Los partidos políticos no son eternos. Nacen en algún momento histórico con el ánimo de agrupar personas con pensamientos coincidentes y anhelos compartidos de cambio social. Algunos mueren rápidamente, pues el mismo proceso político les demuestra que no cuentan con suficiente respaldo popular para su continuidad. Otros perduran a mediano o largo plazo. Pero aun estos últimos eventualmente languidecen y se extinguen.

En Puerto Rico hemos tenido partidos cuya presencia en la vida pública ha sido hegemónica por muchos años; por ejemplo, el Partido Unión de Puerto Rico. Este nació en 1904 y dominó la escena política por dos décadas. Pero, murió cuando sus afanes políticos dejaron de estar alineados con las condiciones políticas del país, que, por supuesto, fueron cambiando con el correr de los años.

Hubo de pasar un tiempo hasta que volviera a surgir un partido cuya fuerza y duración en nuestra escena política rivalizara, inclusive superara, la del Partido Unión. Me refiero al Partido Popular Democrático. El PPD se creó en 1938 y pervive. Pero su presente no es igual a su pasado. Desde que un cisma interno le hizo perder las elecciones en 1968 frente al recién creado Partido Nuevo Progresista, su fuerza e influencia ha ido disminuyendo gradualmente. Tanto, que ya no gana elecciones sólo con su membrecía; tiene que recurrir a votantes periféricos de PNPs disgustados, y electores independientes. Nadie disputa que en las pasadas elecciones de 2012, el PPD no hubiese ganado sin ese voto de electores ajenos al partido.

Qué ha provocado el debilitamiento del PPD? No ha sido un solo factor sino varios. El partido nació, creció y se fortaleció bajo el liderato de un hombre de gran sensibilidad pública, carismático y, sin duda, caudillista: Luis Muñoz Marín. La separación voluntaria de Muñoz del mando del PPD en 1964 –al menos a nivel público– expuso al partido a la inevitable erosión que producen las luchas internas por el poder y el control intrapartido que siempre ocurre cuando no hay un claro centro de poder establecido. La estabilidad del mando llegó eventualmente bajo Rafael Hernández Colón.

Pero con Hernández Colón también llegó un revertir ideológico que gradualmente transformó al PPD en uno menos orientado a las grandes causas de reivindicación social: lucha contra la pobreza, igualdad social y protección para los trabajadores y grupos sociales más necesitados, progreso económico con propósito social, educación pública que rebasa lo utilitario y procura elevar al ser humano a nuevos estadios de cultura y civilización. No es que estas cosas ya no son de interés para el PPD, por supuesto que lo son. Pero se plantean como consecuencia de un progreso económico individualista, con una economía de mercado que no necesita operar con arreglo a explícitos objetivos de bienestar social sino para su propio beneficio.

Luego de establecido el Estado Libre Asociado en 1952, el PPD ejerció su limitado y recién obtenido espacio autonómico con buenos resultados. Masificó la educación pública, secundaria y post-secundaria, elevó los niveles de salud pública, levantó la infraestructura del País y modernizó su economía moviéndola de una agrícola a una industrial. Pero gran parte de su obra la hizo subsidiando, directa o indirectamente, a las grandes empresas extranjeras que se establecieron en la Isla atraídos por condiciones contributivas y laborales muy favorables para ellas, mas, en el largo alcance, no tanto para Puerto Rico. Buena parte de nuestro Producto Interno Bruto revierte al extranjero –más de $30,000 millones anuales– y nuestra economía queda determinada por los intereses de empresarios y accionistas que no viven aquí.

En el siglo pasado, a mediados de los años 70, la economía comenzó su debilitamiento progresivo sin que se hayan superado las causas que lo provocan. Para contrarrestar recurrimos a cuatro estrategias, no necesariamente como resultado de un diseño deliberado: el alto nivel de transferencias federales, que hoy suplen 22% del presupuesto general; el endeudamiento público para sufragar gastos operacionales del gobierno; la dependencia en la manufactura al amparo de la sección 936 del Código de Rentas Internas de los EEUU, ya derogada por el Congreso; y la emigración hacia EEUU, al punto de haberse reducido nuestra población.

