Christian Soto Mujica, hijo del alcalde de Canóvanas, es uno de los líderes de una organización con miembros en Califormia y Puerto Rico que movió marihuana por correo para distribución en residenciales públicos con ganancias de al menos $5 millones en menos de dos años, según el pliego acusatorio bajo el que se arrestó hoy al joven y a otras 23 personas.

Junto a Soto Mujica, Alex Ramos Mediavilla, aka ‘Gordo’, lideraba a los empleados que se encargaban de distribuir la droga por toda la Isla.

El pliego presenta tres cargos relacionados al tráfico de la planta proscrita y una serie de cinco confiscaciones de propiedades en el Condominio Alborada, Loíza Valley, Country Club, Quintas de Canóvanas y el barrio Pedregales de Río Grande.

Del documento se desprende tambiénque las agencias federales tienen evidencia de lavado de dinero a través de varios comercios y de que se produjeron conversaciones en las que se discutió el asesinato de personas que robaban los paquetes de marihuana, pero por estos hechos no se han presentado cargos por el momento.

Una de las residencias confiscadas.

El método de operación era que la marihuana cruzaba la frontera de México a California y de allí era empacada para ser envíada por correo a la Isla a las direcciones que el grupo de Puerto Rico suplía. En ocasiones, las direcciones correspondían a residencias abandonadas y lotes hasta donde llegaban los miembros de la ganga a recoger la mercancía. También, usaban direcciones en el exclusivo sector Montehiedra, o lo que el grupo llamaba ‘las caras’.

Una vez recogida, la marihuana se llevaba a otras residencias para procesamiento, y se distribuía en residenciales como Manuel A. Pérez.

Las ganancias se devolvían a California también en el correo, escondidas en revistas, y también eran transportadas personalmente. De hecho, uno de esos viajes de Puerto Rico a California pudo haber sido el tropezón que abrió el caso, ya que agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA) detuvieron el 26 de junio de 2011 en el Aeropuerto Internacional a los acusados Alex J. Ramos Mediavilla y Javier Torres Surin mientras llevaban $42,342 en efectivo.

Residencia confiscada.

Soto y otros siete están identificados como líderes de la operación. Otras 16 personas están identificadas como mulas, y cuatro están identificados como los facilitadores que ayudaban en el lavado del dinero y en la compra de los pasajes. Estos son: Ángel A. Betancourt Pérez, Edialys Melecio Ramos, Eli Samuel Pérez Estrada, y Leopoldo Ramos.

‘La sentencia máxima que enfrentan estos acusados son desde 10 años de cárcel hasta cadena perpetua y una multa máxima’, dijo la jefa de fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.

Por su parte, el director de la DEA a nivel local, Javier Peña, explicó que ‘para generar $5 millones en un año tiene que ser una organización poderosa, sofisticada y muy, muy peligrosa’.

Peña además enfatizó en que ‘la gente cree que con la marihuana no va a pasar nada. Eso no es cierto, como hemos dicho, la marihuana es más fuerte que la que estamos viendo hace 10 años que el THC (el índice químico que convierte a la marihuana en nociva) era 2%. Ahorita la marihuana la estamos viendo en 15, 20 % de THC, que es bien peligroso’.

A preguntas de la prensa, Rodríguez no pudo precisar como era que se tenía acceso a recibir paquetes en más de una decena de casas en Flores de Montehiedra, mientras sus propietarios estaban de viaje. Aunque no descartó la posibilidad de que la seguridad privada del complejo colaboraba, se limitó a decir que ‘la investigación continúa’.

Pese a la insistencia de NotiCel sobre el patrón de personalidades vinculadas a la política y al narcotráfico, como es el caso de Soto Mojica, quien es asambleísta por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el pueblo de su padre, Chemo Soto, y trabaja en la Cámara de Representantes y del narcotráficante Coquito, quien era ayudante del convicto senador Héctor Martínez, Rodríguez evadió la pregunta.

‘Lo que sucede es que no estamos acusando a este individuo por ninguna afiliación política ni por tener parientes en la política. Estamos acusándolo porque está distribuyendo marihuana en Puerto Rico en grandes cantidades’, dijo, tras apuntar que el narcotráfico se da en todos los aspectos sociales del país.

‘El mensaje que estamos enviando a estas personas es que los vamos a coger’, insistió la funcionaria.

Segun se supo, la organización habría vendido entre California y Puerto Rico más de 200 mil kilogramos de marihuana en un año. A nivel local, la libra de marihuana fluctuaba en el mercado entre $2,000 y $2,500.

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