Puerto Rico es un 'territorio no incorporado' subordinado y dependiente política y económicamente, preso de un sistema partidista que gira en torno a su relación con la metrópoli. Que me perdone quien, sin serlo, se sienta aludido y se ofenda, sin embargo pienso que una buena parte de la clase política puertorriqueña es ignorante, inculta o incompetente, incapaz de atender, entender y explicar complejos asuntos de política económica y fiscal. La demagogia y la desinformación imperan en la discusión pública de las políticas que, gústenos o no, afectan a todos sus ciudadanos. Como consecuencia, la mayor parte de los ciudadanos no confían en sus políticos o gobernantes, sean del partido o persuasión ideológica que sea.

Para dificultar el análisis de los asuntos públicos y confundir a los ciudadanos todavía más, la formación de opinión pública boricua se ha convertido en un espectáculo de mal gusto, y un buen negocio también. Si bien existen medios de comunicación nacionales y periodistas, comentaristas y analistas del patio muy responsables, en este 'condenao' país hay demasiados 'profesionales de los medios' cacareando, tan ignorantes, incultos o incompetentes como los políticos o gobernantes a que me refería; o con su propia agenda, o que responden a intereses particulares, tanto económicos como políticos. Lo gracioso del asunto es que se creen los más altruistas y objetivos defensores del pueblo o paladines de la justicia. Caramba, y que mucho dinero se ganan estos individuos y los dueños de los medios que los contratan. El viejo refrán de la sabiduría popular que nos dice que 'hay que reir pa' no llorar' ha cobrado mucho significado y utilidad en los tiempos de la vulgaridad y charlatanería mediática que nos han tocado vivir.

En este muy confuso escenario, el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (específicamente su poder ejecutivo) presentó su Plan de Ajuste Fiscal y Financiero (PAFF) para atender la muy conocida y cacareada crisis económica y fiscal que atribula al archipiélago puertorriqueño. No había ni secado la tinta con la que se escribió la versión del plan que se hizo pública hace apenas unos pocos días, cuando muchos políticos, analistas, comentarista y expertos, sin titubeos, ofrecieron su muy 'objetiva' y 'desinteresada' opinión; de un lado, el oficialismo para defenderla sin ofrecer muchas explicaciones, y la oposición para descartarla hasta por argumentos equivocados. Entonces me pregunté: cómo rayos un ciudadano que no tiene la educación o experiencia o, aunque las tenga, no cuenta con la información correcta y completa sobre este tan importante asunto de política económica y fiscal (o la que está a su alcance o encuentra está matizada y hasta tergiversada por los políticos y otros forjadores de opinión pública a los que me referí en los párrafos anteriores) entiende cuáles son las implicaciones de este plan para entonces asumir una posición (a favor o en contra) debidamente informada y estudiada? Reconociendo mis limitaciones para emprender tan complicada tarea, leí el documento completo e hice mi mejor esfuerzo para estudiarlo y entenderlo, para así formar una opinión y asumir una posición más o menos informada sobre el mismo que sea mía, no la de alguna de los susodichos. Veamos.

El Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico (en adelante, 'el Grupo de Trabajo') presentó al país la primera versión del PAFF solo en inglés (al momento de escribir estas líneas no conozco ninguna versión oficial del documento en nuestro idioma vernáculo, lo cual considero un error). Debió presentarse en español también, como mínimo. No sé, parece como si el gobierno le estuviera hablando solo a sus acreedores, no a sus ciudadanos, porque, aunque sea la aspiración de muchos puertorriqueños convertirnos en una sociedad bilingüe, con lo cual no tengo problema alguno si se ejecuta de una manera sensata, la verdad, moda y lironda, es que la mayoría de los puertorriqueños no puede leer el plan, no necesariamente porque es muy técnico, sino, como dice una canción de Pablo Milanés, porque no sabe inglés.

Presto a comenzar la lectura del plan, me llamó inmediatamente la atención el relevo de responsabilidad ('Disclaimer') que aparece en su misma primera página (antes de su Tabla de Contenido), muy parecido al relevo que reclamaron los reconocidos economistas del Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) que prepararon el informe Puerto Rico-A Way Forward (bautizado popularmente como Informe Krugger ). El plan se presenta como la mejor ruta para atender la crisis económica y fiscal que atraviesa Puerto Rico partiendo de los hallazgos y recomendaciones de dicho informe, pero ni los economistas que prepararon el Informe Krugger, ni el Grupo de Trabajo, ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), ni el Banco Gubernamental de Fomento, ni sus funcionarios o asesores (nadie!) asumen responsabilidad alguna por el contenido del PAFF o por los resultados que proyectan tendrán las medidas que proponen. Por poco se me quitan las ganas de seguir leyendo, pero no me desanimé y continué la lectura del plan.

