En estos tiempos la discusión pública en Puerto Rico se enfoca sobre la crisis económica, la degradación del credito y la responsabilidad de las clases políticas en todo esto. Pocos, sin embargo, ponen su atención en dónde es que hemos estado ausentes los ciudadanos mientras los políticos de turno jugaban a su conveniencia con el dinero público y el credito del país. En toda democracia apropiada para los retos contemporáneos del siglo XXI, la rendición de cuentas de los políticos, de los administradores públicos y de otros responsables de ejecutar las políticas públicas es clave para lograr la gobernabilidad y el buen gobierno. Pero los políticos no gustan de rendir cuentas motu proprio. Al contrario, rehúyen de la rendición de cuentas, como le huye el diablo a la cruz. Y si no les queda más remedio que enfrentarla, lo hacen con la 'rendición de cuentos', que no es lo mismo, ni se escribe igual. En estos tiempos de crisis, lo menos que necesitamos los ciudadanos son cuentos ni excusas para intentar justificar los desmanes de los políticos.

Recientemente, no solo en Puerto Rico sino en muchos otros países, se observa, además, el contrasentido de que los legisladores y los altos mandos de la rama ejecutiva —los políticos— aprueban leyes y reglamentos para hacerle rendir cuentas con base en resultados a los administradores públicos, y hasta culpan a estos últimos, a pesar de que ellos mismos los nombraron, si algo sale mal, y buscan ellos —los políticos—cargar con todos los méritos y elogios cuando las cosas salen bien. Conocemos ya, por tanto, cómo las elites políticas se comportan en las democracias contemporáneas para garantizarse a sí mismas los votos para la reelección, si posible, y por lo menos, la impunidad. Lamentablemente, no es cierto que les corresponda a los políticos asumir la responsabilidad política en el momento de las elecciones. Hemos sido testigos —en Puerto Rico y en otras latitudes— de cómo se ha devaluado el valor del voto como instrumento para responsabilizar a los políticos por el mal gobierno: (1) muchos de los responsables de los peores errores salen reelectos; y (2) aun el llamado 'voto de castigo' con el cual los votantes 'sacan del poder a un partido para poner al otro' resulta ostensiblemente inefectivo. Cambia el partido de gobierno, cambian los políticos, cambian las caras, pero todo sigue más o menos igual: los mismos errores, el mismo dispendio escandaloso de los fondos públicos, el mismo endeudamiento en espiral y la misma actitud de poner los beneficios personales y partidistas por encima del bien común. Y es que no es cuestión de cambiar un político por otro, ni de quitar un partido para poner otro, máxime cuando —como ocurre en Puerto Rico— la selección se limita a dos partidos guaretos: el PNP y el PPD.

La solución está en la sociedad civil organizada y comprometida con el bien común

Cuando en un país existen problemas de esta naturaleza, es necesario encontrarles la solución adecuada, la más apropiada. No es una solución practicable a corto plazo ni adecuada, por ejemplo, el crear nuevos partidos políticos pequeños, mientras exista el marco constitucional y legal vigente que los excluye de representación legislativa. Además, se ha tratado y no ha funcionado. Por otra parte, si modificáramos nuestra Constitución y tuviéramos un sistema multipartidista, nadie puede garantizar que los legisladores de los partidos pequeños van a fiscalizar efectivamente a los del PNP y del PPD, o a los funcionarios de la rama ejecutiva. Si lo hicieren, tanto mejor. Pero aun en esa circunstancia, la solución está más en una sociedad civil alerta y bien organizada, que en esperar la superación de las malas prácticas habituales de la clase política.

Dado el caso en que, como en Puerto Rico, algunas de las malas prácticas se han convertido en malas costumbres inveteradas —no solo en muchos de los integrantes de nuestra clase política, sino también entre muchos de los propios ciudadanos comunes— no parece haber solución más efectiva que esta: la creación de nuevos grupos de la sociedad civil, dirigidos por ciudadanos responsables que sean verdaderamente conscientes de que sí es posible pasar de un juego político de ganar-perder y de perder-perder, de una farsa o mueca de lo que puede ser la democracia, el buen gobierno y la sana administración pública, hacia un nuevo modelo democrático donde ganemos todos (ganar-ganar). Dichos grupos, dirigidos por los sectores más esclarecidos de nuestro cuerpo político y de nuestro acervo patriótico, habrían de hacerle un gran servicio al país y al bien colectivo al dedicar esfuerzos muy concretos de exigencia directa de un mejor gobierno y de una mejor democracia. Por ejemplo: (1) transparencia creciente en todas las actividades y decisiones de gobierno; (2) examen riguroso de cómo exactamente se beneficia el bien colectivo con las decisiones y acciones tomadas; y (3) nuevos procesos de rendición de cuentas y de responsabilidad tanto de los dirigentes políticos como de los altos cargos de la administración pública. Los métodos de acción de dichos grupos civiles pueden ir desde los cabildeos formales con sectores de la clase política, las denuncias ante la opinión pública en los medios de comunicación, la incoación de casos en los tribunales de justicia y la movilización masiva de protestas ciudadanas y hasta la desobediencia civil pacífica, como último recurso, si esta fuere necesaria.

