La noche lluviosa del 8 de agosto de 2013 sufrí un aparatoso accidente de tránsito. Varios ciudadanxs recogieron mi cuerpo en el carril más oscuro de una intersección defectuosa de la Avenida Muñoz Rivera en la que no había alumbrado, donde cuatro carriles se convierten en tres y al cabo de ese cuarto carril lo que queda de frente es un árbol magullado por los múltiples impactos que ha recibido ya de varixs conductores.

Una ciudadana me llevó en su carro hasta un pequeño hospital. Allí me esterilizaron las heridas. Me estabilizaron, me dieron un coctel de medicamentos para el dolor y para que mis órganos pudieran tolerar el tratamiento médico. Luego me llevaron al Centro Médico. Mi récord de ambos hospitales indica que estuve alerta y consciente desde que llegué y por tres horas, hasta que me sedaron para hacerme una cirugía de emergencia.

La Policía de Puerto Rico y un fiscal estuvieron presentes en Centro Médico durante mis horas de conciencia. En ningún momento me arrestaron, nunca me pidieron el consentimiento para hacerme prueba alguna. Tampoco fueron a la Sala de investigaciones de San Juan para pedir autorización judicial como establece nuestra Constitución. Esperaron a que me medicaran intensamente, me esterilizaran las heridas y me anestesiaran en sala de operaciones para extraer mi sangre en estado de inconsciencia. El Estado violentó mis protecciones constitucionales.

Por otro lado, nadie hace pruebas de alcohol para fines de procesamiento criminal a pacientes en tratamiento en Centro Médico. Hasta el protocolo para las pruebas indica que se tienen que hacer antes de cualquier intervención médica. La literatura médica establece que medicamentos que me suministraron, ungüentos etílicos y hasta sangre de mi vejiga lacerada que revertió al cuerpo exacerbaron los niveles de alcohol.

El Departamento de Justicia tuvo mis resultados desde el mes de agosto de 2013. Por qué no radicó un caso entonces? Porque no hubo delito. Al contrario, hubo violación de derechos civiles.

No es hasta seis meses después que por las presiones de un medio radial y las redes sociales se retoma la investigación de mi caso. Una vez tuve conocimiento de esta situación, renuncié a mi trabajo en Fortaleza donde estaba a cargo de asesorar al Gobernador en temas de Bienestar Social. No quise que mi puesto lacerara la confianza que merecen estos procesos.

Nunca he descartado motivaciones político partidistas en el trato público de mi accidente. Justicia, en efecto, cedió ante la presión pública. Esto demuestra que la ciudadanía puede influenciar los procesos del Estado. Soy fiel defensora de la participación ciudadana y de los reclamos de la gente por no ser excluidos de los procesos políticos. Mi historia en ese sentido acarrea un fuerte grado de ironía.

Algunos dicen que si yo fuera Juana del Pueblo me hubieran procesado más rápido. Créanme, es todo lo contrario. No se supone que una asesora de Fortaleza sea figura pública. Mi accidente me elevó al ojo público. La presunción de inocencia no existió para mí. Si yo fuera Juana del Pueblo mi caso no se radicaba o se caía en Regla 6.

Me sometí al proceso judicial con la frente en alto pero indignada por el gasto de recursos públicos en un caso natimuerto en el que la única perjudicada había sido yo y un árbol mal sembrado. No hay fondos públicos involucrados. Yo pagué por todos mis gastos médicos.

El cargo de embriaguez no prosperó por las razones ya expuestas. No obstante, el Estado sostuvo que mi proceso de depuración pública debía continuar en los tribunales. Fui a juicio por el cargo de negligencia al conducir. Tres vistas pasaron sin que fiscalía pudiera producir un ápice de prueba en mi contra. Todo esto le ha costado dinero y tiempo al Estado.

Algunos opinan que recibí trato preferencial. Que tengo palas e influencias en el gobierno.

Llegué al puesto de asesora en Fortaleza porque soy parte de una clase de jóvenes que se han dedicado al trabajo público y social desde una perspectiva no partidista. Había un interés en incluir sectores marginados en la formulación y ejecución de políticas públicas. La plataforma de gobierno me pareció una excelente hoja de ruta en temas de desarrollo humano, derechos LGBTTQAI, equidad de género, desarrollo económico comunitario, participación ciudadana e industria y promoción cultural.

Mi carta de presentación no vino del PPD, PNP, ni del MUS, PPT o PIP. No es tan simple. Mi carta es mi trayectoria en el campo legal, son lxs líderes y organizaciones comunitarias con lxs que he trabajado, las confinadas de Vega Alta, la comunidad LGBTTQAI a la que pertenezco como aliada, una parte del sector cultural no comercial y algunas feministas del país.

Estos sectores padecen situaciones tan urgentes que no puedo esperar a que llegue la independencia de mi país, la revolución socialista o el movimiento occupy anything para dedicar a ellos mis talentos y capacidades. Cuando el Gobernador me hizo el ofrecimiento no lo pensé dos veces. Lo que quiero es aportar al progreso de mi país facilitando el desarrollo de los sectores que nos van a liberar y a echar adelante – las mujeres, la niñez y nuestras comunidades. Si me dieran la oportunidad, lo haría de nuevo.

Si trabajar así, desde el 'centro' del poder, me ha ganado el epíteto de melona o popular, no me importa, me da risa. Mejor hablen con mis amigos de Vietnam, vayan a la cárcel, a un Head Start o hagan el tour del Caño Martín Pena con Melba.

He tenido el placer de decir y proponer lo que pienso y creo cara a cara a la gente que toma las decisiones en el país. No niego mi privilegio, mi educación liberal, ni los recursos que mis padres me pudieron dar: mis padres, un abogado jíbaro de Corozal que se hizo solito y una maestra mulata de escuela pública. Aprovecho lo que tengo para devolverlo.

No tuve ni tengo una maquinaria partidista ni organizada defendiéndome en las redes sociales. Peor aún soy objeto de crítica de alguna gente de izquierda y derecha por haber trabajado en el Gobierno.

Mi victoria es de mi familia, amistades que me ayudaron en el proceso judicial, ciudadanxs que me llevaron al hospital y el personal médico que me sanó tan rápido que pude regresar en solo cinco semanas a mi trabajo, a tiempo parcial, hasta que renuncié.

Siempre he desconfiado de toda estructura de poder cuya legitimidad no emane del pueblo, pero los procesos judiciales existen para evitar que tomemos la justicia en nuestras manos. Yo fui enjuiciada y prevalecí. Ahora quiero seguir disfrutando y dedicando al prójimo la vida que casi pierdo hace un año.

*La autora se despide así de una noticia que trascendió a la prensa y las redes hace ya un año. Asesora del Gobernador para asuntos de bienestar social, el incidente marcó su retiro del servicio público. Tomado de 80 Grados.