El PAFF comienza diagnosticando que la economía de Puerto Rico se encuentra en caída libre. A su modo de ver las cosas, el Grupo de Trabajo entiende que desde la eliminación total de los beneficios de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal y el comienzo de las crisis financiera mundial, Puerto Rico ha experimentado un decrecimiento económico acelerado, no empece a las múltiples medidas de estímulo que implementaron distintas administraciones gubernamentales. No hay que ser un genio para reconocer que la economía de Puerto Rico muestra síntomas de deterioro incluso desde mucho antes. Si bien en el año fiscal 2011 el Producto Nacional Bruto se contrajo solo 1.7% y en el 2012 reflejó un exiguo crecimiento de 0.5%, datos que sugieren una 'recuperación' si los comparamos con el año fiscal 2009 (-3.8%), como muy bien advierte el Grupo de Trabajo, fue una 'recuperación' producto de un paquete de estímulos económicos del gobierno federal estadounidense de aproximadamente $7,100,000,000 y otro criollo de $500,000,000.

Asimismo, el Grupo de Trabajo nos advierte algo que creo ya casi todo el mundo conocía: la contracción económica ha producido una emigración masiva de puertorriqueños hacia los EEUU. Más o menos 48,000 puertorriqueños se han marchado cada año desde el año 2010 hasta el 2013, mayormente buscando mejores oportunidades de empleo. Además, nuestra población se ha envejecido a paso acelerado.

Concurro con el Grupo de Trabajo en que la pérdida de ciertos beneficios contributivos que experimentaron las empresas estadounidenses que operaban en Puerto Rico gracias a la derogación de la referida sección 936 y la emigración que hemos experimentado han tenido (y continúan teniendo) un impacto negativo en la economía puertorriqueña, no obstante, reducir a estos dos factores las causas de nuestro deterioro económico es, a mi juicio, muy insuficiente.

El problema con este modelo de welfare corporativo es que, desde los tiempos del economista inglés David Ricardo para acá, sea eso bueno o no, el comercio internacional sienta sus bases en lo que se conoce como la teoría de las ventajas competitivas (o comparativas). Esta teoría, en síntesis, propone que un país produzca y exporte al mercado mundial aquellos bienes y servicios que produzca de forma más eficiente que otros países. Eso le permite obtener mejores rendimientos por su producción, lo que a su vez le permite adquirir bienes o servicios que otros países producen más eficientemente.

Si el lector reconoce las premisas sobre las que descansa el comercio internacional desde hace mucho tiempo, entonces debería concurrir conmigo que el mayor problema de Puerto Rico para desarrollar una economía sustentable es que no produce prácticamente nada de manera eficiente (bueno, está el asunto estructural de nuestras relaciones políticas con la metrópolis también, pero ese ángulo lo atenderé en alguna otra oportunidad). No somos un país competitivo! So, everyone, wake-up and smell the coffee! Para la inversión extrajera, el atractivo de Puerto Rico no era nuestra competitividad produciendo algo u ofreciendo algún servicio, sino que las multinacionales no pagaban contribuciones ni al ELA ni al gobierno federal estadounidense. Nuestra economía estuvo montada sobre beneficios contributivos que el gobierno de los EEUU le ofrecía a sus corporaciones que hacían negocios en su territorio caribeño, no en la producción eficiente de bienes y servicios como, para bien o para mal, espera el mercado mundial. Para colmo, a las multinacionales no se les exigía nada a cambio. Dado ese frágil modelo de desarrollo económico, este pequeño archipiélago se convirtió en la capital mundial de las farmacéuticas, lo que produjo algunos buenos empleos bien remunerados, pero no los suficientes para acercarnos remotamente a lo que los economistas denominan empleo pleno. Desde que se legisló la eliminación gradual de los beneficios contributivos de la sección 936 a mediados de la década del '90, las referidas empresas farmacéuticas comenzaron a cerrar operaciones en Puerto Rico, impactando negativamente el empleo manufacturero y la disponibilidad de financiamiento, tanto público como privado, por la pérdida de los depósitos de dinero que esas empresas mantenían en el sistema financiero puertorriqueño. Así no se puede desarrollar una economía sustentable!