La expectativa de que lo propuesto sí habrá de ser una solución efectiva frente al tipo de problemas políticos y de mal gobierno que hemos enfrentado, es que, si la misma ha funcionado hasta para tumbar gobiernos en otras latitudes —y para defender los derechos humanos de los viequenses ante los abusos de la Marina de Estados Unidos en nuestro país— bien redimensionada y utilizada estratégicamente, puede obligar, tanto a los políticos como a los administradores públicos, a ser transparentes, a rendir cuentas y a eludir el uso dispendioso de los fondos públicos debido justamente a la constancia, efectividad y continuidad de la presión ciudadana directa y masiva en pro de las conductas políticas favorables al bien común y a las buenas prácticas del gobierno democrático y de la sana administración pública. Veamos en detalle la elaboración del argumento.

El papel imprescindible de la sociedad civil y del poder social

Dado que es un hecho comprobado que los políticos y los demás responsables de las malas decisiones de los gobiernos no van a rendir cuentas por sí mismos, los ciudadanos —organizados en grupos efectivos y de acción continua desde la sociedad civil— tenemos que obligarlos a que lo hagan. Cómo? Pues a base de presiones 'interminables', bueno, por lo menos hasta que cumplan, actúen y se comporten a favor del bien colectivo. Resulta curioso que con todo lo que suele citarse al prócer Eugenio María de Hostos, tan pocos puertorriqueños hayamos aprendido y practicado una de sus principales lecciones. En una democracia y para resolver los problemas colectivos, los ciudadanos, no solamente poseen el poder político, el poder electoral, sino que tienen a su disposición el poder social. Mientras las movilizaciones no sean violentas, sino cívicas y pacíficas, estarán siempre dentro de lo que debe ser el funcionamiento correcto en una democracia vibrante. Por otro lado, la desobediencia civil pacífica es un instrumento importante si llegare la situación de tener que recurrir a ella, como ocurrió en la lucha por Vieques.

Dicho sea de paso, no se debe permitir que nadie responda que es imposible tener democracia en una colonia, porque esa es una excusa vieja y baratísima de quienes la usan para ocultar su desidia y su indisposición a cumplir su responsabilidad ciudadana limitándose más bien al pataleo, lo cual no cuesta. Nos referimos en este artículo a prácticas democráticas entre nosotros los puertorriqueños y el gobierno interno de Puerto Rico, que por limitaciones que tenga debido a la inferioridad territorial, no deja de ser un gobierno con poderes reales en muchos ámbitos de nuestra vida colectiva, incluso para endeudar excesivamente al país (acaso no dicen que tenemos 'deuda soberana'?) y para proteger, alquilar o enajenar nuestro patrimonio nacional. Por otro lado, ningún país que haya pasado por experiencias coloniales —ya a la altura del siglo XX— esperó a su independencia, para después de llegar a ella, comenzar con las prácticas de gobierno democráticas y con la participación ciudadana. Los países que así lo hicieron en el siglo XIX, o a comienzos del XX, tuvieron estados soberanos con dictaduras, guerras civiles y pésimos gobiernos. Los demás, los que tuvieron los mejores gobiernos, tuvieron también amplia experiencia con instituciones democráticas durante el propio periodo colonial, como sucedió en muchas de las excolonias de Inglaterra que se independizaron en el tardío siglo XX. Como ya estamos en pleno siglo XXI, es obvio que una parte importante de nuestras asignaturas pendientes es la de modificar el funcionamiento de nuestra democracia interna: precisamente para que no sea una farsa, y para que cuando el país llegue a la soberanía, ya sea en la independencia o en la libre asociación, esté mejor preparado para tener una democracia efectiva y más plena.

