Causa y raíz de la impunidad
No había terminado de abandonar el fenómeno atmosferico llamado Danny nuestra zona del Caribe y ya andaba por los medios y las redes el nuevo chiste nacional: Puerto Rico anda tan mal que hasta los huracanes que se acercan a la isla sufren gran debilidad al acercarse, y caen de inmediato en 'depresión tropical'. Otros comentaron que, por desgracia, 'depresión tropical' es lo que tiene la mayoría de los boricuas ante las angustias del impago de la deuda y sus posibles consecuencias. No está mal que de vez en cuando nos enfoquemos todos en el lado 'lite' y hasta chistoso de nuestros males colectivos. Es un mecanismo de defensa: es mejor reír y bromear en lugar de sucumbir en la depresión. Y es una actitud bastante común en nuestro país.
No obstante, no en todo es conveniente ni todo el tiempo, mirar nuestro escenario político desde el lado risueño o desenfadado. Hacerlo nos podría costar muy caro. Quienes han detentado el poder político limitado que está en manos del Gobierno del Estado Libre Asociado —como sistema político que es todavía en el siglo XXI uno de carácter territorial, sin soberanía propia reconocida internacionalmente— no nos han conducido por buen camino. Estamos donde estamos por los errores de juicio, decisiones destempladas y hasta actuaciones irresponsables de nuestros gobernantes, tanto de la Rama Legislativa como de la Ejecutiva. Y porque el sistema bipartidista que produce inexorablemente nuestro esquema legal constitucional ha sido copado por una clase política que no ha tenido como norte el bien común del país, sino los fraccionarios bienes individuales o colectivos de esa misma clase política, de sus adláteres o de los intereses económicos que les financian sus campañas electorales de fanfarria y teatro.
Quienes piensan realmente en el país no desean militar en el PPD ni en el PNP, o incluso si han votado por alguno de esos dos partidos, no se ofrecerían como candidatos, ni se disponen a acceder a los cargos públicos. Por qué? Pues por eso mismo, porque todo el mundo sabe que lo que se mueve en la política que hacen esos dos partidos NO ES para el bien común de los puertorriqueños. Y como ellos sí se preocupan por el bienestar de Puerto Rico y de las nuevas generaciones, y están además entre las personas más honestas del país, prefieren mantener manos afuera de la debacle política creada por quienes dirigen el PPD y el PNP y aportar mejor desde las empresas privadas o desde las ONG —las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro de la sociedad civil— o desde los resquicios que permite el mundo académico en las universidades.
El problema principal que conlleva esa actitud pasiva de 'no me inserto en la vida política', 'no comulgo con nada de eso', pero 'tampoco lo combato y dejo hacer', es que se está tornando en algo crecientemente peligroso por la forma como contribuye a mantener la impunidad de nuestra clase política. Cuando hablo de impunidad me refiero a la falta de responsabilidad política, ante los gobernados, de nuestros gobernantes y 'líderes' políticos. Eso amerita examinarse más de cerca.
Qué es la responsabilidad política en una democracia?
Según las teorías sobre la vida política 'en democracia', si algo se supone que caracteriza a la democracia como sistema político —y que la hace muy superior a los sistemas políticos no democráticos— es la noción de que el soberano, el que debe mandar indirectamente y beneficiarse de la gestión pública y gubernamental es el propio pueblo de cada país. Según esta concepción, los políticos y gobernantes son meros 'servidores públicos', es decir, personas a quienes el Pueblo les confía por un tiempo limitado la dirección del gobierno y de los asuntos colectivos, a fin de que ellos trabajen en pro del bien común. Leamos por un segundo cómo lo expresó en una de mis clases una joven universitaria, estudiante de ciencias naturales, pero interesada también en la ciencia política, precisamente por su preocupación genuina por el bienestar del país. Si nuestro gobierno fuera tan 'puertorriqueño' como dice ser en sus actuaciones, se mostraría más 'pro-puertorriqueño'. A pesar de su joven edad, esta universitaria intuye y percibe que quienes fungen de gobernantes y líderes políticos 'de Puerto Rico' no son tan 'de Puerto Rico' porque aunque hubieren nacido aquí, no trabajan, no han trabajado realmente, por el bien colectivo de los puertorriqueños, sino por su propio beneficio. Son 'de Puerto Rico' pero no 'para Puerto Rico'. El bienestar del país no ha sido ni es actualmente su norte.
