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Día 8 caso Martínez: sientan a testigo clave

Poco antes del receso de mediodía decretado por el juez Francisco Besosa, la Fiscalía sentó a declarar a quien se considera un testigo clave, José Velázquez, experto en redactar proyectos de ley y que trabajó las medidas sobre las que gira el juicio contra el senador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo.

Durante el interrogatorio del fiscal Peter Koski Velázquez dijo que la directora de la oficina de Héctor Martínez, Jenika Rodríguez, le solicitó firmar una declaración que expresaba que él fue el autor intelectual de las medidas de los proyectos del Senado 471 y 410. Nunca firmó, según dijo, porque él trabajó las medidas, 'pero no era correcto que fuera el autor' , ni que la idea original fuese suya.

Asimismo declaró que cuando le cuestionó a Rodríguez que quién la enviaba para pedirle que firmara dicho documento, ella ripostó que 'el jefe' y al cuestionarle si el jefe era Martínez contestó que era la defensa del Senador la que tenía interés en la declaración para presentarla en una conferencia de prensa. La conferencia se materializó, pero el testigo no pudo precisar si en efecto en la rueda se habló del tema.

Rodríguez también le dijo que su testimonio era vital para este caso criminal.

De otra parte, Velázquez aceptó que en la reunión que tuvo con el FBI no dijo toda la verdad porque no quería afectar a Martínez por su relación de amistad.

También afirmó que para ese momento hacía trabajos para los representantes Johnny Méndez y Eric Corea, ambos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del distrito de Carolina, al igual que Martínez. No obstante, el mismo día que bajaron las acusaciones Méndez prescindió de sus servicios, y en el caso de Correa al finalizar el término del contrato no fue renovado.

Velázquez comenzó a trabajar como asesor de Martínez en enero de 2005, aunque era asesor legislativo desde 1993. Se encargó de redactar proyectos e informes de recomendación, participó en vistas públicas, y realizó investigaciones jurídicas además de en el Capitolio, para la legislatura municipal de Toa Baja.

Era amigo del padre de Martínez, que lo ayudó en sus estudios y luego corrió con los gastos de hospitalización de un hijo del hoy testigo, y conoce al senador desde hace más de 20 años. En 2004, Velázquez fue suspendido como abogado por no pagar la cuota al Colegio, asunto que a Martínez no le importó y lo contrató un año después. Entre 1996 y 1997, también fue suspendido por desatender a sus clientes debido a una profunda depresión que sufrió por problemas familiares.

En la primera parte de su testimonio, Velázquez detalló los poderes que tenía Martínez como presidente de la Comisión de Seguridad Pública para recomendar la aprobación o no de medidas, para ignorar proyectos o celebrar vistas públicas, así como decidir a quien se invitaba o se permitía deponer en las audiencias.

Explicó que Martínez le entregó los proyectos del Senador 410, para establecer un código de conducta en los centros comerciales, y el 471, para hacer más restrictiva la ley sobre detectives privados, y que Velázquez trabajó.

'Revisé las leyes que se afectaban, el impacto constitucional que podría tener una de las medidas y las redacté en el formato adecuado para el Senado de Puerto Rico', confirmó.

'Hice correcciones a los proyectos, pero no cambios sustanciales', añadió.

Aunque Bravo había presentado los proyectos a Martínez, y el empresario y Velázquez hablaron sobre el progreso de las medidas en varias ocasiones, el Senador no presentó las propuestas 'por petición', que es cuando un legislador intercede a favor de una medida presentada por un ciudadano, sino por 'iniciativa propia'.

Velázquez también preparó el informe positivo de la Comisión de Seguridad Pública necesario para que pasara a consideración del pleno del Senado.

El testigo trabajó con Martínez hasta finales de 2006, cuando el Senador perdió la presidencia de la Comisión y así los fondos con los que pagaba sus servicios.

En 2010, Martínez le dijo a Velázquez que pensaba que los federales le estaban investigando en relación a cómo se habían aprobado las medidas mencionadas y le indicó que él había trabajado dichos proyectos.

'Era verdad que yo había trabajado los proyectos, pero no podía ser verdad que fuera mi idea', dijo Velázquez sin que se le hubiera preguntado si Martínez le dijo que aceptara que los proyectos habían salido de su oficina.

'Se podía inferir que al decirme que yo los trabajé estaba diciendo que fuera idea mía', se defendió.

Poco antes, en la reanudación del juicio temprano en la mañana contra el senador Martínez y Bravo, el foco pasó a ser la prueba con la que la Fiscalía federal quiere explicar el por qué es que ellos pueden meterse a procesar los delitos imputados.

El vínculo es el presupuesto de Puerto Rico, por lo que la testigo lo fue Migdalia Bonilla Méndez, una contable de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que se desempeña como directora asociada a cargo de auditorías de fondos federales. La Fiscalía la llevó a declarar que el presupuesto del Gobierno recibe más de $10,000 en fondos federales, lo cual es el límite establecido en ley para que la Fiscalía pueda tener jurisdicción.

El abogado de Martínez, Abbe Lowell planteó que esos fondos los gestiona el Departamento de Hacienda y que su cliente no es empleado de ese departamento, ni los fondos fueron usados para financiar centros comerciales, negocios que son el foco de uno de los proyectos por los cuales Bravo supuestamente sobornó a Martínez.

El planteamiento terminó con la Fiscalía rematando que el Senado, del cual Martínez es miembro, y la Cámara de Representantes son los que aprueban el presupuesto.

El fundamento jurisdiccional siguió con la siguiente testigo, Rosemary Pedrero Ayala, del Departamento de Hacienda, quien explicó que el programa de cuidado diurno de niños del Senado recibe fondos federales.

Como tercer testigo por la mañana se presentó a la Gerente de Operaciones de American Airlines en el aeropuerto LMM, Sally Pérez, quien explicó que los registros de vuelo en los que aparecen en 'business class' Bravo, Martínez y de Castro Font, los tres con el mismo código de reserva.

Bravo y Martínez se sentaron juntos, mientras que Pepe Llama y José Torres viajaron juntos en clase económica. Esto sucedió el 13 de mayo de 2005, en vuelo desde Dallas a Las Vegas.

El Senador Héctor Martínez a su salida del tribunal esta tarde. (Foto: Josian Bruno/NotiCel)
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