Colectivamente, como Pueblo, hemos tenido ya varias experiencias que nos confirman que el poder social de la sociedad civil, cuando se usa con continuidad, estrategia y contundencia, es efectivo. Incluso más efectivo que el poder electoral. La mejor evidencia la produjo la lucha cívica por Vieques. Lo que explica el éxito de la sociedad civil en Vieques fue que se aunó la desobediencia civil continuada y contundente a estrategias inteligentes de publicidad internacional sobre la situación de violación de los derechos humanos en Vieques, la búsqueda de solidaridad en Estados Unidos de personas prestigiosas que vinieron a Puerto Rico a apoyar la causa como una de derechos humanos y la organización misma de la gente de Vieques. Los viequenses no se limitaron a reclamar únicamente la salida de la Marina, sino que pidieron y propusieron también un plan de desarrollo económico y social para la Isla Nena. El referéndum celebrado en Vieques, a pesar de más del 70% del voto de los viequenses a favor de la salida inmediata de la Marina, no tuvo sino un efecto mediático de reafirmación de la voluntad de los viequenses. No tuvo impacto real en la salida de la Marina, ya que esta no se fue de inmediato, como lo pidió la mayoría amplia de los votantes, sino a tres años plazo como se estableció en el acuerdo Rosselló-Clinton, el cual se debió —a su vez— a la desobediencia civil de los ciudadanos y a que los líderes políticos se unieron también a la causa para no 'quedar atrás' y rezagados ante el arrojo y contundencia de la militancia ciudadana.

Otro ejemplo de pleno éxito de la lucha cívica continua y contundente se dio con la paralización de la construcción del gasoducto de la Administración de Fortuño, en gran medida resultado de la movilización ciudadana en contra del proyecto, la cual fue orquestada hábilmente por Casa Pueblo y otras organizaciones ambientalistas. La protesta organizada, el pueblo en la calle, no siempre tiene ese nivel de efectividad en todos los casos. Pero ciertamente, en tiempos recientes, hemos atestiguado el efecto en cambios políticos importantes a causa del uso del poder social cuando este viene apareado con estrategias bien planificadas y articuladas. Además de nuestro propio país, esto se ha observado en lugares tan distantes como Madrid, España, con la llamada 'Marea Blanca' que tuvo el efecto de impedir la privatización de hospitales públicos, las protestas continuadas en Burgos y Madrid, que echaron atrás la decisión de construir un bulevar suntuario mediante una burbuja; las protestas masivas en Egipto y, más recientemente en Ucrania, las cuales llegaron a hacer caer gobernantes.

Necesidad de crear nuevas entidades ciudadanas de la sociedad civil para exigir transparencia, decisiones favorables al bien común, rendición de cuentas por el uso de los fondos públicos

En nuestro país hay múltiples grupos de la sociedad civil, pero la mayoría de ellos no existen para enfocarse sobre el bien colectivo, hacer propuestas de política pública a los gobiernos, exigir transparencia a los gobernantes, ni mucho menos para demandar rendición de cuentas sobre la toma de decisiones gubernamentales. Por demasiado tiempo hemos confiado en que esa fiscalización era 'tarea' de los partidos de oposición. Eso no ha dado resultado durante los tiempos del bipartidismo cerrado PPD-PNP, porque el partido que constituye la principal minoría legislativa en cada cuatrienio suele dedicarse más bien a criticar el gobierno del otro partido en un 'tour mediático', pero muy poco a ayudar a desbaratar desmanes y malas decisiones del gobierno de turno. La dedicación principal de los legisladores de minoría, aparte de fustigar al gobierno de turno en los medios de comunicación, ha sido la de esperar a que el gobierno de turno se desgaste para que su partido aproveche dicha situación a fin de maximizar las probabilidades de ganar el control del gobierno en 'las próximas elecciones'. Así, que en lugar de 'intentar detener' los errores del gobierno del partido adversario, los partidos de minoría los han dejado fluir porque han puesto su interés partidista inmediato en un próximo triunfo electoral, por encima del bien común y de los intereses genuinos del país.