Como en la verdadera concepción democrática el soberano y beneficiario principal debe ser el propio Pueblo, o la mayoría de cada país, es imprescindible que en una democracia verdadera los políticos electos y nombrados a los cargos de gobierno muestren capacidad para la 'responsabilidad política'. Qué significa esto? Es algo muy sencillo. Significa que en sus gestiones gubernamentales deben demostrar cómo las mismas han beneficiado o favorecen el bien común en su país y no el beneficio exclusivo de ciertos 'particulares'. Y tienen la obligación de rendir cuentas sobre lo que hacen o han hecho con los recursos públicos que el Pueblo ha puesto a su disposición por cuatro años. Eso para que el Pueblo pueda juzgar si en efecto han favorecido el bien común o más bien lo han perjudicado. Porque en Puerto Rico han existido muy pocos mecanismos de 'control ciudadano' sobre lo que hace el Gobierno, la única manera que han tenido las mayorías de entre nuestros ciudadanos de 'hacer responsables' a nuestros 'líderes' y 'políticos' ha sido, supuestamente, mediante el voto cada cuatro años en las elecciones generales.
Cuándo es que nuestros gobernadores ofrecen evidencias al Pueblo, con datos correctos, de que se ha trabajado a favor del país? Cuándo se dan razones para haber tomado decisiones que luego resultan inefectivas en el logro de sus objetivos o que resultaron perjudiciales para el país? Cuándo ha tenido alguien que reponer dinero al fisco por las malas decisiones que se tomaron en el uso de los fondos públicos? Esto solo ha ocurrido cuando hay clara malversación de fondos o cuando los políticos han aceptado sobornos y han incurrido en actos de corrupción crasa. Si no es corrupción crasa, los errores cometidos quedan en la impunidad porque siempre se presume la buena voluntad y el buen juicio del gobernante y las causas de fracaso se proyectan como 'externas a su voluntad', si es que siquiera se mencionan públicamente.
Resulta además, que ese único recurso a las elecciones como uno de los mecanismos ideados en la democracia para darle el poder al Pueblo de hacer responsables a los gobernantes se ha tornado en Puerto Rico en un ejercicio prácticamente fútil a esos mismos propósitos. No han servido las meras elecciones para hacer responsables a los políticos de las decisiones que han tomado para el País —y los actos gubernamentales en que han incurrido— porque el sistema electoral funciona de tal manera que los partidos protegen la impunidad y dificultan que el Pueblo pueda, al votar en contra de los que han gobernado previamente, asegurarse de que no solo responderán por lo que hicieron perdiendo sus cargos —porque el Pueblo les votó en contra— sino que el nuevo gobierno del partido contrario habrá no solo de gobernar de otra manera, sino que habrá también de hacer responsables a los dirigentes de la administración anterior que tomaron las malas decisiones que perjudicaron el bien colectivo.
