerciales pudieran llevar un registro de infractores para impedir su entrada, fue aprobado en el Senado y la Cámara de Representantes, pero se colgó en La Fortaleza con lo que se conoce como un 'veto de bolsillo' del Gobernador, lo que significa que el Primer Ejecutivo dejó pasar el tiempo sin rubricar la medida hasta que expiró el tiempo determinado para ello.

El proyecto de ley 471 pretendía hacer más restrictiva la Ley de Detectives Privados y no pasó el escrutinio de la Cámara ya que algunos críticos consideraban que hubiera favorecido que la Ranger American de Bravo se hubiera quedado en monopolio con el mercado de la seguridad privada en el país.

El abogado defensor de Bravo, David Chesnoff, se pavonea por entre sus ayudantes y cliente, frente al juez, al jurado y los fiscales en la sala, como una estrella hollywoodiense con impecables trajes de sastre azul marino y rizos rubios milimétricamente peinados con fijador. Entre otros personajes famosos, ha defendido a Mike Tyson y Paris Hilton. Ya sea una estrategia cuidadosamente estudiada o un exceso de confianza, Chesnoff a menudo parece despistado y olvidadizo y cuando objeta alguna pregunta del fiscal ante el juez, parece creer, malcriado, que es suficiente con levantarse del asiento para que se le de la razón.

'Objection! Your Honor. That question is… (Protesto, Señoría, esa pregunta es…)', y casi nunca acaba la frase esperando que el juez Francisco Besosa le de la razón abriendo las palmas de las manos a cada costado en posición de altanera plegaria.

El jefe de los abogados de Martínez, Abbe Lowel, no sólo parece más serio; a veces da miedo. Es pequeño de estatura, la alopecia ha conquistado gran parte de su cabeza e, indiferentemente de su olfato investigativo, tiene una gran nariz que parece subrayar la severidad de su profunda mirada. Con más nervio que Chesnoff, trabaja en las evidencias con aparente diligencia, habla con autoridad y, probablemente, ningún imputado por cualquier delito querría tenerlo nunca como fiscal.

El desfile de pruebas de los primeros días ha transcurrido con numerosas interrupciones y la dinámica de los interrogatorios ha parecido desordenada.

Algunos días, Koski lo objeta todo y Besosa le acepta sus protestas, sobretodo cuando está interrogando Chesnoff, lo que causa la frustración a la defensa, la impaciencia de los periodistas que siguen el caso y el aburrimiento del jurado, que aparentemente ha encontrado un subterfugio para manifestarse.

El pasado miércoles ocho miembros del jurado iban vestidos con alguna prenda roja, lo que provocó comentarios suspicaces entre el público, pero después de que el jueves no se celebrara sesión, nueve de sus integrantes llegaron a la sala el viernes con prendas de color verde.

Algunos asistentes al juicio apuestan si el próximo lunes los miembros del jurado aparecerán vestidos de 'azul palma' o 'negro nacionalista'.

En la zona designada para el público familiar de los imputados se ha visto al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y a la legisladora Lornna Soto, entre otros, detrás de las filas de asientos donde ayudantes de la defensa sacan documentos de cajas de cartón o pequeñas maletas de viaje a la orden de Chesnoff o Lowel.

En las primeras filas del lado en el que se sientan los periodistas se intercambian los ayudantes de la fiscalía. Algunos de estos ayudantes son fijos, a veces también con pilas de documentos, y otros aparecen en diferentes momentos de cada sesión con aspecto de ser 'Navy Seals' en trajes o mujeres fatales más que expertos en leyes.

Todavía los abogados defensores no han llamado a sus testigos mientras que los que ha llevado la fiscalía, principalmente; han confirmado que Bravo es un hombre generoso con sus amigos y querido por sus empleados; y que durante años habría dado dinero a políticos (sobretodo a Jorge de Castro Font, del que ya se había cansado porque le estaba 'dejando seco de un la'o') a cambio de que defendieran sus intereses sin importar si se trataba de estadistas o estadolibristas como Aníbal Acevedo Vilá.

Por lo demás, han trascendido fidelidades y traiciones y se ha profundizado en los mecanismos que siguen las propuestas de ley desde que son concebidas y se presentan en borrador, hasta que finalmente son aprobadas o rechazadas por los plenos de las cámaras.

El juez Besosa instruye a menudo al jurado para dejar claro, por ejemplo, que Bravo no aportó nunca dinero a la campaña de Martínez en 2004, cuando sí lo hizo por los ex gobernadores y contrincantes Pedro Rosselló y Acevedo Vilá o el alcalde Jorge Santini; o para determinar que todo lo que dijera el experto en proyectos legislativos José Velázquez, quien redactó e investigó las repercusiones constitucionales y prácticas de las medidas 410 y 471, sólo debía considerarse con respecto a Martínez.

Besosa corrige a menudo al intérprete que traduce a los testigos que no hablan o comprenden el inglés apropiadamente; recurre constantemente a la transcripción electrónica inmediata de lo todo lo que se dice en su sala y toma notas con uno de los muchos lápices amarillos y con borrador en el extremo que, como un florero, adornan en un lapicero su estrado junto al mazo de magistrado.

Cuando presume que el testigo no entiende algo o al magistrado algún particular no le queda claro, reformula las preguntas de fiscales y defensores.

Las sesiones comienzan habitualmente con al menos 15 minutos de retraso, inconcebible para algunos que esto suceda en un tribunal federal, por muy en el Trópico que se celebre.

El almuerzo, con regreso a las dos menos cuarto de la tarde, es sagrado. En la cafetería del Tribunal federal en Hato Rey se come bien, criollo y americano, a un precio razonable y con la curiosa posibilidad de que en la mesa de al lado lo mismo se sienta un imputado que un juez.