Por otra parte, en nuestra sociedad civil, influidos por los 'modelos' estadounidenses de entender la democracia, hemos dado demasiada importancia —siguiendo la visión de la democracia de los grupos de interés— a crear grupos en pro de intereses sectoriales y particulares, y muy pocos de ellos con el objetivo de mejorar la calidad de la vida democrática, o para forzar a los gobiernos a tomar decisiones de bien común y no exclusivamente aquellas que favorecen los intereses, beneficios y zonas de comodidad de la propia elite política o de los sectores privilegiados y poderosos que hacen grandes contribuciones a sus campañas eleccionarias. En muchas ocasiones los grupos civiles existentes luchan por sus propios intereses sectoriales o particulares, con mayor o menor efectividad, pero concentrados en sus propias zonas de comodidad. Una vez logrados ciertos beneficios para sus intereses, muchos de esos grupos cívicos se desentienden del resto del proceso político. Por qué? Pues porque carecen de proyectos y recursos destinados a exigir o demandar transparencia gubernamental, uso prudente de los fondos públicos y rendición de cuentas a los que tienen el poder público: a los políticos y a los administradores públicos. En otras palabras, ese ha sido el escenario dominante porque ni los partidos políticos de minoría ni la mayor parte de los grupos existentes en nuestra sociedad civil han tenido un proyecto político que vaya más allá de sus intereses particulares para enfocarse en la lucha por el bien común.

Al no existir diversos grupos dedicados a demandar prácticas y decisiones gubernamentales de bien común, transparencia en las acciones y decisiones de los gobiernos, ni tampoco procesos democráticos de rendición de cuentas, la sociedad civil puertorriqueña se encuentra acotada, excesivamente limitada y carente de información suficiente y correcta sobre lo que ocurre en los gobiernos y en las agencias públicas. No es solo que tenemos una sociedad civil bastante fragmentada —producto de que cada grupo presiona por sus propios intereses grupales y sectoriales y no por soluciones efectivas a los problemas fundamentales del bien común— sino que poseemos una sociedad civil incompleta, carente de grupos importantes que movilicen de continuo la capacidad de protesta y propuesta de los ciudadanos específicamente con el objeto de tener mejores procesos de gobierno, acciones y decisiones políticas más transparentes, mejor informadas a los ciudadanos, y procesos efectivos de rendición de cuentas que resulten en una reducción drástica de las probabilidades de impunidad en los casos en que los gobernantes operen de forma tal que se perjudique el bien colectivo. Esa situación ha dejado por demasiado tiempo a los líderes políticos en Puerto Rico —de ambos partidos principales— muy por la libre, muy cómodos en el manejo de sus cuotas de poder y casi intocados en cuanto a exigirles que asuman responsabilidad por las malas decisiones que toman, por sus derroches de fondos públicos y por el endeudamiento gubernamental excesivo, no para impulsar una economía creciente, no para ofrecer a los ciudadanos en general acceso a una educación de calidad mundial, no para construir un sistema de salud de excelencia, sino para favorecer intereses particulares, intereses privados con los fondos públicos, con los fondos y recursos de todos nosotros. A eso se han sumado lo que podríamos denominar las 'malas prácticas democráticas', o un mal entendimiento de lo que es la democracia elevado a la categoría de 'práctica consuetudinaria'.

El uso dispendioso de los fondos de todo el Pueblo, de los fondos públicos, es lo que nos ha llevado sistemáticamente al endeudamiento excesivo del gobierno, a pagar deuda con más deuda y a otras acciones disparatadas y egoístas de nuestra elite política. Como han transitado por sus cargos de gobierno por la libre, sin presión ni fiscalización efectiva proveniente de los propios ciudadanos o de los grupos de la sociedad civil, nuestros políticos se han habituado al camino fácil: y el que venga atrás, que arree, todo ello aderezado con la actitud irresponsable y frívola de que 'la última la paga el diablo'. Ese uso dispendioso y errado asume a veces la forma de las burbujas que comenté en mi artículo anterior y de lo cual tanto la prensa diaria como la radial han dado recientemente numerosos ejemplos, más allá de los que incluí en mi escrito. Más y más ciudadanos, esperemos, van conociendo cómo han funcionado las famosas burbujas. En otras ocasiones, se trata del pago gubernamental de bienes raíces a intereses privados muy por encima de su valor en el mercado. Aún en otras, el desperdicio viene por acciones irresponsables de funcionarios públicos partidistas que violan derechos a otros empleados públicos despidiéndolos u hostigándolos por partidismo, y que más adelante en los tribunales significan millones que termina pagando el gobierno—no los perpetradores de las violaciones de derechos— por las demandas civiles incoadas y ganadas por los perjudicados. Y hasta en ocasiones, malas decisiones de funcionarios públicos de Puerto Rico significan multas impuestas a nuestro gobierno por el gobierno federal de Estados Unidos porque dichas malas decisiones han cometido violaciones crasas a las leyes federales. En todas estas modalidades los responsables de los errores que resultan en derroche, mal uso y hasta robos indirectos de los fondos colectivos, de los fondos públicos, suelen quedar impunes. Por supuesto, a lo antedicho hay que añadir los robos más obvios y directos de los fondos públicos, su uso para fines no legítimos, y todas las modalidades del soborno, las extorsiones, el peculado y demás tropelías de la burocracia gubernamental. En estos últimos casos las violaciones de ley son tan evidentes, y la corrupción es tan extrema, que, en ocasiones, los responsables han ido a pagar en la cárcel el descaro de sus 'asaltos' y de sus manipulaciones siniestras respecto del erario público. Todo esto se habría podido evitar con una sociedad civil activa, alerta y organizada con el fin muy concreto de quitarles las caretas a todos los políticos o administradores públicos que se atrevieren a mal usar, malgastar o a robar los fondos públicos, de modo que sus actividades no quedaran viciosamente impunes. El problema de ver los fondos públicos como si no fueran nuestros, 'de todos' —como si desperdiciarlos no tuviera consecuencias negativas para el bien común— ha llevado, como sugerí antes, a prácticas políticas 'supuestamente democráticas' que han sido también responsables del mal uso y del 'robo disfrazado' de los fondos públicos.