Desaparecido el modelo de la sección 936 hace casi una década atrás, el plan de esta administración gubernamental (y, de hecho, el de las dos anteriores también) para procurar la recuperación económica del país falla al no identificar los bienes y servicios que los puertorriqueños podríamos producir más eficientemente que la mayoría de los países de la orbe para que dirijamos nuestros esfuerzos colectivos a desarrollar esa(s) industria(s) y exportar al mundo lo mejor que sepamos producir. Tal vez estoy equivocado (o quizás ya se está realizando algún esfuerzo en esa dirección) y, para serles honesto, no es la industria que más me agrada por su potencial impacto en el medio ambiente si no se toman las medidas paliatorias correspondientes, empero se me ocurre que luego de muchos años produciendo medicinas para el mercado mundial, y contando con instituciones de educación superior que educan (y hasta exportan) profesionales muy bien preparados en el área de las ciencias y la tecnología, y no siendo el capital puertorriqueño propietario de las patentes para desarrollar una industria de medicinas de marca, podríamos dirigir nuestros esfuerzos a desarrollar una industria sólida de medicamentos bioequivalentes (genéricos).

Por otro lado, no es que piense que debamos prescindir de la inversión extranjera y la producción a gran escala, pero creo que el modelo económico de incentivos casi exclusivamente dirigidos a las corporaciones multinacionales de capital extranjero que Puerto Rico adoptó hace más de 50 años no nos ha permitido desarrollar una economía propia sustentable que permita a la mayor parte de los boricuas alcanzar una calidad de vida material justa y razonable. Al igual que muchos sectores progresistas de la sociedad puertorriqueña han planteado, estoy convencido que es necesario cambiar el paradigma de nuestra economía. En lugar de solo enfocarnos en atraer capital e inversión extranjera (o sea, exclusivamente incentivar a las grandes multinacionales o a los multimillonarios), el país debe fomentar la economía solidaria, el comercio justo y el cooperativismo empresarial comunitario. El turismo, creo, podría ser la industria idónea para una estrategia bien dirigida de desarrollo sustentable, de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. A mí me hubiese encantado leer una propuesta inteligente y sensata en esa dirección.

Establecido su diagnóstico sobre la situación de la economía de Puerto Rico, el Grupo de Trabajo procedió a enumerar las medidas significativas de 'responsabilidad fiscal' que han tomado distintas administraciones gubernamentales durante los pasados ocho años, desde el IVU de 7% (hoy de 11.5% y próximo a convertirse en IVA), pasando por el arbitrio de 4% a las multinacionales, hasta las reformas al sistema de retiro de empleados gubernamentales. También el PAFF resume lo que al juicio de sus autores ha sido el resultado de estas medidas; por un lado, una reducción significativa en el empleo público, de 158,000 empleados en mayo de 2008 a 116,000 en mayo de 2015 (o negativo 27%) y, por el otro, un aumento en los recaudos del gobierno de $7,710 millones a $9,487 millones (o más 23%).

El PAFF contiene una gráfica que refleja un aumento drástico en la deuda pública. La misma se disparó de $43.5 millardos en el 2006 a $71.1 en el 2015. A quién demonios se le ocurre prestarle tanto dinero ($27.6 millardos más) a un deudor improductivo que claramente estaba al borde de un colapso económico y fiscal si continuaba haciendo las cosas de la misma forma? Pues se le ocurrió a los Moody's, Standard <><>& Poors y Ficht's de la vida que, hasta hace muy poco, calificaban con muy buenas notas la deuda de Puerto Rico y los malvados políticos y gobernantes boricuas les tomaron el pelo a los pobres e incautos acreedores del ELA y sus corporaciones públicas./p

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El plan también explica gráficamente la situación de liquidez del ELA para el año fiscal corriente (2016), luego de tomar préstamos a corporaciones públicas (exigiéndoles la liquidación de su cartera de inversiones); no establecer las reservas que requieren las obligaciones generales del ELA; y no devolver a los contribuyentes $291 millones por concepto de reintegros del año contributivo 2014, entre otras medidas. No se puede dejar de pagar a tiempo a los acreedores, pero si a los contribuyentes que aportaron al fisco más de lo que les correspondía.