En Puerto Rico no ha ocurrido plenamente ni lo uno ni lo otro. Primeramente, no siempre quienes actúan mal en el gobierno, desde el punto de vista del bien común, salen del gobierno debido a los votos del Pueblo. Muchas veces, aunque pierde su partido las elecciones, ellos permanecen de dirigentes principales del ahora partido de oposición, en cargos legislativos o en las alcaldías de sus municipios, porque el voto en Puerto Rico se da principalmente de modo genérico a los partidos —el voto íntegro— y este no se enfoca en las personas específicas que ocuparon los cargos de poder. En segundo lugar, el partido 'contrario' que en unas elecciones derrotó al previamente gobernante, no suele gobernar de una forma realmente diferente a como gobernaron antes quienes el Pueblo 'sacaron del poder'. Puede haber diferencias de estilo o en el manejo de ciertas situaciones específicas. En general, sin embargo, gobiernan más o menos de la misma manera, porque los dirigentes del partido ganador pertenecen al mismo sector social que pertenecen los dirigentes del partido que perdió las elecciones (sea el PPD o el PNP) y comparten valores y formas de manejar su paso por los cargos públicos. Sobre todo comparten algo muy importante: se han habituado a llegar a la política y al gobierno en pos de beneficiar sus propios intereses y los de aquellos que han sido grandes contribuyentes a sus partidos en las costosas campañas eleccionarias. Por lo tanto, tales dirigentes —no importa si se postulan por el PPD o por el PNP— comparten la misma cultura política egoísta y la falta de un compromiso genuino con el bien colectivo del país.
Así, los gobernadores de ambos partidos han decidido endeudar más y más a nuestro gobierno, con tal de hacer obras vistosas o burbujas para favorecer a sus amistades y favorecedores, y para beneficiar las probabilidades de que su partido continúe en el poder después de los primeros cuatro años, a pesar de que toda lógica de bien común hubiera aconsejado prudencia en no endeudar demasiado al país cuando ya su deuda pública era excesivamente alta. Si hiciéramos un estudio detallado de cómo y por qué razones los gobernadores —tanto del PPD como del PNP— endeudaron excesivamente nuestro gobierno encontraríamos muchos patrones en común, tanto en los mecanismos utilizados como en las motivaciones. Y veríamos que en todos los casos se puso el bienestar de un grupo político o de un partido por encima de lo que en buena lógica dictaba el bien común.
Ni ha habido voluntad de prudencia en el gasto público, ni en ningún cuatrienio el 'nuevo' partido en el poder ha dejado de usar el presupuesto del gobierno para beneficiar familiares y amigos de los dirigentes políticos, ni tampoco para crear empleos excesivos en el gobierno a base de hacer permanentes a empleados 'de su partido' que fueron reclutados originalmente como temporeros. Ninguno de los gobernadores, ni de sus gobiernos, ha sido siquiera fiel a los lineamientos ideológicos de cada partido en términos de las relaciones con la metrópoli. Ambos han promovido la continuidad igual de las relaciones con Estados Unidos y los poderes que ejerce el Congreso sobre Puerto Rico. Ambos han dependido de fondos federales, pero en los gobiernos de ambos partidos ha habido mal uso de tales fondos en agencias como el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia y el Departamento de la Vivienda, para dar tan solo algunos ejemplos. El PPD ha prometido el crecimiento orgánico de los poderes del ELA territorial como manera de entretener el apoyo ideológico de sus seguidores, pero ni lo han conseguido ni lo podrán conseguir porque la propia metrópoli ha dicho que tal cosa sería inconstitucional. El PNP se pinta pro cambio porque dice que 'lucha' por la estadidad federada, pero sus dirigentes saben que tal estatus político es también imposible, no solo porque la metrópoli no lo desea y no le conviene, sino porque las condiciones de la economía actual de Puerto Rico no lo permiten, además de no tener un verdadero apoyo mayoritario en el propio Pueblo de Puerto Rico. Quién engaña más? El que promete cambios en el actual estatus sabiendo que no podrán llegar, o el que ofrece un nuevo estatus y una igualdad que es imposible y que tampoco habrá de llegar. Engañan ambos por igual: a su propia gente, a sus propios votantes!
