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Supremo delata la manipulación del Gobernador con fecha de firma de ley

El gobernador Alejandro García Padilla. (Envivopr.com)

Oscar J. Serrano
12/06/2013 10:30 pm

Aunque no fue el punto que usaron para resolver la controversia, la mayoría del Tribunal Supremo que fue designada por el exgobernador Luis Fortuño dejó impugnada la credibilidad del gobernador Alejandro García Padilla sobre cuándo fue que de verdad firmó la ley con la que se le cortaba la capacidad al Supremo de considerar ciertos casos.

La palabra del Gobernador quedó directamente cuestionada cuando la mayoría sacó la cronología de cómo se dieron los eventos para la aprobación de dicha ley, la cual se pretendió usar en contra de los auditores de la Oficina del Contralor que demandaron por los efectos de la Reforma de Retiro.

 

Esta cronología es importante porque los abogados del gobierno la usaron para argumentar que el Supremo no podía considerar de manera directa la demanda de los empleados, ya que los empleados hicieron la solicitud un día después de que entrara en vigor la ley que prohibía al Supremo considerar los casos de manera directa, sin esperar por decisiones de tribunales inferiores.

El propio Supremo determinó ayer que la ley que limitaba sus facultades es inconstitucional y, al hacerlo, consignaron la siguiente cronología la cual describieron como "asombrosamente reveladora":

-el proyecto del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, que limita las facultades al Supremo (367) fue presentado el 8 de febrero de 2013

-la demanda de los auditores de la Contraloría que impugnó la Reforma de Retiro fue presentada el 8 de mayo y el gobierno fue emplazado el 9 de mayo

-el día después, viernes 10 de mayo, la comisión a cargo del proyecto 367, que no lo había tocado en tres meses, celebró una vista ejecutiva y ese mismo día radicó un informe recomendando la aprobación de la medida

-el lunes 13 de mayo se aprueba en el Senado y se remite a la Cámara

-la noche del 14 de mayo, "mientras el Pueblo dormía", la Cámara aprobó la medida

-el 15 de mayo los presidentes legislativo la firman y la mandan a Fortaleza; del emplazamiento al envío al Gobernador habían pasado sólo cuatro días

"La trama de lo que se convirtió en la Ley Núm. 18 se complica aún más con lo ocurrido en la Oficina del Gobernador", indica el Supremo al señalar que el proyecto apareció en los registros oficiales como la Ley Núm. 18 el día 17 de mayo. Sin embargo, los abogados del gobierno dijeron al tribunal que el gobernador la firmó el 15 de mayo. ¿Por qué esto es crucial? Porque entre el 15 y el 17 de mayo, el día 16, los demandantes habían presentado en el tribunal una solicitud para que el Supremo considerara directamente su demanda, que es precisamente lo que la Ley Núm. 18 prohibía.

Para ensombrecer aún más la postura de que la ley fue firmada el 15, el Supremo recalca que otro proyecto de ley distinto apareció como la Ley Núm. 18 antes del 17 de mayo. "De hecho, por un tiempo, aparecían dos leyes número 18", subrayó el Alto Foro.

Pero un elemento adicional le aprieta la soga en el cuello del Primer Ejecutivo: el día 16 de mayo, mismo día en que los demandantes solicitaron la intervención directa del Supremo y un día después de la supuesta firma de la ley, el propio Gobernador, en una carta de su puño y letra, le dijo al Juez Asociado Luis Estrella que le daría "seria consideración a sus argumentos en torno" al proyecto 367. Esto porque Estrella le había envíado una carta al Gobernador en la que le argumentaba en contra de la aprobación del proyecto.

Así que, por un lado, los abogados del gobierno le dijeron al tribunal que el proyecto se convirtió en ley el 15 de mayo, y, por el otro, el Gobernador le dijo al juez Estrella, con copia a todos los demás jueces, el día 16 que tomaría en consideración sus argumentos al evaluar el proyecto.

De hecho, es pertinente notar que el abogado del gobierno es Rafael Escalera, recién nombrado por el Gobernador como miembro de la nueva Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.

Este tracto llevó a que la mayoría del Supremo concluyera que lo que realmente sucedió fue que "ante la posibilidad de que los peticionarios presentaran una petición de certificación, y sumidos en un aparente pánico al prever la posible intervención de este tribunal en este caso, así como en otros casos de interés publico, la Asamblea Legislativa aprobó una legislación de encargo dirigida a evitar la revisión judicial en etapas interlocutorias en estos casos pendientes ante los tribunales de Puerto Rico".

La "certificación" es el nombre formal del mecanismo mediante el cual el Supremo puede considerar los casos de manera directa sin esperar por una decisión, ni desfile de prueba, en tribunales menores.

Pero, en un giro, y después de los sablazos a la credibilidad del Ejecutivo, la mayoría decidió que "resulta innecesario dilucidar el enigma de la fecha de aprobación de la Ley Núm. 18", porque la estaban declarando inconstitucional sobre otras bases.

Vea también:

Empleados de la Contraloría presentan demanda por Reforma de Retiro (documento)

Apuntan a manipulación de firma del Gobernador para afectar demanda de Retiro


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