No obstante los esfuerzos que el Grupo de Trabajo alega han realizado las diferentes administraciones gubernamentales con el objetivo de reducir gastos, aumentar ingresos y atender retos estructurales, estimó que durante los próximos cinco años fiscales (2016 al 2020), la insuficiencia fiscal (financing gap) acumulada del ELA será $27,817,000,000, si no se toman otras medidas significativas para atender sus causas. Aquí es que verdaderamente el ciudadano confundido no entiende cómo rayos se le entorcha el rabo a la puerca.

El PAAF propone al menos 18 medidas que el Grupo de Trabajo entiende ayudarán a reestablecer nuestra estabilidad económica y fiscal. Sobre las medidas para activar nuestra economía, el plan propone: enmiendas a las leyes laborales que les restan derechos a los trabajadores, tanto del sector público como el privado, que incluye una propuesta para congelar el salario mínimo de los jóvenes de 25 años por los próximos 10 años; una reforma a la beneficencia pública mediante el establecimiento de un crédito contributivo por ingreso devengado a los trabajadores de bajos ingresos y una reforma a los programas de asistencia nutricional y vivienda pública; diversificar las fuentes de combustible y reducir los costos de nuestro sistema de energía; implementar una política pública contributiva favorable para las corporaciones; e invertir en obras de infraestructura estratégica.

En cuanto a la estabilidad fiscal, el plan, para aumentar ingresos, propone lo siguiente: completar la transición del impuesto de ventas y uso (IVU) al impuesto de valor añadido (IVA) que recientemente se legisló (impuesto regresivo que en este momento no tienen mecanismo alguno de compensación como en la propuesta original); 'estabilizar' la base contributiva corporativa (que no es otra cosa que regresar a un modelo de exenciones contributivas federales); y mejorar la administración y hacer cumplir nuestras leyes contributivas. Del lado de la reducción de gastos, el plan propone: reducir los costos operacionales del gobierno; eliminar los subsidios del gobierno central a los municipios y la UPR…; achicar el Departamento de Educación; controlar los costos del cuidado de la salud; y apalancar (esa es la palabra que usan levereage) en las alianzas público privadas para construir o mantener la infraestructura pública.

Según el plan, también hay que ejecutar una reforma institucional que garantice la transparencia mediante las siguientes propuestas: implementar un nuevo sistema contador y financiero; establecer un único sistema central de tesorería; mejorar la toma de decisiones de naturaleza fiscal y económica; legislar nuevas regulaciones presupuestarias (esta propuesta se articulará mediante una legislación que se conocería como Ley de Responsabilidad Fiscal y Revitalización Económica, un borrador de la cual tan siquiera se presenta junto al plan); y crear una Junta para la Continuidad de la Política Pública y Cumplimiento.

Finalmente, el Grupo de Trabajo nos advierte que para colocar a Puerto Rico en el camino de la sustentabilidad económica, son necesarias ciertas acciones del gobierno federal de los EEUU, como, por ejemplo: paridad en fondos Medicare y Medicaid; eximir a Puerto Rico de las leyes federales de cabotaje; y proveer tratamiento contributivo especial y favorable a las corporaciones estadounidenses que operan en el archipiélago boricua. Lo único que les resto decir fue: Manos a la obra!

Por razones que a un lector inteligente y con sentido común le resultarán obvias, no puedo hacer un análisis detallado del posible resultado de este plan. No soy economista de profesión. Aunque lo fuera, no cuento con la información completa para modelar estas propuestas y corroborar que los estimados y conclusiones macro económicas formuladas por el Grupo de Trabajo son correctas, o al menos razonables. Este grupo, sin embargo, admite que si se implementa el plan tal como concebido y Puerto Rico experimenta un crecimiento económico mínimo, persistiría una insuficiencia fiscal acumulada durante los próximos cinco años de aproximadamente $14,000 millones. Por tal razón, el Grupo de Trabajo se convenció que el ELA no podrá cumplir con el pago total de su deuda pública tal como está estructurada sin que se afecten los ya pobres bienes y servicios públicos básicos que ofrece el Estado a quienes se encuentran en la parte de debajo de la rueda (más vale tarde que nunca). Propone que sus asesores trabajen una oferta de intercambio voluntario para los acreedores como parte de la implementación del PAFF. El único problema de esta última propuesta es que no se ofrece detalle alguno sobre los términos y condiciones que serían necesarios tuviera una restructuración de la deuda pública para que podamos pagar a los acreedores sin cercenar nuestro ya limitado presupuesto para ofrecer los pocos y pobres bienes y servicios públicos que ofrece el Estado para tratar de paliar la pobreza y desigualdad rampante que existe en Puerto Rico.