El problema radical de nuestra economía es que ha perdido capacidad productiva pues sus agentes más activos lo constituían empresas extranjeras, principalmente estadounidenses, que hoy se ubican preferiblemente en otras latitudes. La preferencia por Puerto Rico se perdió porque las empresas que operan aquí deben satisfacer todo el andamiaje normativo federal y los altos costos de operación en Puerto Rico sin tener ya el beneficio de exención contributiva federal y un acceso privilegiado al mercado estadounidense, como ocurría en el pasado. Ese acceso se perdió a medida que el comerció internacional favorecía el libre comercio global. Hoy EEUU tiene acuerdos de libre comercio con más de un centenar de países, dando a todos accesos fáciles a su mercado.

Si Puerto Rico quiere superar su problema de incapacidad productiva debe librarse de las fuerzas que se lo impiden. Estas tienen su origen en el sistema político y jurídico en el que está obligado a funcionar. Es decir, tiene que cambiar su estatus político colonial.

La estadidad no es la solución, pues no añadiría nada que ahora no tenemos. Por el contrario, nos dejaría inmersos en el mismo sistema de leyes, normas y reglamentos federales que ahora nos ahogan. Y, por qué no ahogan a los estados? Ellos pueden con su sistema porque está diseñado por ellos y para ellos. Sus economías se forjaron y fortalecieron paulatinamente, en un proceso centenario y en unos contextos geográficos, políticos, militares y económicos que les favorecieron. Nuestros puntos de partida son diferentes y diferentes también son nuestras condiciones económicas presentes. Si se nos continúa obligando a operar dentro del sistema federal, no podremos recuperar.

Lo que necesitamos son poderes soberanos. Con ellos podremos trabajar en dos frentes. Internamente, libres de la Cláusula de Comercio Uniforme federal, podremos iniciar un programa efectivo de sustitución de importaciones. Externamente, podremos negociar tratados de comercio con otros países que nos resulten beneficiosos y estimulen el desarrollo de una industria nativa de exportación. Por supuesto que también podremos negociar condiciones favorables para atraer inversionistas extranjeros, incluyendo a los estadounidenses.

La alternativa, entonces, es salirnos de la camisa de fuerza federal y hacer lo que los mismos americanos hicieron hace cientos de años, librarnos de las amarras del coloniaje y ejercer los poderes soberanos que por derecho natural nos corresponden. Lo podríamos hacer vía la independencia tradicional, pero hay una tercera vía que lograría apoyo popular significativo, la del ELA Soberano. Esta es una propuesta de de gobierno propio no colonial, en asociación con EEUU, que se enmarca dentro de lo que en Derecho Internacional se denomina 'libre asociación'.

Y ahí está el problema para el PPD. A pesar de que la alternativa del ELA Soberano debiera ser ideológicamente atractiva al partido, porque es afín a sus orígenes soberanistas, un sector importante de su liderato se resiste al cambio y actúa como fuerza retardatoria contra aquellos populares que, más a tono con la realidad política de nuestro país, se declaran por el ELA Soberano.

Pero, consistente con su juego electoral de doble discurso, en la pasada campaña política el PPD se comprometió con propulsar una Asamblea Constitucional de Estatus (ACE) si el gobierno federal no propiciaba un proceso legítimo de autodeterminación. Sin embargo, el alto liderato del PPD realmente no quiere eso porque no desea cambio de estatus. Si lo endosó fue solo porque sintió que debía hacerlo para ganar los votos de los soberanistas no populares, la mayoría de los cuales son votantes independientes.

