Gran parte, tal vez la mayoría, de los independentistas y autonomistas, coinciden en que la incorporación del territorio de Puerto Rico y su integración a la federación estadounidense contradicen los intereses de Washington a tal grado que resulta prácticamente imposible su materialización. El contundente argumento plantea que a Estados Unidos no le interesa el estado de Puerto Rico, cuya población recibe fondos de beneficencia a una tasa mucho mayor que la del estado que más recibe. La estadidad provocaría un crecimiento en los fondos federales dado que hay programas que excluyen a los territorios total o parcialmente. Tambien aumentarían los desembolsos a programas federales de agencias públicas. En fin, el estado 51 boricua le saldría muy caro al tesoro federal.

Otro asunto que amenaza las posibilidades de materializarse la estadidad radica en la brecha etnolingüística que separa a los puertorriqueños de los estadounidenses. Puerto Rico convertiría a los Estados Unidos oficialmente en un estado multinacional y multiétnico. Estados Unidos incorporaría voluntariamente a su realidad política cotidiana un dolor de cabeza similar al que representan Quebec para Canadá, Cataluña para España o Irlanda para Reino Unido.

La estadidad también se enfrenta a grupos poderosos de ideologías racistas que se esconden tras el lenguaje para imponer su discrimen impunemente. Decía la erudita Ana Celia Centella en una exquisita presentación en el Recinto de Mayagüez de la UPR el año pasado que la lengua se había convertido en la nueva raza. La sociedad estadounidense permite burlarse públicamente y sin consecuencias del acento o competencia lingüística de un ser humano de una manera que no se admite por motivos raciales. No se coloca el discrimen lingüístico a la par con el producido por raza o género. Pero lo es. El discrimen lingüístico se ha convertido en la herramienta principal de individuos y movimientos que pretenden perpetuar sus privilegios de poder sobre las minorías étnicas del país, cuyos individuos no hablan la versión prestigiosa del inglés o se comunican en otra lengua.

El Official English Movement reaparecerá con fuerza y empleará sus mejores recursos para impedir que Puerto Rico se integre a la federación. El blog de Pro English establece sin titubeos que el significado de 'tener el inglés como lengua oficial sencillamente es que, para que el gobierno actúe oficial o legalmente, tiene que comunicarse en inglés' y que 'nadie tiene el derecho de exigir servicios del gobierno en ninguna otra lengua.'

Por otro lado, el tamaño de la población de Puerto Rico lo coloca en la posición 29 al compararla con los estados de la unión, por lo que tendría una representación en el Congreso mayor que casi la mitad de los estados. La mayoría de esos estados con menor población que Puerto Rico favorecen tendencias conservadoras y apoyan al Partido Republicano, por lo que es razonablemente predecible que se opondrían a la estadidad jíbara.

Es difícil visualizar un escenario en que Washington acepte anexar a un montón de mulatos, pobres y malhablados. Ese fue el caso de Nuevo México y Arizona, cuyas poblaciones abrumadoramente mexicanas e hispano parlantes provocaron 60 años de rechazo por parte del Congreso hasta que finalmente accedieron. Ya para entonces la inmigración de angloparlantes de otros estados y territorios había convertido a los mexicanos en minorías dentro de su propia tierra.

Esos argumentos indican que la concesión de la estadidad para Puerto Rico es muy difícil, pero no imposible. No hay duda de que existen impedimentos considerables contra la anexión, pero también existen varios factores que la favorecen.

El mercado de Puerto Rico para productos estadounidenses es enorme. El valor de las importaciones de EE. UU. a Puerto Rico es mayor que el de la mayoría de los países de América latina. De acuerdo al tamaño de su mercado, Puerto Rico es un país mediano. La anexión de este mercado de manera irreversible por vía de la estadidad favorecería intereses comerciales muy poderosos en Washington, cuyos cabilderos podrían contribuir a un voto afirmativo. Por ejemplo, Puerto Rico es uno de los mayores mercados mundiales de los poderosos productores de arroz estadounidense. La estadidad seguramente aumentaría el valor de las importaciones con el incremento de los subsidios federales a los sectores pobres de la población. La estadidad resultaría favorable para las megatiendas y exportadores de productos de consumo estadounidense, que tienen en Puerto Rico un mercado excelente y con muy poca competencia.

Por otro lado, muchos sectores del Partido Demócrata favorecerían la anexión para Puerto Rico por la creencia de que la mayoría, si no todos, los congresistas puertorriqueños pertenecerían a su partido. Es muy probable también que los votos para el Colegio Electoral en las elecciones presidenciales se inclinarían consistentemente hacia candidatos Demócratas. Esa interpretación se nutre del hecho de que la mayoría de los puertorriqueños en Estados Unidos votan por los Demócratas. Además, las primarias Demócratas en Puerto Rico generan mucho más interés público y donaciones de campaña que las Republicanas.