Las malas prácticas 'democráticas' y el desperdicio de los recursos públicos

La mayor parte de los ciudadanos sensatos de este país estarían de acuerdo con que la compraventa del voto fue una de las páginas negras de nuestra vida política, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. En medio de la pobreza campesina de entonces, los hacendados y otras personas pudientes compraban el voto a los jíbaros, a cambio de un par de zapatos, dinero en efectivo, o de pagar el tratamiento médico a algún miembro de una familia de 'arrimados' que había enfermado. Uno de los aportes fundamentales de Luis Muñoz Marín y del joven Partido Popular Democrático de otros tiempos fue la prédica contra la compraventa del voto y la educación popular sobre el poder del voto en una democracia. No obstante, al correr de los años, y sobre todo cuando se produjo el inicio del bipartidismo cerrado PPD-PNP a partir de los comicios de 1968, proliferó en nuestro país la compraventa indirecta del voto. Esto operó principalmente con distintas categorías de los empleados públicos, sobre todo aquellos con sueldos bajos y dificultades económicas. Y comenzó a generalizarse la práctica —tanto en los gobiernos del PPD como en los del PNP— de comprar al mismo tiempo 'la paz social' y los votos de los empleados públicos a base de concesiones económicas dispendiosas, muchas veces imprudentes, a diversas categorías de funcionarios gubernamentales. En este caso ya no se trataba de una compraventa del voto pagada por ciudadanos privados adinerados, sino una compraventa del voto a diversos colectivos de empleados públicos pagada con fondos públicos. El uso de las agencias gubernamentales como si su función principal asignada hubiera sido la de convertirse en agencias para multiplicar el empleo público —en pago por el voto y por favores políticos— los reclutamientos a la administración pública en pago por militancia partidista y echando a un lado el principio del mérito, los sueldos extravagantes y las bonificaciones costosas a diversas categorías de empleados gerenciales, y todo tipo de males como el 'amiguismo', el 'partidismo' y el nepotismo, también llegaron a convertirse en 'práctica común' y —peor aún— en prácticas percibidas como 'normales' y esperables en una democracia. Todo ello con el resultado de endeudar más y más al gobierno para poder dar continuidad a tales prácticas.

Y quién le dijo a nuestros políticos y gobernantes que es una práctica normal de la democracia el malbaratar fondos públicos para 'calmar' las protestas sindicales, lograr paz social y hasta para ganar para el partido de turno en el poder los votos de miles de empleados públicos a base de concesiones y emolumentos dispendiosos, de abrir plazas innecesarias en las oficinas de gobierno para darle un puesto al hijo de fulano o de mengano, y de todas esas malas prácticas que se escenificaron en nuestras agencias de gobierno por décadas? No en balde hay departamentos y agencias del gobierno en las cuales el 80% del presupuesto está dedicado a salarios, beneficios marginales, bonificaciones y otros extras para los empleados públicos. Una vez estas prácticas se generalizaron se tornaron imparables. Porque es evidente que en un país con numerosos empleados públicos mal pagados, habría de convertirse en estrategia de progreso para muchos de ellos el armar 'canfínforas' sindicales y de otro tipo frecuentemente como estrategia para conseguir mejores sueldos y otros beneficios en el gobierno, no a base del mérito profesional-gubernamental, no a base del mérito en la excelencia de los servicios públicos a los ciudadanos, sino en medio de pésimos servicios gubernamentales porque el mérito se trasladó a la lealtad partidista y al voto por un partido político. Podríamos también preguntar y quién les dijo a los empleados públicos que es 'normal' y 'natural' que en una 'democracia' deban venderles ellos —al mejor postor— sus votos a uno u otro de dos partidos principales, a cambio de beneficios y privilegios que no exigen sino lealtad partidista a cambio, aunque con ello se perjudique al erario público, el bien común y hasta la calidad de los servicios a los ciudadanos? Es bastante evidente que si a un empleado público lo que se le exige es la militancia partidista, el aportar dinero a su partido y el dar el voto en las próximas elecciones, para lograr privilegios, beneficios o aumentos salariales, el empleado no va a tener el más mínimo incentivo para mejorar su productividad ni el servicio que le debe a sus conciudadanos desde su cargo gubernamental.