Tal vez el liderato del PPD pensó que lidiaría fácilmente con la situación llegado el momento. Después de todo, en el pasado siempre les ha sido sencillo acallar a los soberanistas en su seno, a los que despectivamente denomina 'las plumitas liberales'. Y para los que no son populares, sería cuestión de blandir el discurso puertorriqueñista para retener sus simpatías. Pero esta vez hay un elemento nuevo en la ecuación. En el pasado plebiscito de 2012, el pueblo enfáticamente rechazó al ELA territorial y la alternativa de ELA Soberano obtuvo un respaldo contundente de los populares, aun cuando la posición oficial del PPD fue desfavorecerlo. Esa votación fortalece a los soberanistas populares y debilita al liderato inmovilista del partido. Eso es bueno para Puerto Rico, pero pone al PPD en peligro de escisión si no logra manejar la situación con acierto político.

El PPD tiene tres opciones:

1) Opta por insistir en un ELA Mejorado, diferente al ELA Soberano. Es decir, un ELA que añade algunas competencias de gobierno propio pero deja intacta la preeminencia del Congreso sobre nuestro sistema político y legal. Eso es lo que prefiere el alto liderato, pero le presenta dos problemas. Uno, que el gobierno federal –Ejecutivo y Legislativo– se ha decantado en contra de viabilizar esa alternativa. Otro, que le pondría frente al grupo de soberanistas populares, que después de ver el apoyo electoral por el ELA Soberano en el plebiscito pasado, ya no aceptan actuar como 'plumitas'. Ir a una ACE con esa doble visión de estatus sería absurdo. La división del partido estaría asegurada.

2) Opta por defender el ELA Soberano y va como grupo unitario a una ACE. Eso le restará algunos votos del sector inmovilista del PPD que, disgustados, podrían abandonar al partido. Pero le puede allegar al grupo de soberanistas no comprometidos con partido alguno. La pregunta es si en la suma neta, gana o pierde. Aun perdiendo más votos de los que gana, el partido se tornaría en uno más homogéneo y sólido desde el punto de vista ideológico. Eso le convertiría en un partido de verdadera opción frente al PNP. En este momento su parecido ideológico con éste en asuntos de economía, política social y administración gubernamental es demasiado pronunciado. El problema aquí es que esto lo tendría que decidir el PPD antes de convocar a una ACE, para que no afloren las contradicciones. No haberlo hecho hasta ahora, denuncia su resistencia a enfrentarse a un desiderátum interno crucial. Denota el dominio de la facción inmovilista que intuye la imposibilidad de prevalecer, si la decisión se somete a la voluntad mayoritaria de la colectividad.

3) Opta por evadir la discusión del problema del estatus. Eso significa cero plebiscito y cero ACE. La pregunta es cómo hacerlo sin parecer que se retracta de su compromiso programático de atender el problema del estatus proactivamente. En un artículo periodístico el 'ideológo' del sector inmovilista, José Alfredo Hernández Mayoral, ya insinuó lo que podrían hacer: aprobar un referendo para que el pueblo decida si favorece o no la ACE. Dada la división política que reina en nuestra sociedad no sería improbable que el pueblo la rechace, porque no la entiende bien. Eso le daría la salida al PPD para no enfrentar su deber histórico de contribuir a nuestra descolonización y quizás le dé un poco de aire para ir a las próximas elecciones sin haberse confrontado directamente a su sector soberanista. Sospecho que esa será su salida, pero como quiera quedaría la semilla de la ruptura.

Como señalé al principio, todos los partidos nacen y eventualmente mueren. Así ocurrirá inexorablemente con el PPD, no importa lo fuerte que haya sido en el pasado. La pregunta relevante es cuándo sucederá? Mi contención es que no importa qué decisiones tome ahora el PPD su debilitamiento electoral es evidente. Ese debilitamiento puede tener una de dos consecuencias: lleva a su ruptura permanente o a una realineación de fuerzas electorales sobre bases ideológicas más firmes que al presente. La orientación no ambigua del partido hacia una preferencia por la descolonización en el marco del concepto de un ELA Soberano (libre asociación con EEUU), le podría dar fortaleza ideológica y capacidad regenerativa para volver a conquistar una posición hegemónica en Puerto Rico.

El tiempo nos dirá.

*El autor es presidente de la Alianza pro libre asociación (ALAS). Tomado de 80 Grados.