Ahora bien, aunque no sea economista, por lo que de este tema he leído, no tengo mucha duda de que este plan fue diseñado siguiendo los contornos de los planes de austeridad que instituciones financieras y políticas supranacionales le impusieron a muchos países cuando explotaron las burbujas tecnológicas (1999) e hipotecaria (2007-08) que provocaron la debacle de la economía mundial durante la pasada década. El Informe Krugger, sobre el cual en buena parte descansa el plan, fue preparado por una ex economista en jefe del Fondo Monetario Internacional y sus asociados. Esta institución financiera fue la mayor promotora de las políticas de austeridad que, recientemente, a propósito de la crisis griega, ha comenzado tímidamente a reconocer su inefectividad para levantar economías deprimidas. Sobre tales políticas de austeridad y sus resultados, el Dr. Joseph E. Stiglizt, economista estadounidense galardonado con el premio Nobel de Economía (2001), nos advierte lo siguiente:

'Los puntos de vistas de los banqueros… sobre cómo responder a las crisis –reduciendo salarios y recortando los presupuestos [públicos]—no devolverán a nuestras economías a la senda de la prosperidad. Ni si quiera está claro que las políticas que ellos defienden tengan mucho éxito a la hora de reducir el déficit en las actuales condiciones de debilidad económica: un PIB [Producto Interno Bruto] menor y un mayor índice de desempleo implica menos ingresos por impuestos y más gastos.

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'Teniendo en cuenta los puntos débiles de la economía (tanto la falta de demanda de hoy en día como la como la falta de inversión en nuestro futuro, el fetichismo del déficit se centra en el problema equivocado, por lo menos por ahora. Pero incluso si uno se dejara llevar por el fetichismo del déficit, hemos demostrado que hay políticas alternativas de impuestos y gastos capaces, a un mismo tiempo, de incrementar la eficiencia económica, aumentar la producción del país, reducir su índice de desempleo y afrontar uno de los problemas más conflictivos del país: su creciente desigualdad.' Stiglitz, Josheph E., El Precio de la Desigualdad, Pisa Ediciones (Traducción de Alejandro Pradera), 2012, a las págs. 299-300.

En fin, ojalá yo esté equivocado y que la señora Krugger sepa más que el señor Stiglizt, y perdonen mi pesimismo (o será realismo?), pero me temo que el camino trazado nos conducirá a peores tiempos. Reconozco que medidas antes propuestas sin éxito por esta administración, como el cambio a un sistema de impuestos al consumo por valor añadido (claro mejor diseñado, presentado y ejecutado) y la ley de quiebra criolla, aunque, a mi juicio, insuficientes, eran dos políticas públicas en la dirección correcta que fueron víctimas de la subordinación política de Puerto Rico y la vulgaridad y la chabacanería en la discusión pública que impera en este país. No tiene sentido alguno ahora, sin embargo, empobrecer a los trabajadores y disminuir la demanda agregada mediante políticas de austeridad con la esperanza de que los acreedores nos alivien un tanto la deuda pública. Eso no significa otra cosa que menos consumo de bienes y servicios, por ende menos actividad económica, por ende menos ingresos al fisco, por ende menos recursos disponibles para ofrecer bienes y servicios públicos para los menos afortunados, y así sucesivamente, creando un círculo vicioso en espiral descendente. Lo que a mí me parece irónico de todo este espectáculo es que los acreedores y el sector privado insistan en demonizar al Estado y responsabilizarlo por todos nuestro problemas económicos (aunque una buena parte de la responsabilidad tiene por ineficiente e improductivo cortesía de la política partidista que lo carcome desde sus entrañas, otro tema del que les comentaré en algún otro momento).

Concluyo, por el momento, con un consejo a los acreedores: si en lugar de rehuir su responsabilidad por la insostenible deuda pública del ELA –por prestar dinero para financiar déficits operacionales provocados por gobernantes irresponsables y hasta corruptos– y comprendieran lo que Tocqueville catalogó como el 'interés propio bien entendido', quizás concurrirían conmigo que pretender cobrar hasta el último centavo de la deuda lo más probable que provoque es la insolvencia del E.L.A. y la ruina socioeconómica de Puerto Rico, y al fin del día no cobren un solo centavo.

*Tomado de 80 Grados.