Además, el Congreso de los Estados Unidos sencillamente no ha rechazado ninguna petición seria de estadidad. Algunos territorios han tenido que lucharla durante varias décadas, pero todos han entrado. Esos territorios incluyen lugares con diversidad etnolingüística que en su mayoría pertenecieron a otro imperio de cultura no anglosajona. Dos no tienen contigüidad geográfica y varios contenían poblaciones más pobres que el promedio estadounidense. Todos entraron porque el espíritu expansionista estadounidense no parece tener límites.

Por su parte el territorio o colonia resulta insostenible. Su renovación a través del supuesto convenio de la Ley 600 de 1950, el cambio de nombre a Estado Libre Asociado o Commonwealth, y la declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el autogobierno en Puerto Rico han agotado sus reservas. Dos presidentes estadounidenses, George Bush y Barack Obama, así como un gran número de congresistas, han declarado inequívocamente que no existe un convenio con Puerto Rico y que la relación política es de subordinación. Ha quedado enterrada la declaración de tres jueces del Primer Circuito de Apelaciones Federal en el caso Mora vs. Mejías de 1953 que pareció justificar el ELA y que indicaba que el Commonwealth era una entidad política creada por la Ley 600 con el consentimiento del pueblo de Puerto Rico en unión con los Estados Unidos de América bajo los términos del pacto. Hoy día ese caso solo lo cita el sector conservador del estadolibrismo puertorriqueño.

El gobierno estadounidense ya ni siquiera bloquea los intentos de declarar colonia a Puerto Rico en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas como hacía enérgicamente durante la Guerra Fría. La Resolución 748 VIII de la Asamblea General de la ONU en 1953 declaraba que, bajo los términos de la Resolución 742 VIII del mismo año, el Commonwealth de Puerto Rico dentro de los Estados Unidos se había establecido como una asociación por mutuo acuerdo, que el pueblo de Puerto Rico había ejercido efectivamente su derecho a la libre determinación, que el pueblo de Puerto Rico se había investido de atributos de soberanía y que era una entidad política autónoma. Esa resolución permitió que el gobierno estadounidense cesara de enviar informes explicativos a la ONU sobre la descolonización de Puerto Rico. La década de 1960 produjo grandes cambios en la composición de la Asamblea General de la ONU y con ello una redefinición del concepto de autogobierno. Bajo los nuevos términos, definidos en las Resoluciones 1514 XV y 1541 XV de 1960, Puerto Rico nunca se había descolonizado. Los intentos del independentismo porque el Comité de Descolonización reconociera esa realidad se bloquearon consistentemente por el cuerpo diplomático estadounidense a través de presiones, amenazas y chantajes a los países que quisieran incluir el caso en la agenda de discusión del comité. Esos esfuerzos de la diplomacia estadounidense ya no existen y reflejan una actitud casi indiferente ante el caso. El embajador estadounidense en la ONU ya no defiende la condición territorial de Puerto Rico.

Por otro lado, el ejército estadounidense, que convirtió a Puerto Rico en una gran base militar durante la Segunda Guerra Mundial con unas 25 instalaciones, ha desmantelado sus operaciones más grandes en suelo puertorriqueño, como las bases Ramey en Aguadilla y Roosevelt Roads en Humacao. El interés militar estadounidense por el territorio boricua ha disminuido considerablemente y con ello el interés de Estados Unidos en mantener la colonia.

El rendimiento económico del estatus actual se encuentra en su peor momento. Las noticias de la debacle económica abruman a diario a los medios noticiosos puertorriqueños. La prensa financiera estadounidense publica constantemente artículos en los que describe un futuro nefasto para el desarrollo económico de Puerto Rico. Las supuestas ventajas del modelo territorial se desvanecen y afloran sus limitaciones. Por ejemplo, el acceso libre al mercado estadounidense, que constituyó uno de los fundamentos de la defensa del ELA, se les extendió a muchos países que ahora compiten exitosamente contra productos puertorriqueños. Lo hacen en el pleno ejercicio de su soberanía. De hecho, ahora esos países también inundan el mercado puertorriqueño con sus productos y sus empresarios reemplazan al capital puertorriqueño en sectores económicos medulares, como las comunicaciones, la industria lechera, el cemento y los puertos.

El modelo de desarrollo económico del ELA basado en la invitación incondicional del capital estadounidense generó una enorme fuga de capital hacia los Estados Unidos que se refleja en la gran diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto. El segundo supera por mucho al primero. El ELA y sus gobernantes han sido incapaces de detener ese desangre de $30 mil millones anuales. Tampoco ofrecen alternativas viables para la generación de capital puertorriqueño que promueva la acumulación de capital y el crecimiento de los activos bancarios. La incapacidad de generar capital en Puerto Rico, sumado a la ausencia de ahorros por parte del consumidor puertorriqueño, han evitado el desarrollo de una banca exitosa que estimule la inversión. El ELA se quedó sin herramientas ni voluntad política para implantar un modelo de desarrollo económico que no dependa de la inversión estadounidense, ya sea en textiles, petroquímicas o farmacéuticas.