En estos días se ha comentado el problema en la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) con el paro decretado por sus chóferes. Pero es un secreto a voces que dicha agencia pública nunca ha operado un servicio de excelencia para los usuarios, los ciudadanos, porque desde tiempos de Muñoz Marín el gobierno acostumbró, y engrió, a los conductores y otros empleados de la agencia a obtener beneficios económicos no merecidos por esfuerzos en la mejora del servicio. Otra vez, la principal exigencia gubernamental, salvo honrosas excepciones, lo fue la lealtad partidista y el obtener los votos de los empleados de la agencia y de sus familias más que crear condiciones para que ellos ganaran los beneficios económicos mediante la comprobación de nuevos y mejores esfuerzos para proveer un servicio de transporte rápido, eficiente y de excelencia. Esto se agravó, por supuesto, por el hecho de que los usuarios de la AMA no están entre los ciudadanos más privilegiados, sino entre los más pobres, o entre personas de la clase media que no ganaban suficiente como para transportarse en un automóvil propio.

Esta otra variante institucionalizada de desperdicio o de uso dispendioso de los fondos públicos ha sido también responsable de la crisis fiscal del gobierno y de que aquí, en Boricua-Landia se diga tan a menudo que 'el que tiene padrino, se bautiza'. Y habría podido al menos minimizarse, si hubiese existido en nuestro país un grupo activo de asociaciones cívicas dedicadas proactivamente a cuestionar las malas prácticas gubernamentales, que disfrazadas de prácticas 'usuales' en una democracia, perjudicaban seriamente el bien colectivo y comprometían los recursos de todos para beneficiar inmerecidamente a numerosos empleados, burócratas y sobre todo al personal gerencial de las administraciones públicas. Recientemente, en un programa radial de la serie Hilando fino desde las Ciencias Sociales tuve la oportunidad de preguntarle al reputado profesor argentino Oscar Oszlak invitado por la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella, y experto en asuntos de gobierno y políticas públicas, sobre cuál sería una solución efectiva ante estas malas prácticas que se publicitan como si fueran prácticas usuales y normales en una democracia. Su respuesta fue categórica y contundente: el único modo efectivo de contrarrestar eso es mediante sistemas adecuados de rendición de cuentas y una sociedad civil alerta que exija y fiscalice dichos procesos de rendición de cuentas.

A modo de conclusión

En lugar de intentar 'soluciones inapropiadas' o inefectivas, intentemos —ahora que la realidad nos obliga a superar la crisis— lo que nunca antes se ha intentado de forma sistemática, continua y proactiva: la creación de nuevos grupos de la sociedad civil, dirigidos por puertorriqueños con convicciones y con un compromiso genuino con el bien del país —que los hay, muy talentosas y talentosos, en todas las prácticas profesionales, sindicales y empresariales— dirigidos exclusivamente a forzar a nuestra clase política, de todos los partidos, a ser transparente, a rendir cuentas por sus acciones y a tener que justificar continuamente el uso de los recursos del Estado para fines genuinos de bien común en lugar de malbaratarlos para enriquecer empresas o ciudadanos y pequeños grupos particulares de privilegiados, o funcionarios de la burocracia gubernamental por sus lealtades partidistas. Cuando los políticos estén continuamente vigilados y presionados por ciudadanos y grupos comprometidos con el bien común, habrá que ver cuántos de ellos querrán permanecer como carreristas políticos.

*El autor es profesor de Ciencia Política en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Tomado de 80 Grados.