Finalmente, la existencia de un bipartidismo cerrado, con dos partidos que tienen fuerzas electorales similares, o donde ambos partidos todavía se pueden turnar en el ejercicio gubernamental cada cuatro años, es también causa y raíz importante de la impunidad. Por qué? Porque los dirigentes del partido 'X' que acaba de ganar unas elecciones, aun cuando fustigaron en la campaña al partido 'Y' por sus errores, desmanes y acciones contrarias al bien común cometidos durante los cuatro años anteriores en que estuvo en el poder y en el control gubernamental, una vez llegados al gobierno, proceden más bien a lo suyo y 'olvidan y perdonan' (qué generosos!) todo lo que estuvo mal 'en la pasada administración' porque saben que al paso del cuatro años, el otro partido muy seguramente podrá advenir al poder y castigar igualmente al partido 'X' por sus errores, desmanes y acciones contrarias al bien común, si es que ellos, los del partido 'X' se atreven a exigirle responsabilidades y castigar a los responsables de los errores y malas decisiones del partido 'Y'. Así, se cubren las espaldas unos a otros, no en una forma de contubernio malvado previamente acordado —las teorías conspirativas suelen ser falsas— sino porque la propia estructura y proceso de la política en Puerto Rico les facilita el hacerlo, les provee el terreno abonado para la doble impunidad: la del PPD y la del PNP.
Así las cosas, hemos atestiguado varias décadas de cuatrienios en que al cambiar el partido de gobierno, lo que cambian son las caras, las personas, pero no cambian ni los objetivos ni los procedimientos de gobierno en ninguna manera que podamos considerar como fundamental o realmente importante para el bien del país. Peor todavía, no han cambiado ni puesto al día en nuestro país los gobiernos de ambos partidos del bipartidismo la periclitada estructura burocrática de la Administración Pública: una estructura que ha permanecido esencialmente igual desde la década del 1940 a nuestros días. Y, no faltaba más, tampoco han hecho absolutamente nada por eliminar el partidismo organizado PPD y PNP de las agencias de gobierno con lo cual se ha sustituido el principio de mérito por el 'principio' del partidismo egoísta. Ni siquiera han sido capaces, tan pitiyanquis que se pintan y como son, de apoyar una ley puertorriqueña equivalente a la Ley Federal Hatch que prohíbe a los funcionarios del Gobierno Federal estadounidense identificarse con partido alguno en sus trabajos gubernamentales.
Se buscan ciudadanos que favorezcan el CAMBIO en forma PROACTIVA
Ante la falta de responsabilidad real en políticos y gobernantes, ante el mal hábito de la impunidad, y ante la actitud de no cambiar nada aunque todo ande mal, que es de lo que son capaces el PPD y el PNP, se necesita en Puerto Rico un movimiento activo de descontentos e indignados que desequilibre la paz de los sepulcros que hacen operativa este dueto tóxico del PPD y del PNP. No hay otra manera de decir BASTA YA a la IMPUNIDAD que sea efectiva. Con las meras protestas no se llega a ningún lado. Tampoco con nuevos pequeños partidos que no llegan ni a primera base en el terreno electoral. Como decía Eugenio María de Hostos, un pueblo no solo depende del poder político y electoral, sino también del 'poder social' del poder de actuar en masa y en conjunto. Ya lo vimos en el caso de Vieques.
Mucho menos van a mejorar al país los lloriqueos, quejas y estados generalizados de depresión tropical –o de situaciones tropicales realmente deprimentes. El cambio solo vendrá mediante concertación proactiva de muchos puertorriqueños. De no ocurrir, peores cosas pueden pasar en el país y muchos habrán de perder mucho más en propiedades, esperanzas, prosperidad y calidad de vida, que lo que hemos perdido ya hasta la fecha por nuestra cómoda inacción y por el 'dejar hacer' a quienes no se mueven por el bien colectivo sino por su propio beneficio. Todavía, tal vez, estemos a tiempo.
*El autor ha sido profesor de Ciencia Política por más de treinta años en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, de cuyo Departamento de Ciencia Política fue Director. Tomado de 80 Grados.