El Commonwealth de Puerto Rico ha recibido, además, el rechazo explícito del electorado. El referéndum de 2012 estableció sin duda alguna que la mayoría de los puertorriqueños desea finalizar la relación colonial con los Estados Unidos. La pregunta ya no es si los puertorriqueños quieren el ELA, sino qué prefieren en su lugar. No obstante los reclamos del liderato anexionista, la estadidad no recibió más de la mitad de los votos en el segundo plebiscito efectuado el mismo día aunque recibiera más votos que las otras dos alternativas. La independencia obtuvo una fracción pequeña del voto, pero el estado libre asociado soberano alcanzó un total considerable. Esos resultados indican un potencial realineamiento de las fuerzas políticas anti-anexionistas alrededor de alguna modalidad de soberanía política o independencia que no existía en Puerto Rico desde los tiempos del Partido Unión y el Partido Liberal. El espectro político post-ELA se encuentra aún en formación y promete ofrecer sorpresas históricas.

La independencia representa la única opción necesaria para el verdadero desarrollo de Puerto Rico. La enorme asimilación cultural anglosajona que ha experimentado el pueblo puertorriqueño continuará acelerándose dentro de la condición colonial. La competencia desleal de visiones de mundo ajenas a la idiosincrasia puertorriqueña provenientes de Estados Unidos sólo puede moderarse bajo un estado cuyos gobernantes no se consideren subordinados a la política estadounidense. Globalización es una cosa; anglobalización es otra. El disfrute real de la soberanía permitirá a Puerto Rico integrarse a la primera sin renunciar a su individualidad. El Commonwealth, sin embargo, solo aspira a la segunda, que tiende aceleradamente a la asimilación cultural.

El modelo económico de la independencia o soberanía debe basarse en la integración a los mercados mundiales dentro del contexto de apoyo y protección a algunos sectores productivos puertorriqueños, incluyendo los pequeños y medianos empresarios. La independencia no es sinónimo de aislamiento sino, por el contrario, de mundialización. Tratados bilaterales y multilaterales de comercio, de inversión y de intercambio pueden generarle a la economía de Puerto Rico grandes sumas de capital. El Commonwealth no permite esa posibilidad y obliga a Puerto Rico a formar parte de todos los tratados internacionales que firme Washington para su conveniencia, no la de sus territorios. Por ejemplo, el NAFTA (North American Free Trade Agreement) y el CAFTA-DR (Central American Dominican Republic Free Trade Agreement) han producido la entrada de enormes cantidades de mercancias de los países firmantes al mercado puertorriqueño sin reciprocidad de entrada de los productos puertorriqueños en los suyos. Ese no es el caso de los bienes estadounidenses, que han aumentado su presencia entre sus socios. El NAFTA y el CAFTA-DR beneficiaron a Estados Unidos pero perjudicaron a Puerto Rico. Solamente bajo la soberanía, Puerto Rico podrá negociar tratados bajo términos favorables para sí mismo.

La posibilidad de entrada de Puerto Rico a la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y los posibles acuerdos con Petrocaribe ponen sobre el relieve la importancia de obtener la soberanía nacional. Ambas ofrecen posibilidades enormes de alianzas estratégicas para estimular la economía puertorriqueña. La primera reacción del sector estadolibrista sobre ambas propuestas fue que debíamos consultar con el Departamento de Estado de EE. UU. antes de considerar cualquier opción de membresía internacional. La emancipación de esa vergonzosa sumisión a los intereses estadounidenses sólo es posible bajo la independencia. Sin liberar a Puerto Rico de ese lastre colonial, jamás se materializará su verdadera integración al mundo, lo que lo coloca en una gran desventaja frente a sus vecinos.

Por otro lado, la dependencia económica de grandes sectores de la población puertorriqueña solamente acabará bajo la soberanía. Es vergonzoso, improductivo y patológico el que la mitad de los habitantes de un país dependan de ayudas gubernamentales. La colonia ha producido una dependencia material y emocional hacia la metrópolis que a su vez ha producido generaciones enteras de seres humanos que no ven en el trabajo la alternativa real para superar la pobreza. Puerto Rico necesita urgentemente poner a su gente a trabajar. La colonia y la anexión promueven precisamente lo opuesto, con sus cupones de alimentos, fondos WIC y cheques del PAN. Eso no representa un modelo económico. Sin trabajo no hay producción; sin producción no hay riqueza.

Puerto Rico se merece gobernantes valientes que enfrenten el milenio con propuestas reales de cambio. Los dos partidos de siempre son incapaces institucionalmente de producir ese tipo de líderes por su sumisión a los intereses estadounidenses y su resignación de administrar la colonia. El clamor del prócer Ramón Emeterio Betances luego de la invasión de 1898 resuena en el tiempo con mayor fuerza que nunca: 'qué les pasa a los puertorriqueños, que no se rebelan?'

*El autor es Catedrático Asociado de Ciencia Política en el Colegio de Mayagüez. Tomado de 80 Grados.