El representante popular Charlie Hernández censuró el contrato suscrito recientemente entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y la empresa Corrections Corporation of America (CCA) que permite al DCR exportar hasta 480 confinados puertorriqueños a una instalación en el estado de Oklahoma.

‘El contrato suscrito sólo beneficia a la empresa privada que, a cambio de dinero, llena espacios vacíos que tenía disponibles en su cárcel en el estado de Oklahoma. Esta iniciativa choca con el principio básico de rehabilitación del confinado que reclama que éste cumpla su pena en una institución cercana a donde reside su núcleo familiar’, indicó Hernández.

En un comunicado de prensa, CCA recientemente manifestó su satisfacción con el contrato pues le permite ‘mejorar la utilización de la facilidad correccional de Cimarron y reducir el inventario de espacio disponible’.

Esa instalación tiene capacidad para 1,492 confinados pero al presente sólo se ocupan 650 espacios.

‘Paradójicamente, esta determinación ocurre cuando el DCR afirma haber concluido el caso de hacinamiento carcelario en Puerto Rico. O sea, no existe justificación para otorgar ese contrato pues nuestras instalaciones deberían tener espacio disponible. Evidentemente, la presente Administración busca soluciones fáciles para no enfrentar su responsabilidad de rehabilitar a los confinados y en el proceso los trata como si fueran objetos de almacenamiento’, indicó Hernández

Según el legislador, la privatización de los servicios carcelarios ‘es contraria al mandato constitucional de rehabilitar a los confinados pues una empresa privada obtiene lucro por mantenerlos presos y perdería negocio si los rehabilita’.