Las comunidades especiales de Guaynabo que desde 2007 dan una batalla legal en los tribunales para defender los derechos y responsabilidades que adquirieron al ser denominadas especiales por el Estado, acaban de ser traicionadas por la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), en una acción que podría tener peligrosos resultados para el resto de las comunidades especiales del país.

‘Ahora la OCE dice que lo que diga el Alcalde, en cuanto a la designación de las comunidades especiales en su Municipio es un aspecto fundamental alegando la importancia que tiene la Ley de Municipios Autónomos y dando a entender que está por encima de la Ley de Comunidades Especiales. Anteriormente la OCE dijo lo contrario y defendió la Ley Num. 1’, dijo la representante legal de las comunidades, Hadassa Santini, de Servicios Legales de Puerto Rico.

La recién denominada Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (OFSA) ganó la primera batalla legal para defender la denominación de ‘comunidad especial’ de los bolsillos de pobreza guaynabeños ubicados en Vietnam, Corea, Camarones, Jerusalen, Sabana y Los Filtros.

La agencia era parte demandada junto a las comunidades por parte del Municipio de Guaynabo y su alcalde Héctor Oneill, que ahora, representado por el Bufete Reichard y Escalera, impugnó en el Tribunal de Apelaciones la resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

OFSA ha cambiado su posición ante la apelación del municipio. La nueva postura de los abogados del Departamento de Justicia, que representan a la OFSA, pone en riesgo la sentencia anterior favorable a las comunidades en este caso.

Santini explicó que: ‘El Departamento de Justicia defendió la ley y ganó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Como el municipio perdió, radicó una apelación. Recibimos el alegato del Departamento de Justicia la semana pasada diciendo todo lo contrario a su posición original y apoyando al Municipio de Guaynabo y pidiendo que se devuelva el caso al Tribunal de Primera Instancia. Al Departamento de Justicia y a la OCE les correspondía defender la ley. Se cambió de lado la Oficina. Es una tremenda sorpresa e improcedente en derecho’. Los abogados de Servicios Legales ya rindieron un informe al Tribunal donde detallan toda la evidencia a su favor en un documento de más de mil páginas.

El líder comunitario Jorge Oyola, de Los Filtros, dijo que: ‘En Guaynabo los pobres no tienen cabida. El verdadero issue es expropiar. Lo que está detrás de todo esto es la ley 232 de expropiaciones. Lo esperábamos, sabíamos que no se iba a quedar de brazos cruzados porque no ha tenido eco en la Legislatura (para eliminar la ley 1 y la 232). Era predecible. El tribunal le dio todas las oportunidades para demostrar su caso. El bufete Reichard y Escalera le factura millones y eso le conviene. Es un juego político. Detrás de todo esto lo que está buscando el alcalde es robarle sus terrenos a las personas. Es un capricho personal de este señor que están pagando los contribuyentes de Guaynabo. Dios quiera y nunca tenga que pelear por un techito’.

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