La Confederación Estudiantil Nacional (CEN) solicitó que se reviertan las enmiendas realizadas a la Política de Exenciones de la Universidad de Puerto Rico antes de que entren en vigor para el año académico 2012-2013.

Entre las enmiendas realizadas a dicha política, se encuentra un cambio en la forma de otorgar las exenciones de honor. Previo a la enmienda, los estudiantes del mismo año académico, que mantuvieran 3.50 de promedio y que estuvieran en el cinco por ciento del tope de su facultad, eran elegibles para recibir la exención.

Según dijo el CEN, que reúne a los presidentes de los Consejos Generales de Estudiantes, los representantes estudiantiles ante la Junta Universitaria y la representante estudiantil ante la Junta de Síndicos, la enmienda aprobada por la Junta de Síndicos, en su reunión ordinaria del 21 de enero de 2012, dispone que los estudiantes competirán con el cinco por ciento del tope de todas las facultades de su mismo año.

‘Entendemos que cada facultad tiene su forma particular de enseñanza y evalúo a sus estudiantes en distintas destrezas, lo que resulta injusto al momento de otorgación de dichas exenciones’, señaló Álvaro Moreno Ávila, secretario ejecutivo de la CEN y representante ante la Junta Universitaria del Recinto de Río Piedras.

Por otro lado, se aprobó un plazo de diez días una vez comenzado el semestre para que a los estudiantes se le tramiten sus exenciones de matrícula. Si al vencer este plazo hay algún estudiante que por cualquier razón no se le haya tramitado su exención, cesará su elegibilidad para la misma. No obstante, señalaron que la tramitación de las exenciones recae fuera de las manos de los estudiantes.

‘Nos preocupa los atrasos que sufra el trámite de la exención dado a la ineficiencia administrativa por la falta de personal en los recintos, que puede resultar en la penalización y no otorgación de exenciones a los estudiantes’, indicó Christopher Torres Lugo, secretario general de la CEN y representante Estudiantil ante la Junta Universitaria del Recinto de Bayamón.

Así las cosas, exhortaron a la administración a realizar una mejor fiscalización de la otorgación de exenciones. ‘Entendemos que, esta nueva política, es el resultado de una mala fiscalización e implementación del pasado. No queremos encontrarnos en una situación donde, esta mala práctica, resulte en otra futura restricción’, finalizó Manuela Cortés Mulero, representante estudiantil ante la Junta de Síndicos.